Blanco y negro
El punto nodal a donde apunta el respaldo de Televisión Azteca a la iniciativa de reformas a las leyes federales de Radio y Televisión y Telecomunicaciones, cuyo dictamen se aprobará hoy en Comisiones del Senado, se centra en la facultad concedida a la autoridad para cobrar las comisiones.
La lógica de la firma encabezada por Ricardo Salinas Pliego es simple: Si nosotros pagamos un precio altísimo, por qué otros se llevan gratis la posibilidad de utilizar el espectro radioeléctrico.
El problema es que, como apunta el pragmatismo electorero de panistas y priístas, de aprobarse tal cual la minuta enviada por la Cámara de Diputados tras la operación fast track del 29 de noviembre del año pasado, la posibilidad quedaría al arbitrio, o si lo prefiere a la discrecionalidad de la autoridad.
Textualmente la llamada Ley Televisa señala que ?podrá? fijarse una contraprestación, cuando lo adecuado sería ?deberá?.
Ahora que la propuesta bendecida por unos, satanizada por otros, plantea una serie de claroscuros que inexplicablemente no han sido atendidos en tres meses de debate.
Si por un lado se reconoce la urgencia de modernización de las normas jurídicas, ?para establecer un orden acorde con las nuevas tecnologías digitales?, por el otro se mantiene la dicotomía que ha frenado los avances, al centrar facultades tanto en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes como en la Comisión Federal de Telecomunicaciones, concebida ésta como un órgano desconcentrado, es decir subordinado a la primera.
En todos los países desarrollados existe una sola instancia reguladora, a la que se le concede autonomía plena.
Y aunque se plantea un esquema para la Cofetel similar al del Banco de México, al plantearse la posibilidad de que sus integrantes del pleno traspasen el ámbito sexenal, el riesgo es que éstos sean impuestos por la televisora de Emilio Azcárraga Jean, ante la debilidad del Ejecutivo y su candidato a la Presidencia de la República.
Más aún, hete aquí que una vez aprobada por el Senado la designación de los cinco comisionados, éstos elegirían por mayoría de votos a su presidente por un espacio de cuatro años. Ahora que en contraparte a lo que en el papel pareciera un ejercicio democrático en plena rebatiña electoral, la Cofetel perdería sus facultades de inspección, verificación y radiomonitoreo, además de las de interpretación para efectos administrativos de las disposiciones legales, reglamentarias o administrativas.
Y si le seguimos, las de evaluación de las obligaciones específicas impuestas a agentes con poder sustancial de mercado.
Más aún, la Cofetel concentraría sus tareas en radio y televisión? lo que en la práctica implicaría dejar suelto a Teléfonos de México, a soslayo de la posibilidad de las concesionarias de abrirse a servicios de telefonía.
Y si bien, desde otro ángulo, se plantea que las concesiones se otorguen mediante licitación pública, reduciéndose su vigencia de 30 a 20 años, hete aquí que la iniciativa señala que al momento de plantearse la prórroga correspondiente, ?el titular mantendrá preferencia sobre terceros y, salvo en el caso de renuncia, no estará sujeto al procedimiento en licitación pública?.
Todo, pues, para el rey.
Más allá, aunque la iniciativa de la discordia pide adecuar las definiciones de los servicios regulares, el problema es que plantea dos instrumentos regulatorios distintos: la Ley Federal de Telecomunicaciones y la Ley Federal de Radio y Televisión, lo que vuelve un galimatías la posibilidad de incorporar los cambios tecnológicos en los servicios; reflejar las perspectivas de proveedores y consumidores; maximizar las oportunidades de competir en los mercados emergentes, y garantizar certidumbre jurídica a los agentes regulados.
Por lo demás, aunque se plantea la exigencia de incorporar una opinión favorable de la Comisión Federal de Competencia para solicitar el traspaso de concesiones comerciales y permisos, ésta no constituye un requisito en la solicitud de cesión de concesiones sobre medios y redes de transmisión tanto de telecomunicaciones como de radiodifusión.
En contra, aunque se plantea que para otorgar frecuencias de radiodifusión se consideren las ?condiciones en la plaza o región de que se trate?, no se especifican los criterios para ponderar éstas, lo que le abre la puerta a las firmas hegemónicas para oponerse a la entrada de nuevos competidores.
Como lee usted, aunque el principal argumento de los panegiristas del mayoriteo panista y priísta para dejar intacta la minuta de los diputados es que más vale avanzar, la pregunta es si se trata de la marcha de los cangrejos.
Balance general
La noticia es que del plato a la boca se le está cayendo la sopa a los dirigentes del sindicato petrolero Carlos Romero Deschamps y Ricardo Aldana en su pretención de adquirir uno y mantener otro el fuero del Congreso. Como usted sabe, mientras Romero Deschamps aparece en las listas de posibles senadores de partido por el Revolucionario Institucional, Aldana está en las de diputados.
Bien, pues hete aquí que la Fiscalía Especial para Delitos Electorales está impugnando el amparo que impide que el secretario general del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana sea procesado por el llamado Pemexgate, y en la carambola está enviando al Instituto Federal Electoral un recordatorio de que el tesorero de la instancia de representación laboral sigue estando sujeto a proceso.
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Finalmente, lanzada la toalla por el gobierno en la pretención de promover la aprobación de una reforma a la Ley del ISSSTE que permita salvar del naufragio a la instancia de seguridad social para los trabajadores públicos, la Secretaría de Hacienda está redactando a marchas forzadas un documento que permita ?concientizar? al nuevo gobierno de la magnitud del problema.
De pasadita, éste incluirá datos que hasta hoy se habían mantenido como top secret en relación a los graves faltantes de reservas para atender las solicitudes de jubilación y pensión de los trabajadores de Petróleos Mexicanos, la Comisión Federal de Electricidad y los bancos de desarrollo. Ahí se hacen bolas, pues.
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El gran reto para el vencedor de la pelea por la presidencia de la Cámara Nacional de las Industrias Azucarera y Alcoholera entre el director general del Grupo Azucarero México, Juan Cortina Gallardo, y su similar del Grupo Sáenz, Aarón Sáenz III, es lograr un acuerdo en corto con lo cañeros para evitar que el gremio llegue a la asfixia.
Como usted sabe, de acuerdo a Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, a los productores les corresponde un precio de garantía por tonelada de caña equivalente al 57 por ciento del costo del edulcorante ya refinado, lo que prácticamente cancela cualquier posibilidad de inversión.
El problema es que en 2008 México está obligado a desmantelar sus aranceles o impuestos de importación aplicables al azúcar o alta fructosa importadas de los Estados Unidos, lo que podría devenir en catástrofe si para entonces no se ha incrementado la productividad y competitividad.
Más allá, la industria está obligada a diversificar su producción con nuevos productos de alto valor agregado. La elección se realiza el próximo viernes.
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Cementos Mexicanos y la desarrolladora de vivienda Urbi refrendaron hace unos días la alianza productiva que mantienen desde 1999, cuyo propósito fundamental es desarrollar nuevas tecnologías en materiales y procedimientos para la construcción. De hecho, las firmas han creado un modelo que permite acelerar la productividad y optimizar el capital de trabajo.
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