Cabildeada ferozmente la cancelación de una alternativa legal que permitiría armonizar la relación entre las cadenas de autoservicio y sus proveedores, la posibilidad se pactó el martes pasado? por la vía de un acuerdo de buena voluntad entre las partes.
El problema para completar el final feliz de un episodio que desató en su momento una agria polémica, es que el pacto de cuates dejó de lado un capítulo toral de la iniciativa de Ley que se fue a la congeladora: la protección al pequeño comercio frente a la expansión acelerada de las macrotiendas.
Textualmente, la exposición de motivos de la frustrada propuesta firmada por un grupo plural de senadores encabezados por el panista Fauzi Hamdán, hablaba de que los micros, pequeños y medianos comercios, así como los proveedores, quedan en estado de indefención ante la fuerza económica de los grandes establecimientos comerciales, siendo obligados a aceptar fuertes condiciones para seguir en el mercado, o a cerrar sus negocios ante la evidente desigualdad competitiva?.
Más aún, la propuesta de nombre kilométrico: Ley de Prácticas Comerciales y de Fomento al Micro, Pequeño y Mediano Comercio, hablaba de instalar un Programa Territorial en que se determinara claramente las zonas en que se pueden instalar las grandes cadenas, sobre la base de su impacto social.
Y aunque en el papel los intereses del pequeño comercio estarían representados por la Concanaco y la Cámara de Comercio del Distrito Federal, llama la atención la ausencia de organizaciones que los patrocinen directamente.
Ahora que del otro lado de la moneda la promesa habla de apoyar la integración de cadenas eslabonadas por micro, pequeñas y medianas industrias, que permitan expandir el padrón de proveedores.
El sustento del convenio de autorregulación firmado además por la Concamín, el Consejo Nacional Agropecuario, la Canacintra, el Consejo Mexicano de la Industria de Productos de Consumo, la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales y la cadena Wal Mart, se sustenta en el ?Acuerdo de Prácticas Comerciales para la Competitividad? firmado en Guadalajara hace tres años.
La exposición de motivos de éste hablaba de promover las buenas prácticas comerciales, ?encuadradas en una línea de honestidad, confianza, honorabilidad, lealtad y sinceridad?.
En el terreno práctico, se planteaba terminar con prácticas nocivas para los proveedores como precios depredatorios, incumplimiento de las cláusulas de pago de los contratos; deducciones o descuentos no pactados; obligatoriedad de participar en campañas promocionales, y devoluciones arbitrarias o injustificadas.
Metidos al detalle, se hablaba de desterrar las prácticas de precios depredatorios, es decir vender un producto por debajo de su costo en afán de sacar del mercado a la competencia, planteando que la única excepción, puntual y temporal, sería cuando se ofrezcan mercancías con desperfectos, desuso u obsolescencia, o bien cuando se trate de ventas de liquidación o ventas de saldos.
Más allá, planteaba la exigencia para proveedores y compradores de cumplir estrictamente con lo estipulado en sus contratos comerciales, ?incluyendo lo relativo a estipulaciones financieras, precio, descuentos, condiciones y oportunidad de entrega de productos y/o servicios, recibo de los mismos y plazo para el pago?.
En el caso de las campañas promocionales, se estipula que la participación de los proveedores será voluntaria, ?de tal manera que la negativa a participar en las mismas no podrá dar lugar a ningún tipo de retaliación?.
Del otro lado de la moneda, en caso de incumplimiento por parte del comprador de las condiciones fijadas para realizar una promoción, éste estará obligado a ofrecer una compensación en los términos pactados por las partes.
Desde otro ángulo, cuando se presenten excesos de inventarios las partes podrán acordar las estrategias comerciales para solucionar la situación.
Adicionalmente, la pretensión hablaba de que las cadenas precisen claramente y por escrito las causales de devolución de productos, de conformidad con la categoría y características específicas de cada uno.
Ahora que ?el proveedor y los compradores no podrán ejercer ningún tipo de represalia como consecuencia de una denuncia por infracciones previstas en las normas de libre y leal competencia?.
Las controversias se dirimirían a través de un Consejo Consultivo de representación paritaria, que podría incluso establecer penas convencionales que se calcularían en relación al monto de las operaciones afectadas durante los seis meses previos a la falta denunciada.
La instancia, en paralelo, cubriría funciones de vigilancia, información y emisión de criterios para la ?buena interpretación? del acuerdo.
La supervisión de éste la realizará la Secretaría de Economía.
Pacto de cuates.
Balance general
La noticia es que del plato a la boca se le cayó la sopa al grupo embotellador Arca en su intento de asumir la mayoría del capital del Grupo Herdez.
Pactada en febrero pasado, la posibilidad de lo que parecía un matrimonio imposible entre la segunda mayor productora de Coca Cola en el país y la empresa productora de alimentos enlatados propiedad de la familia Hernández Pons, se cayó, paradójicamente, por la parte menos esperada, es decir el precio.
La firma ofrecía alrededor de tres mil 200 millones de pesos por la mayoría del capital, es decir un pago equivalente a diez pesos por acción? lo que había sido calificado de excesivo por los analistas.
Ahora que la explicación ofrecida por las partes a los inversionistas que participan en la Bolsa Mexicana de Valores hablan simple y llanamente que la pretención de una de ellos era modificar los términos originales acordados, ?y no fue posible alinear los respectivos intereses?.
Así de fácil.
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La preocupación de Kansas City Southern México sobre una eventual resolución de la Comisión Federal de Competencia favorable a la fusión entre los troncales de carga ferroviaria Ferromex y Ferrosur se centra en el grado de dificultad que representaría recuperar la inversión en juego.
Como recordará usted, la firma la compró a Transportación Marítima Mexicana primero un parte minoritaria del capital del troncal Noreste de los ex Ferrocarriles Nacionales de México, y luego el 100 por ciento, en proporción a lo pagado por la concesión.
Estamos hablando de mil 400 millones de dólares, frente a los 480 que le costó al Grupo México de Germán Larrea Mota Velasco privatizar Ferromex, o los 280 que pagó el Grupo Tribasa de David Peñaloza por Ferrosur.
Adiconalmente, TMM y KCSM la inyectaron en ocho años mil 227 millones de dólares a la firma por concepto de construcción, mejoramiento y ampliación de terminales y patios de carga.
Más aún, este año se plantea invertir otros 86 millones 976 mil billetes verdes en materia de infraestructura, mecánica, transporte y protección.
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¿Se acuerda usted de las ácres críticas del gobernador del Banco de México, Guillermo Ortiz, a lo que califica de ?excesivas? tarifas telefónicas en el país, a la sombra de la posición monopólica de Teléfonos de México?
Bien, pues esta mañana la empresa Frust & Sullivan ofrecerá a la opinión pública un estudio titulado ?Análisis comparativo del precio de telefonía fija entre México y los países del mundo? en el cual, jura la firma, habrá grandes sorpresas.
albertobach@yahoo.com.mx
barrancoalberto@prodigy.net.mx
