Aunque las denuncias en la mesa sobre amenazas de muerte contra la representante de los damnificados del poblado ?El Hospital? y su esposo no apuntan hacia ningún presunto responsable, la empresa alemana fabricante de productos químicos Basf se deslinda del asunto.
?Rechazamos categóricamente -señala a la letra la firma acusada de provocar daños irreversibles al equilibrio ecológico que afectan la salud de 100 familias de la comunidad de Morelos- cualquier información que meta a Basf en un contexto de amenazas de muerte o agresión física contra personas?.
Como le informamos en su momento, la abogada Myredd Alexandra Mariscal Villaseñor fue amenazada telefónicamente para dejar el caso ?o se la iba a llevar la??, en tanto el vehículo de su marido fue interceptado en la carretera México-Cuernavaca por dos empistolados, quienes advirtieron con hacer daño a la mujer ?si no dejaba de estar chin??.
La profesional había repuesto una queja ante la Comisión para el Desarrollo Ambiental creada bajo el paraguas del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, ante la inaudita indolencia de las autoridades mexicanas para atender lo que se califica de problema de salud pública derivado de la presencia en la zona de una planta de pigmentos químicos de la empresa alemana, asentada de 1973 a 1997.
Textualmente, la querella habla de graves afectaciones por contaminación de metales pesados que ha provocado casos de saturnismo y retraso mental derivados de la exposición de plomo y cromo.
El caso es que a juicio de Basf las acusaciones carecen de fundamento, dado que no hay contaminación en el suelo, subsuelo, aguas subterráneas y edificaciones que se localizan en la ex hacienda, por tanto no existe un problema de sanidad pública? según sus propios estudios. Así de fácil.
En prenda de su aserto, la firma habla de que en mayo de 2002 y julio de 2003, es decir cinco años después de cerrar la planta instalada en el casco de la ex hacienda de Nuestra Señora de la Concepción, la Comisión Federal para la Protección de la Salud realizó un muestreo de sangre entre los habitantes del poblado aledaño para detectar niveles de plomo elevados, revelándose que ?no hay un problema de salud pública provocado por las actividades de producción basadas en Basf?.
Más allá, se aduce que la firma alemana realizó un estudio ambiental en 2006, cuyo resultado se entregó a la Procuraduría Federal de Protección Ambiental, en el que se concluye que ?no había impacto ambiental en la ex hacienda ni en sus alrededores, ocasionado por la empresa que pudiera representar un peligro a la salud de la comunidad?.
Adicionalmente, Basf presentó ante la Comisión Nacional del Agua el 22 de junio de 2002 su informe final de cumplimiento, con lo cual la dependencia concluyó que ?no se alteró la calidad del agua ni los sedimentos del arroyo Espíritu Santo?, por tanto ?eximió a la compañía germana de toda responsabilidad en materia de contaminación hídrica?.
De acuerdo al expediente en manos de la Comisión trilateral, Basf había instalado dos salidas de drenaje clandestinas con cauce al arroyo que ingresaba al poblado y hacia el canal de riego que alimentaba a 40 hectáreas de cultivo.
Sin embargo, se reconoce que debió hacerse una limpieza con estándares superiores a las normas internacionales, tras de la cual la Dirección General de Inspección de Fuentes de Contaminación de la Procuraduría del Medio Ambiente dio por concluídos los trabajos de restauración ambiental de la zona? por más que se acepta que sigue pendiente la limpieza industrial de la granja de la ex hacienda, culpándose de ello a los obstáculos interpuestos por su dueño, Roberto Abe.
En el alegato de descargo se aduce también que éste no pudo probar en los tribunales sus acusaciones por supuesta contaminación, por lo que el juez de la causa (expediente 202/2001) ?absolvió a Basf Mexicana, Química Knoll de México, Basf Aktiengesellschaft y Basf Handela-Und Export, de todas y cada una de las prestaciones reclamadas?.
Textualmente se aduce que la sentencia confirma que ?no existe contaminación en el suelo, subsuelo, aguas subterráneas, edificaciones y cimentaciones de la ex hacienda?. Más aún, el querellante fue condenado a pagar los gastos y costas del juicio, cuyo monto alcanza 66 millones de pesos.
Finalmente, se señala que durante un periodo que corrió de octubre de 1999 a julio de 2002 la compañía ?logró llevar a cabo la limpieza de la planta, con lo que cumplió con todo lo requerido por las autoridades?. El hecho es que en 2002 Basf debió enviar a un confinamiento de residuos peligrosos ubicado en Mina, Nuevo León, 11 millones 800 mil kilogramos de suelo contaminado.
El hecho es que en su fase de mudanza la empresa le regaló plataformas, tambos, varillas, tarimas o cascajo contaminado a los habitantes de la población aledaña a su factoría, que algunos ocuparon para cimentar ampliaciones de sus viviendas. El hecho es que en un destello de presencia la autoridad ambiental mexicana le aplicó a la empresa germana una multa de un millón 872 mil pesos? contra la que se amparó.
¿Blanca palomita?
Balance general
Lo cierto es que el efecto devastador del huracán Wilma le está costando a las empresas aseguradoras más dinero que la totalidad de los macrosiniestros ocurridos durante los últimos 35 años, incluído el terremoto de 1985 y la explosión de la terminal del gasoducto de Pemex en San Juan Ixhuatepec.
La redención total de las pólizas a favor de hoteleros, restauranteros y propietarios de casas-habitación en Cancún, Cozumel e Isla Mujeres, se estima en mil 780 millones de dólares? frente a los 260 pagados a los afectados por el sismo de hace 31 años, o los 90 a las empresas destruídas por el desastre en San Juanico. De hecho, la catástrofe natural más costosa que se recuerda fue provocada por el huracán Gilberto, cuyo costo alcanzó 460 millones de dólares.
Le siguen el huracán Isidore, con 280; el Stan con 160; el Juliette, con 80, y el Paulina, con 50.
Ahora que en el recuento están el desplome del satélite Solidaridad, cuyos daños se calcularon en 206 millones de dólares; el incendio en el pozo petrolero Cactus, cuyo costo ascendió a 133 millones, además del que afectó el complejo petroquímico Pajaritos, cuya factura alcanzó 109 millones.
_______________
Pues ahora resulta que en revancha, o tal vez venganza por la inversión de las grandes cadenas mercantiles en el negocio bancario, las instituciones de crédito están pensando seriamente en abrir? ¡centros comerciales!
El negocio redondo, naturalmente, sería incentivar el pago con tarjetas de crédito propias.
La autorización respectiva, por lo pronto, ya la tramitan al menos tres de los bancos grandes ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. De otorgarse ésta el camino estará allanado para que Wal Mart retire de sus tiendas los cajeros automáticos de bancos comerciales al momento de operar como uno de ellos.
La pelea, pues, se pone caliente.
_______________
La policía ministerial de Veracruz detuvo al director adjunto de Marina Mercante de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Raymundo Mata Contreras, a quien se acusa de malversación de fondos de la Orden de Capitanes y Pilotos Navales de la República Mexicana, durante los dos años en que fue su dirigente.
La acusación concreta habla de disposiciones indebidas de dos partidas de 143 mil pesos y 434 mil dólares. El asunto se complica, dado que el cargo que ostenta el acusado, bajo el cual firmó infinidad de oficios, no existe en el organigrama de la dependencia encabezada por César Patricio Reyes Reel.
albertobach@yahoo.com.mx
barrancoalberto@prodigy.net.mx
