Lo cierto, pese a su descalificación por la Suprema Corte de Justicia, es que las observaciones sobre irregularidades en el fideicomiso Aduanas I realizadas por la Auditoría Superior de la Federación habían logrado dar frutos, al recuperarse una multimillonaria suma a favor del erario público. Con jurisdicción sobre el asunto o sin ella, pues, el órgano de vigilancia de la Cámara de Diputados promovió la restitución a la Tesorería de la Federación de dos mil 952 millones de pesos.
Estamos hablando de recursos que se cobraron a empresas importadoras y exportadoras por Derechos de Trámite Aduanero y que no fueron enterados a la caja general, aparentemente al canalizarlos directamente al fideicomiso de la discordia.
El dinero regresó a las arcas públicas durante los meses de mayo y diciembre de 2005, en cuyo intermedio promovió el gobierno ante el máximo tribunal del país una Controversia Constitucional contra el Congreso? que le daría la razón. De acuerdo a la decisión inatacable de la mayoría del pleno de ministros, el fideicomiso constituído con recursos públicos en Nacional Financiera durante 1992 tiene carácter privado, por tanto no es susceptible de pesquisas sobre el sano ejercicio de la cuenta pública. Así de simple. Así de fácil.
El hecho es que el abrupto borrón, a tres meses de finalizar el sexenio, deja en el aire la posibilidad de recuperación, o quizá de la simple rendición de cuentas, del 75 por ciento del monto de las observaciones planteadas por el organismo supervisor. Estamos hablando de cuatro tramos de irregularidades detectadas en la revisión de la Cuenta Pública durante el gobierno foxista.
El primero, correspondiente al año 2001 y anteriores, planteaba un monto en el aire de cuatro mil 501 millones de pesos; el segundo, de 2002, de dos mil dos; el tercero, de 2003, de dos mil 586, y el tercero, de 2004, de 836 millones?
La constante habla de un promedio de 85 por ciento de la recaudación global por Derechos de Trámite Aduanero.
En total, estamos hablando de nueve mil 985 millones de pesos. La indagación se canceló al conceder la Suprema Corte de Justicia una suspensión provisional mientras se ventilaba la controversia.
En el intermedio, empero, la Auditoría Superior de la Federación había logrado que la Secretaría de Hacienda constituyera un nuevo fideicomiso público para que a través de él se canalizaran parte de los recursos recibidos por concepto del Derecho de Trámite Aduanero? una vez enterados a la Tesorería de la Federación.
Lo curioso del caso es que el remedio llegó justo cuando se había logrado borrar del mapa el cobro del Derecho de Trámite Aduanero, al acumularse cinco suspensiones definitivas en sendos amparos promovidos por los usuarios de las aduanas, bajo el alegato de inconstitucionalidad.
La razón es simple: De acuerdo a una modificación del artículo 99 de la Ley Aduanera aprobada por el Congreso en 2004, el Derecho de Trámite Aduanero se cobraría por el valor de la mercancía, no sobre el trámite en sí, a razón de ocho por ciento al millar, en lugar de una cuota fija.
El esquema, como se colige fácilmente, violaba el principio de proporcionalidad.
Lo cierto, a contrapelo de la resolución dividida de la Suprema Corte, es que el fideicomiso Aduanas I de Nacional Financiera lo creó la Subsecretaría de Ingresos de Hacienda en la época en que su titular se llamaba Francisco Gil Díaz, con recursos derivados de las tarifas de uso de los puentes internacionales de la frontera norte construídos durante el salinato.
El 99.9 por ciento de las acciones del instrumento, creado para dar cauce a una empresa denominada Integradora de Servicios (ISSA), pertenecían a Nafin.
Más aún, los directores de la firma, cuyo objeto era dar vista en segunda instancia a los trámites de importadores y exportadores, en afán de cuantificar su legalidad, eran nombrados por la Secretaría de Hacienda.De hecho, el primero de ellos fue Lorenzo Hernández, el actual secretario particular del titular de Hacienda, Francisco Gil Díaz.
El caso es que rescindido el contrato a ISSA, la estafeta la tomó una empresa privada denominada Integradora de Servicios Operativos (ISOSA)? que a su vez subcontrató a 12 empresas. La jugada le permitió tanto a la Secretaría de Hacienda como a Nacional Financiera cerrarle el paso a las indagaciones de la Auditoría Superior de la Federación, bajo el alegato simple de que ISOSA es una compañía privada? que maneja recursos privados.
A quién le importa si el Derecho de Trámite Aduanero tenía categoría de ingreso fiscal. A quién le importa si la propia Suprema Corte de Justicia había expedido una resolución por la que se ubicaba como fideicomiso público todo aquel que se hubiera constituído con un peso proveniente de las arcas públicas.
Borrón sin cuentas.
Balance general
Una pregunta recorre México: ¿Se atreverá el presidente Vicente Fox a acudir a la celebración del aniversario número 132 de la Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México, cuya cita es en el Centro de Exposiciones del organismo, ubicado en la calle de Morelos?
Estamos hablando de una cuadra de Paseo de la Reforma, donde permanece el bloqueo convocado por la coalición por el Bien de Todos en repudio de lo que ubican como fraude electoral. La cita es el jueves de la semana próxima. La invitación, por lo pronto, da por hecho la asistencia del Ejecutivo.
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Curioso, digo por señalar un calificativo, que en una larga lista de solicitudes de órdenes de aprehensión contra la plana mayor del Sindicato de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana, encabezada por Napoleón Gómez Urrutia, se haya incluído a media docena de prominentes empresarios.
Estamos hablando, por ejemplo, del presidente de Altos Hornos de México y de la Cámara de la Industria del Hierro y el Acero, Alonso Ancira Elizondo; de Eduardo Maíz Monfort, y de Jorge Leipen Garay, este último ex director general de la Siderúrgica Lázaro Cárdenas Las Truchas. La requisición, negada por el juez quinto del ramo penal de San Luis Potosí, José Armando Vega Fabregat, la firmaba el procurador general de Justicia de la entidad.
En la caravana se incluía además a tres funcionarios del Scotiabank/Inverlat, justo los responsables del manejo del fideicomiso donde se depositaron los 55 millones de dólares cuyas cuentas se reclaman a Gómez Urrutia.¿Los empresarios fueron salpicados con los recursos que exigen trabajadores de Minera de Cananea y Mexicana de Cobre? Lo cierto es que el asunto tiene un fuerte olor a venganza, dado el señalamiento de que Altos Hornos de México apoya financieramente al sindicato.
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Hasta hoy el grupo industrial Minera México sólo ha recontratado a 500 de los mil 250 trabajadores de la mina La Caridad, que liquidó al amago de cierre de ésta, ahora con la categoría de operadores generales. Los contratos son apenas por 28 días, lo que coloca a la empresa en aptitud de deshacerse de ellos si estallara algún paro ilegal. Las liquidaciones oscilan entre 110 y 260 mil pesos.
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