¡Ahí viene el coco!
¿Se acuerda usted que en octubre del año pasado el Seguro Social y su sindicato pactaron la creación de una comisión mixta que evaluara, de cara a las finanzas del organismo, el impacto de la aspirina con que se intentó detener el cáncer que representa el colosal faltante de reservas para jubilaciones y pensiones?
¿Recuerda que ésta ofrecería un primer balance a los seis meses de constituída, planteando en tal caso nuevas alternativas para profundizar las salidas?
Bien, pues agotado el plazo no hay ningún documento en la mesa? considerando que ninguna de las partes ha movido un dedo para hacer valer el compromiso.
Se diría que se trató sólo de salir del paso.
Peor aún, hete aquí que en la perspectiva el remedio resultó peor que la enfermedad, dado que lejos de contraerse el formidable boquete, éste se ha ensanchado en su proyección actuarial.
La razón es simple: para evitar una eventual huelga en el organismo, éste aceptó una fórmula bajo la cual los trabajadores de nuevo ingreso están subsidiando las pensiones y jubilaciones de los activos.
Lo dramático del asunto es que en la perspectiva no hay señal alguna que pudiera alentar la esperanza de un acuerdo con el sindicato para intentar alguna medicina más drástica? dado el temor del gobierno de hacer más olas entre los trabajadores en plena efervescencia electoral.
¿Se imagina lo que representaría para la esperanza foxista de dejarle la silla a su delfín una nueva movilización del combativo Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social?
Lo peor del caso es que las señales apuntan a que tras el final de la gestión del actual secretario general, Roberto Vega Galina, prevista para octubre, la dirigencia caería en manos más radicales.
De hecho, se espera éste pida licencia un mes antes, justo cuando asuma la senaduría de partido a que lo postuló el Partido de la Revolución Democrática (PRD)? para evitar que el proceso electoral se contamine con la revisión contractual anual que se realiza en octubre.
¿Y usted cree que para entonces pudiera negociarse un esquema que modifique el régimen de jubilaciones y pensiones previsto en el Contrato Colectivo para los 360 mil trabajadores activos del Instituto?
Lo curioso del asunto, frente el crucigrama que enfrenta el gobierno, es que cuando la Secretaría del Trabajo tuvo en sus manos la posibilidad de sacar de la jugada a Vega Galina, dejó parar olímpicamente la coyuntura.
El waterloo para el dirigente llegó el 13 de julio de 2004, cuando un grupo de trabajadores disidentes, en alianza con sindicalistas de la capital y el Estado de México, presentó una demanda de destitución ante la Comisión de Honor y Justicia, acusándolo de "malos manejos y traición".
La acusación concreta, en este último caso, era que Vega Galina había firmado con el Seguro Social, a espaldas de los trabajadores, un convenio para modificar el régimen de jubilaciones y pensiones en el Contrato Colectivo de Trabajo, a contrapelo del artículo 137, fracción VI de los estatutos del sindicato, que prohíbe a la letra "la celebración de acuerdos privados con la empresa que perjudiquen a la colectividad".
Adicionalmente, se acusaba al secretario general de incluir en la estructura de la dirigencia sindical a personas ajenas a éste, entre ellas Héctor Ulises García. Más aún, se exhibía un documento de la Secretaría del Trabajo en que negaba la toma de nota a cinco nuevos dirigentes, argumentando que las carteras no estaban contempladas en el ordenamiento interno.
Por si le faltara un pelo al gato, se acusaba a Vega Galina de encubrir y proteger al ex secretario general del sindicato, Fernando Rocha Larráinzar, presuntamente involucrado en una malversación de fondos sindicales por 200 millones de pesos, además de la pérdida total del fondo de resistencia.
El caso es que el 26 de septiembre de ese año el presidente de la Comisión de Honor y Justicia, Armando Ovalle Zavala, anunció el desconocimiento de Vega Galina y ocho miembros de su Comité Ejecutivo? sin que la sanción tuviera eco en la Secretaría del Trabajo, quien se concretó a señalar que "ha sido y será respetuosa de la vida interna de las organizaciones sindicales".
De hecho, la dependencia cerró los ojos cuando se destituyó a éste y al secretario de la propia Comisión de Honor y Justicia, Jorge Gómez Corona "por excesos y traición".
El punto final del episodio llegó cuando Armando Ovalle y la totalidad de los integrantes de la comisión que presidía fueron inhabilitados para participar en el sindicato, como preámbulo para su expulsión, decretada ésta en un Consejo Nacional Extraordinario? cuya figura no existía en los estatutos.
Lo curioso del caso es que bajo un escenario similar, incluso con la sospecha de irregularidades en el procedimiento, como el haberse falsificado la firma de un integrante de la Comisión de Honor y Justicia, la Secretaría del Trabajo le dio la toma de nota rápidamente a la destitución de Napoleón Gómez Urrutia como dirigente del Sindicato de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana.
¿Alguién se sigue dando de topes contra la pared?
Balance general
La noticia es que el presidente de la Confederación de Cámaras Industriales, León Halkin, está abriendo sus cartas como aspirante a suceder a José Luis Barraza como presidente del Consejo Coordinador Empresarial.
La intención es presentarse como candidato de unidad, en un escenario en que hasta hoy no existen más aspirantes que hayan levantado la cabeza.
Ahora que entre el dicho y el hecho hay un obstáculo: que el dirigente de la Concamín logre resolver sin pataleos la sucesión en la propia cúpula industrial, en cuya pelea están al menos seis aspirantes.
Como usted sabe, tanto Halkin como el propio Barraza lograron que se aceptara alargar sus respectivas gestiones hasta julio o agosto próximos, según ello para no cambiar el empresariado de interlocutores en pleno proceso de sucesión presidencial.
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Incontenible en su venganza contra el presidente del Grupo Industrial Minera México, Germán Larrea Mota Velasco, a quien ubica como uno de los autores intelectuales de la negativa de la Secretaría del Trabajo de reconocer su ratificación como secretario general del Sindicato de Trabajadores Mineros Metalúrgicos y Similares, Napoleón Gómez Urrutia hizo estallar la tercera huelga entre filiales de la firma.
El turno ahora fue de una planta productora de cobre localizada en Agua Prieta, Sonora.
Hace unos días hubo acciones similares en plantas ubicadas en Sombrerete, Zacatecas, y en Nacozari, Sonora.
El común denominador de los movimientos es la negativa de la empresa a reconocer a Gómez Urrutia como interlocutor para negociar la revisión del contrato Colectivo de Trabajo, en un escenario en que sus representados, además de un incremento salarial, piden mejorar las condiciones de seguridad e higiene de las plantas, además de exigirse un mantenimiento adecuado de los equipos y la reducción de emisiones dañinas para el medio ambiente.
El paro afecta a dos mil 500 trabajadores.
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Lo cierto, por más que pudiera ser aplaudible la medida, es que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes se tardó cuatro años en suspender las operaciones de la empresa aérea Aerocalifornia, cuya insolvencia era más que evidente.
La firma encabezada por Raúl Aréchiga le debía a Aeropuertos y Servicios Auxiliares el pago de combustibles de un año; la renta de los hangares que ocupa en el aeropuerto "Benito Juárez" de la ciudad de México por tres, y aún el entero del TUA, es decir la tarifa por uso de sus terminales.
Incapaz, pues, de hacer frente a sus gastos mínimos, era evidente que la firma no estaba atendiendo el mantenimiento de su raquítica flota.
¿Más vale tarde??
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