Las señales indican que la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, frente a la controversia constitucional planteada por el Ejecutivo sobre la validez de una pesquisa de la Auditoría Superior de la Federación acerca de un fideicomiso aduanero, provocó una carambola de mil bandas
Digamos que no sólo le quitó el dolor de cabeza que persiguió a lo largo del sexenio al secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, sino a la totalidad del aparato público.
Colocada en la lupa la decisión dividida del pleno de ministros, no sólo se descalificó la indagación en lo particular del fideicomiso Aduanas I, a cuya vera se creó la empresa Integradora de Servicios Operativos (ISOSA), sino la forma en que el órgano de vigilancia de
la Cámara de Diputados planteó los pliegos de observaciones correspondientes, al ubicar irregularidades.
Textualmente se habla de una interpretación incorrecta del Código Fiscal? con la novedad de que la única instancia capaz de traducir con certeza sus telas y entretelas es la Secretaría de Hacienda.
Naturalmente, dado que bajo esa ruta la Auditoría Superior de la Federación colocó en la mesa centenares de conminatorios a las dependencias y entidades del gobierno federal al revisar la Cuenta Pública de los cinco largos años que lleva el sexenio foxista, todos ellos se quedan en el aire.
Se acabó, pues, la rendición de cuentas del gobierno actual, por más que en conjunto las irregularidades planteaban daños a las finanzas públicas por miles de millones de pesos.
La fórmula es tan simple como ampararse contra el órgano de la Cámara de Diputados con base en la jurisprudencia que se creó al apoyar la resolución del máximo tribunal de justicia del país ocho de sus 11 integrantes. Y a ver cómo le hacen.
De acuerdo con el procedimiento que por años ha prevalecido en el país, detectados desvíos, falta de comprobación o inconsistencias en la Cuenta Pública de cada año de gobierno, la Auditoría Superior de la Federación, antes Contaduría Superior de Hacienda, remite un pliego de observaciones a las entidades en entredicho? colocándose en la mesa un plazo para solventarlas. De no hacerlo, el órgano del Congreso tiene la obligación de remitir a la Secretaría de la Función Pública, antes de la Contraloría, el expediente, quien de encontrarlo consistente abrirá un procedimiento administrativo y/o en su caso penal, remitiendo en esta última eventualidad los papeles al Ministerio Público Federal.
La paradoja del caso es que el litigio promovido por la Secretaría de Hacienda apuntaba en el papel a defender el secreto fiduciario, argumentando que el fideicomiso Aduanas I tiene etiqueta de privado? por más que se hubiera creado con recursos públicos.
Por lo pronto, la fiesta de fin de año en la totalidad de las dependencias y entidades públicas será inolvidable. Dicen que habrá mil dianas de mariachis a Francisco Gil Díaz y los ministros de la Suprema Corte.
Ahora que quedará para la historia la frase lapidaria del ministro Genaro Góngora Pimentel, uno de los opositores a la resolución, reprochando la legitimación ?de un manejo arbitrario de recursos que tienen carácter público y que se integraron en un fideicomiso para escapar de la supervisión de la auditoría?.
Balance general
Al margen del desenlace del pleito de cuatro años entre la empresa Fertinal y la Compañía de Seguros ING Comercial-América, lo cierto es que éste se llevó entre las patas a quienes ninguna vela tenían en el entierro, es decir los empleados de una y otra. A los de la firma fabricante de fertilizantes con sede central en Lázaro Cárdenas, Michoacán, se les adeuda aún su liquidación correspondiente, tras el cierre de la planta. A los de la aseguradora les tocó ir a la cárcel? o permanecer prófugos durante dos años.
Digamos que la furia del huracán Juliette que destruyó en septiembre de 2002 las instalaciones de Roca Fosfórica Mexicana, filial de Fertinal, arrasó también con centenares de hogares.
A diferencia de los trabajadores a quienes se les liquidó con recursos del gobierno federal y del de Michoacán, con afán de impedir otro brote social en el país, a los empleados de Fertinal se les dejó en el limbo. Total, ellos no hacen tanto escándalo.
Estamos hablando de 236 trabajadores de confianza a los que no dan la cara ni tirios ni troyanos, es decir, ni las autoridades ni el socio mayoritario de la planta, Fabio Covarrubias Piffer.
La mayoría de ellos tenía más de 15 años de antigüedad.
Su única carta de defensa jurídica es un convenio que se les obligó a firmar? hace tres años, con la promesa de liquidarlos cuando se levantara una huelga en la firma.
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Quien reaparece en el mundo de los negocios financieros tras haber dejado una de las vicepresidencias del grupo BBVA/Bancomer es José Madariaga Lomelín.
El controvertido banquero, alguna vez presidente del banco Probursa, encabeza un proyecto para abrir una firma de asesoría especializada en inversiones, bajo la razón social Progress Wealth Management.
La compañía, lo adivinó usted, operará en Estados Unidos, con sede central en Miami, Florida.
Su director general será Humberto Bañuelos, un ex funcionario de Bancomer.
En el staff se ubicarán también otros ex funcionarios bancarios como Arturo Hierro, Agustín Toussaint y Everardo Vidaurri. Entre los accionistas de la compañía anote usted a Alonso Cervera, Carlos Couttlolenc, Adrián Fernández Margain, Fernando Ortega Amieva, Carlos Eduardo Represas, Ernesto Rubio del Cueto y Alberto González Palazuelos. El proyecto cuenta con la autorización correspondiente del gobierno de EU.
La idea es aprovechar una coyuntura en el sistema financiero del país del norte para ofrecer servicios de banco a clientes sofisticados con una visión global? y estricta confidencialidad.
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El Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco reconoció hace unos días con su medalla al mérito industrial al presidente de Tequila José Cuervo, Juan Domingo Beckman Legorreta, quien asumió en 1998 una estafeta de 200 años de tradición.
La firma de mayor prestigio en el mundo en su ramo la consolidó el padre de éste, Juan Beckman Vidal, quien a su vez había recibido la marca en 1972 de parte de su padre, el ex diplomático Juan Beckman Gallardo.
El primero recibió en 1993 el galardón ?Fuego de Vida? por su esfuerzo, tesón y honestidad para contribuir al engrandecimiento del país, además de la Medalla de Honor Canaco al Mérito Empresarial.
Bajo la gestión de Beckman Legorreta, la casa José Cuervo creó la marca José Cuervo Reserva de La Familia, con que se celebró el bicentenario de la empresa.
Más adelante se desarrollaron los productos Agavero, Dobal, y los tequilas 1800.
Un capítulo completo en la historia del tequila mexicano.
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Ajeno a la tormenta postelectoral que se vive en el país ante la certeza de manipulación de los resultados de la elección presidencial, el Valle de Guadalupe, allá en la lejana Baja California, celebró exitosamente la fiesta de la vendimia.
El festejo integró a las empresas que desarrollan su tarea en la zona, es decir Monte Xanic, Casa de Piedra, Pedro Domecq y Santo Tomás.
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