“Si no paramos el recuento (de la elección de 2000 en Estados Unidos), mi temor
es que tarde o temprano tengamos un
ganador”. David Letterman
Quiero explicar mi posición, apenas esbozada en mi artículo de ayer, de apoyar la apertura de los paquetes electorales y el recuento de los votos. Hay dudas justificadas de la legalidad de esta medida, pero estoy convencido que sería lo mejor para el país.
Al contrario de Andrés Manuel López Obrador y de su gente, no me inclino por el recuento debido a que tenga dudas sobre la limpieza de la elección. De hecho, conforme ha avanzado el tiempo y he tenido oportunidad de analizar las inconformidades y las pruebas del supuesto fraude, más convencido he quedado que la elección fue limpia y legítima.
Pero es evidente que si se ratifica el triunfo de Felipe Calderón sin que se haga ese recuento, López Obrador y sus simpatizantes mantendrán a la sociedad mexicana como rehén durante todo el próximo sexenio.
Hay buenas razones prácticas y legales para objetar el recuento. Para empezar, es un peligroso precedente que los mexicanos cedamos ante el berrinche de López Obrador. Esto podría llevar a todo candidato perdedor en el futuro a exigir un recuento a través de manifestaciones, bloqueos y amenazas.
Otra objeción es que el recuento, el cual tendría que llevarse a cabo en los consejos de distrito, violaría el principio de que en México son los ciudadanos, y no los funcionarios del Gobierno o del IFE, quienes cuentan los votos. Una historia de fraudes electorales hizo que los legisladores -entre ellos los del PRD- insistieran en la opción ciudadana cuando se promulgó el actual Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, el Cofipe. Volver al conteo por funcionarios sería tanto como regresar a los tiempos en que el secretario de Gobernación presidía el sistema electoral y los funcionarios priistas decidían al ganador.
La más importante de las objeciones, sin embargo, es que la Ley no contempla específicamente más conteo de votos que el que llevan a cabo los ciudadanos en las casillas.
La realidad política, sin embargo, es que acabamos de vivir la elección más cerrada en la historia del país. La distancia entre el ganador y el segundo lugar es de apenas 0.58 por ciento de los sufragios. Si bien no hay, a mi juicio, elementos para suponer que ha habido un fraude generalizado, como plantea López Obrador, no hay duda que nuestro sistema está particularmente abierto a la comisión de errores.
El simple hecho de que quienes cuentan los votos y llenan los formularios sean ciudadanos comunes y corrientes, muchas veces con una instrucción deficiente o inexistente, abre las puertas a equivocaciones importantes. Éstas quizá no son relevantes en una elección que se decide, como la de 2000, por más de dos millones de votos. Pero cuando la diferencia es de apenas 244 mil, quizá sí sea sensato y justo hacer un recuento para garantizar que se cumpla el principio fundamental de la democracia: que debe ganar quien haya recibido el mayor número de votos.
No hay precedentes jurídicos para ordenar el recuento de votos de una elección mexicana. Pero el Tribunal Electoral sí tiene la facultad de ordenarlo si considera que de esta manera se puede garantizar el cumplimiento de los requisitos de equidad y certeza que deben tener unos comicios.
Es obvio que no tenemos ninguna seguridad de que López Obrador vaya a aceptar el resultado una vez que se recuenten los votos. Él y su gente ya habían prometido con anterioridad que lo harían, aun cuando perdieran por un solo voto, pero no lo hicieron. Hoy afirman que aceptarán si se cuentan los votos, pero es posible que desconozcan esta promesa como lo hicieron con la anterior.
Sin embargo, el respaldo popular que hoy tiene el movimiento de López Obrador seguramente se desplomaría si éste pierde el recuento y no reconoce el resultado. El candidato del PRD ha logrado convencer a muchos de los 14.8 millones de mexicanos que votaron por él que sus sufragios han sido anulados por un fraude. Éste no sería el caso si insiste en que ganó después de un recuento.
Las encuestas nos dicen que muchos mexicanos, aun aquellos que no creen la historia del fraude, están de acuerdo en que se haga el recuento. Y es lógico. Muchos queremos que gane el candidato que haya obtenido más votos. Pero si bien hay razones para pensar que ése es el que quedó en primer lugar en el PREP y en el conteo de actas, aun después de que se abrieron y recontaron tres mil 200 paquetes electorales en los consejos de distrito, quizá valga la pena dedicarle dos semanas más al recuento y no sufrir seis años de un chantaje político constante por un presunto fraude.
EL 88 Y EL 2006
No deja de ser paradójico que entre quienes se quejan del fraude de 2006 y quienes dicen que esta elección es tan sucia como la del 88, estén Manuel Camacho Solís, secretario general del PRI en ese año; Marcelo Ebrard, su operador político; Arturo Núñez, representante del PRI ante el Consejo Federal Electoral; Ricardo Monreal, electo por primera vez diputado por el PRI en 1988; y Manuel Bartlett, secretario de Gobernación y presidente del Consejo Electoral en esa controvertida elección.
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