Campal
Convocada para mañana, la junta del Consejo de Administración del Servicio Panamericano de Protección podría derivar en una campal de todos contra todos, en la exigencia de apretar las tuercas sueltas para vender la firma al mejor postor? o encausarla hacia la viabilidad perdida.
La agenda incluye dos emplazamientos a huelga por parte de su sindicato; cinco demandas laborales por supuesto incumplimiento en el pago del reparto de utilidades; el amago de un procedimiento judicial por supuesta violación de la Ley de Inversiones Extranjeras, y una serie de litigios de carácter fiscal con la Secretaría de Hacienda.
En una de las esquinas se ubica la empresa fundadora de la firma de razón social Brink?s Incorporated, constituída como la segunda mayor accionista con 20% del capital, a quien antecede Santander/Serfín con 21 por ciento.
Presidida por Ron Muir, la compañía cuyas acciones están a resguardo de un fideicomiso neutro de Nacional Financiera, dada la prohibición de capital extranjero en empresas de transporte de valores, demanda claridad total frente a lo que considera violación de la ley al asumir el capital foráneo la propiedad de las acciones que tenían bancos como Banamex, Bancomer, Bital, Inverlat o el propio Serfín.
Y aunque hasta hoy no ha presentado su prometido recurso de inconformidad contra la resolución de la Dirección General de Inversiones Extranjeras de la Secretaría de Economía, que rechazó la existencia de infracciones al artículo sexto de la Ley de Inversiones Extranjeras, su decisión es llegar a las instancias judiciales.
La paradoja del caso es que Brink?s, reputada como líder mundial en transporte de valores, es uno de los principales clientes de Serpaprosa, quien le conecta en diversos puntos de la frontera norte del país envíos hacia su matriz en Estados Unidos. Ahora que en otra de las esquinas se ubican los bancos, quienes están urgiendo la venta de la empresa en su conjunto? o que se les permita deshacerse de los fragmentos de capital que mantienen, en afán de recuperar de lo perdido lo que aparezca.
Por lo pronto, la mayor urgencia de la firma dirigida por Guillermo Núñez, un ex funcionario de la Comisión Nacional de Valores que saltó a la Bolsa Mexicana de Valores, es conjurar una amenaza de huelga que llega por doble vía: el contrato colectivo a nivel local y el pactado a nivel nacional.
Lo grave del caso es que el problema no se constriñe a una simple revisión salarial, sino se habla de violaciones al contrato colectivo al no haberse entregado con justeza el porcentaje de reparto de utilidades a que tenían derecho los trabajadores.
El entramado del asunto remite a una serie de juicios que enfrenta la firma con la Secretaría de Hacienda, quien sostiene que ésta no tenía derecho a tributar en el régimen simplificado de la Ley del Impuesto sobre la Renta que le conceda prerrogativas a las empresas transportistas, al obtener ingresos distintos a su tarea. De acuerdo con el criterio de la Procuraduría Fiscal, éstos exceden 10% de la facturación total del Servicio Panamericano de Protección. Metidos al detalle, el sindicato sostiene, con aval del Sistema de Administración Tributaria, que, por ejemplo, en 1991 y 1992 la firma debió derramar siete millones 630 mil pesos por reparto de utilidades? y así en la totalidad de los años impugnados.
El problema es que la compañía jura y perjura que lo entregado entonces excede lo que le correspondía a los trabajadores bajo el criterio con que la Secretaría de Hacienda le obliga a tributar, es decir éstos en tal caso son los que debían regresar el remanente.
Ahora que el sindicato sostiene que en tanto se carecía de claridad sobre el monto, la derrama debe considerarse simple y llanamente como un bono otorgado por la empresa? a reserva de cubrir ahora sí el requisito de ley. Como lee usted, pues, la salida está en chino.
La paradoja del caso es que mientras Serpaprosa le ganó un round a la Secretaría de Hacienda correspondiente a un litigio que involucraba la declaración de 1992, al determinar la Segunda Sección de la Sala del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa que no se le podía marginar del régimen simplificado del ISR, perdió otro correspondiente, éste a 1993.
La disparidad de criterios sobre el mismo asunto se explica ante la ubicación de una falla en el procedimiento en el primer caso.
Lo cierto, empero, es que la dependencia le había autorizado originalmente al Servicio Panamericano de Protección tributar en el régimen simplificado, y luego metió reversa vía una inconformidad del SAT.
Por lo pronto, la catarata de líos pone en riesgo la fuente de trabajo de 10 mil trabajadores, 40% de los cuales está sindicalizado. ¿La hora cero?
Balance general
En lo que constituye su tercer triunfo al hilo en menos de dos semanas, el grupo Salinas de Ricardo Salinas Pliego logró de un juez federal, concretamente el quinto de Administración del Distrito Federal, una suspensión provisional contra la nueva Ley del Mercado de Valores que entró en vigor el 1 de julio pasado.
La solicitud se había planteado desde tres emisoras: Televisión Azteca, la cadena de tiendas Elektra y la firma de telefonía Unefon, todas ellas filiales del consorcio.
Como usted sabe, hace unos días la Procuraduría General de la República determinó que no existía causa en la demanda planteada por la Procuraduría Fiscal contra el propio Salinas Pliego y el ex director general de Tv Azteca, Pedro Padilla, por presunto conflicto de interés y abusos contra accionistas minoritarios al haberse utilizado en una operación de compra de deuda de la empresa Unefon a una intermediaria propiedad del primero, con sede en Estados Unidos.
Más allá, el presidente de TV Azteca logró que la Comisión de Valores y Arbitrios de Estados Unidos levantara una demanda similar por el propio asunto, al aceptar la imposición de un pago de 7.5 millones de dólares.
La exposición de motivos del juicio de amparo contra el ordenamiento habla de que calcado éste de la Ley Sarbanes-Oxley de Estados Unidos, no se tomó en cuenta la realidad del mercado mexicano; se conceden facultades discrecionales a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y se desalienta la participación de nuevos jugadores, en lugar de incentivarlos. La protección de la justicia apunta hacia los 54 artículos del ordenamiento de la discordia. El amparo se tramitó el 7 de agosto pasado.
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La sorpresa para la oposición perredista y priísta en el Congreso llegará en los próximos días, cuando la Secretaría de Hacienda anuncie un paquete de prerrogativas fiscales en favor de la Siderúrgica Lázaro Cárdenas-Las Truchas, propiedad mayoritaria de Julio César Villarreal.
La intención es resarcirla de las pérdidas que enfrentó durante los cuatro meses que duró un paro en sus instalaciones, promovido por el Sindicato de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares, tras el desconocimiento por parte de la Secretaría del Trabajo de su líder Napoleón Gómez Urrutia.
El movimiento, en cuya virulencia hubo dos muertos en un frustrado intento de desalojo por parte de la autoridad, se interpretó como venganza contra la firma al atribuirse a ésta y al grupo industrial Minera México la autoría de la embestida de la dependencia.
Según la firma siderúrgica, el boquete alcanzó más de dos mil millones de dólares.
¿Se acuerda usted las ácres críticas del Gobierno Federal frente a las prebendas fiscales que autorizó el gobierno capitalino a los negocios afectados por el plantón en Paseo de la Reforma en protesta por el fraude electoral?
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