Colocados todos los reflectores en el destino final de la reforma a la ley de radio y televisión, se ha dejado de lado otro capítulo toral para el futuro del país que se
discute en el Senado de la República: la ley de desarrollo y promoción de bioenergéticos
Aprobada en diciembre pasado por la Cámara de Diputados, la propuesta plantea ubicar las fórmulas para insertar a México en el uso de energías renovables, ante el dramático agotamiento de los hidrocarburos de origen fósil.
La posibilidad permitiría, en la carambola, un aprovechamiento óptimo de los recursos del campo; una drástica caída de los niveles de contaminación, y la reducción de importaciones de gasolina.
De lo extenso del ramillete habla, por ejemplo, la alternativa de producir biogás a partir de desechos animales y agua residual a partir de residuos sólidos municipales, cuyas 90 mil toneladas diarias que se generan podrían producir hasta 850 megawatts? cuyo costo del combustible sería de dos dólares el kilo.
Más allá de modernizar sus instalaciones de generación de vapor y energía eléctrica, la industria azucarera podría disponer de excedentes de capacidad del orden de mil megawatts. En otro polo, el bagazo de caña ha permitido producir 92 pentajolues, suficientes para generar 76 por ciento del consumo de energía eléctrica de la industria azucarera.
Y si le seguimos, en Argentina se trabaja en un proyecto para obtener biodiesel a partir del procesamiento del girasol; en Sudáfrica se obtiene combustible a través del maíz y la destilación de la caña de azúcar; en Colombia se acaba de legislar para otorgar estímulos a la creación de alcoholes carburantes; en Canadá se procesa el biodiesel a partir de residuos de la industria maderera?
Lo más a la mano para nuestro país, empero, es la posibilidad de producir etanol o bioetanol a partir de la fermentación de productos como la caña de azúcar o la remolacha, en un horizonte en que de acuerdo con la FAO (Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación) México se ubica entre los seis países que acaparan 65% de la superficie cultivada con caña de azúcar en el planeta.
Estamos hablando de 631.2 mil hectáreas, que producen 45.15 millones de toneladas de caña, lo que representa un promedio de 70.4 por cada una de ellas? con la novedad de que en Chiapas se alcanzó ya 90 toneladas, es decir 50 por ciento más que el promedio mundial. En Brasil le ley exige que las gasolinas tengan un mínimo de cinco por ciento de etanol en cada litro, lo que provoca un efecto de oxigenación que reduce drásticamente los niveles de contaminación.
En Colombia la exigencia a partir del año 2003 habla de mezclar tres por ciento, en tanto en Perú se promueve el uso de alcohol anhídrido y biodiesel como biocombustibles para mezclarlos con gasolina y diesel.
Lo cierto es que descubierta una fórmula para producir biodiesel en el Instituto Tecnológico de Monterrey, que en prueba de su eficiencia se utiliza como combustible del vehículo en que se transporta el rector, el producto no ha podido ser industrializado dado su alto costo de producción.
Más aún, en la propia capital de Nuevo León funciona una empresa denominada Biocombustibles Internacionales, que está buscando fórmulas para producir biodiesel y biogás, sin ningún apoyo por parte del gobierno federal.
De acuerdo con la exposición de motivos de la propuesta, cuya aprobación inexplicablemente se ha rezagado, de estimularse las tareas de investigación, en el año 2030 la bioenergía eléctrica podría representar entre siete por ciento y 17 por ciento de la oferta nacional, lo que abatiría hasta 16 por ciento las emisiones de bióxido de carbono. La iniciativa habla de hacer obligatorio el uso de etanol como oxigenante de las gasolinas y como combustible para el transporte público.
Más aún, el uso de la biomasa como fuente de energía permitiría mejorar las economías rurales, reduciendo costos por insumos, con posibilidad de alcanzar la autosuficiencia y aún vender excedentes. Por lo demás, la alternativa busca promover el cumplimiento de las obligaciones internacionales adquiridas por México a la firma del Protocolo de Kioto y la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. ¿Alguien conoce una prioridad mayor?
Balance general
La noticia es que el dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares que reconoce la Secretaría del Trabajo, Elías Morales Hernández, está amenazando con demandar al Scotiabank por haber accedido al traspaso de los 55 millones de dólares que estaban en un fideicomiso a su cargo, hacia una cuenta bancaria a nombre de la instancia de representación laboral.
Estamos hablando de los recursos que entregó el grupo Industrial Minero México a cambio de 5% del capital que le había cedido a los trabajadores de Minera de Cananea y Mexicana de Cobre a la privatización de éstas.
Depositado el dinero a finales de 2004 en un fideicomiso constituido originalmente en 1988 en el Multibanco Comermex, que después sería Inverlat y al fin Scotiabank, éste permitió su salida tres meses después.
Lo cierto es que de acuerdo con los abogados del banco de capital canadiense, éste cubrió a la letra el expediente, dado que el beneficiario del fideicomiso era el propio sindicato minero, quien de acuerdo con las cláusulas pactadas realizaría el reparto correspondiente entre los agremiados, es decir los trabajadores que siguieron en las firmas tras su desincorporación.
Lo demás, dicen, es parte de la grilla.
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Incapaz de ofrecer una explicación coherente frente a su prisa por abrir una nueva convocatoria para el contrato de construcción y operación de la carretera de cuota Querétaro-Irapuato, pese al recurso de reconsideración colocado en la mesa por el Grupo ICA, inconforme con su descalificación en el primer concurso, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ya ideó la forma de darle largas al asunto.
Hete aquí que le está exigiendo a la constructora, para continuar con el trámite, una serie interminable de documentos que según ello reforzarían sus argumentos y ubicarían al tercero perjudicado.
Lo inaudito del caso es que la exigencia habla de 13 copias de cada uno de ellos, lo que obligó a la firma de Bernardo Quintana a comprar todas las existencias de cajas en negocios cercanos.
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Finalmente, Teléfonos de México se decidió a participar en la pelea por la firma estatal de telecomunicaciones de Colombia cuya privatización se anunció hace tres meses.
La empresa de Carlos Slim Domit tendrá que estar en el ring con la Telefónica de España, su más enconado rival en el ámbito latinoamericano; Teléfonos de Venezuela; la empresa estatal local Telecomunicaciones de Bogotá, y la firma Phono I. Las bases de la licitación las adquirió Telmex el martes.
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Ayer en la residencia oficial de Los Pinos se celebró una sesión plenaria de la Alianza México-Canadá, en la que se analizaron avances en seis capítulos: vivienda, ciudades sustentables, capital humano, agronegocios, energía y competitividad. La reunión la encabezó el coordinador de Políticas Públicas de la Presidencia de la República, Eduardo Sojo.
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