A un mes de los comicios que determinarán el rumbo de nuestro país para los próximos años, los mexicanos tenemos la disyuntiva de mantener el rumbo gradual, por cierto lento y a veces desesperante hacia la democracia plena o volver al autoritarismo que privilegia los intereses del Estado sobre los de la sociedad.
En tal escenario y ante la perspectiva de perder las elecciones, el binomio priista-perredista apuesta al fracaso del proceso electoral y amenaza celebrar una alianza que impugne los resultados, so pretexto de que el presidente de la República ha hecho de éstas unas elecciones de Estado, al apoyar al candidato del Partido Acción Nacional Felipe Calderón.
De acuerdo a las críticas, se considera indebido que el presidente Vicente Fox, haga propaganda de lo que considera son logros y aciertos de su gestión y denuncie al populismo como conjunto de políticas de Gobierno que en el pasado llevaron a México a la postración económica mediante crisis recurrentes, cuyo costo aún no acabamos de pagar.
Las críticas al presidente son infundadas, porque si el resultado de la elección depende del balance que hagan los ciudadanos tanto del Gobierno actual como del desempeño de la Oposición en los últimos seis años, estaremos frente al ejercicio de un voto razonado y en tal caso, es lógico que Felipe Calderón reciba el premio o castigo que merezca la gestión del Gobierno foxista. Ahora bien, como los detractores de Fox estiman que se han hecho mal las cosas, deberían esperar un efecto contraproducente del apoyo que el discurso presidencial pudiera significar para el abanderado del PAN.
Lo cierto es que la postura presidencial hace mella en el ánimo de los electores, porque la Oposición ha escatimado al país las reformas legales que se requieren para acceder a la modernidad en temas tan importantes como el laboral, el fiscal, el energético, etcétera. El propósito ha sido llevar al fracaso al Gobierno de la alternancia, con fines que se concretan en la búsqueda del poder por el poder en sí mismo, anteponiendo los intereses de partido o facción, sobre el bien común de la sociedad mexicana.
En todo caso el presidente de la República es un protagonista importante y activo de la vida nacional, por lo que resulta insensato pensar que deba callar en medio de un debate sobre el futuro de México, en el que campean argumentos en pro o en contra de las políticas públicas instrumentadas por el actual Gobierno Federal.
Quienes exigen al presidente que se calle, van de un extremo a otro, porque durante décadas se postraron frente al ejercicio del poder omnímodo del ejecutivo en una monarquía sexenal de hecho, que hoy ellos mismos se esfuerzan por regenerar corregida y aumentada, en función de un radicalismo de izquierda que pese a lo que se diga es peligroso.
Es falso que el actual proceso pueda considerarse una elección de Estado, porque contrario a lo que ocurría en el antiguo régimen ninguno de los candidatos debe su participación al presidente; el Instituto Federal Electoral es un árbitro autónomo y existe un sistema de medios de comunicación que como nunca, es independiente del Gobierno.
Las estructuras burocráticas del viejo partido de Estado han fragmentado sus preferencias y los gobiernos locales y los grupos políticos regionales responden a sus propios intereses, que en algunos casos ni siquiera coinciden con los de los partidos bajo cuyos colores militan. A ello se debe que respondiendo a la alternativa de regenerar el viejo sistema o impulsar la vía a la modernidad, el PRI se desintegre en varias vertientes y por ejemplo, el gobernador de Sonora Eduardo Bours y el senador Manuel Bartlett ambos de extracción priista, muestren sus simpatías por el candidato del PAN y del PRD respectivamente.
El riesgo no concierne a que la presente sea o no una elección de Estado, sino que quienes resulten perdedores sean capaces de aceptar el resultado de las votaciones o por el contrario, opten por sabotear el proceso, descarrilar el tren de la modernidad y generar una vuelta al pasado.
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