La presión de la Secretaría de Hacienda al presidente Vicente Fox para vetar las reformas al Código Fiscal que eximen la exigencia de pagos con tarjeta bancaria para deducir consumos de gasolina, está frustrando la posibilidad de un nuevo contrato de franquicias para gasolineras
La mitad de los integrantes de la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo (Onexpo) ha documentado ya su rechazo al esquema, bajo el argumento simple de salir más caro el caldo a las albóndigas.
La resistencia la encabeza el Consejo Empresarial Gasolinero Valle de México, en el que caben
tres mil 600 franquiciarios de Petróleos Mexicanos.
Como usted sabe, la condición para abrir el nuevo escenario, a cambio de algo más de un punto porcentual de comisión, es que las estaciones de servicio cambien sus dispensarios que carecen de la Norma Oficial Mexicana, para lo cual se les ofrecen créditos fiscales.
En prenda de certeza la Secretaría de Hacienda publicó ya las reglas respectivas en el Diario Oficial de la Federación.
El caso es que la posibilidad, pese a la negativa de la Procuraduría Federal del Consumidor de suspender las clausuras de bombas irregulares hasta documentarse con claridad la expectativa de sustitución, marchaba sobre ruedas hasta que Pemex habló de institucionalizar los pagos con dinero de plástico.
En una circular girada por Pemex Refinación se habla de realizar gestiones conjuntas con la Dirección Corporativa de Finanzas de la paraestatal, ante las diversas instituciones bancarias, para intentar abatir las comisiones que cobran éstas por el uso de tarjetas. De entrada, se habla de negociar un monto máximo con la Asociación de Banqueros, además de obligarla a fijar un plazo en que no se modificarían éstas. Más aún, una vez agotado éste las instituciones crediticias estarían obligadas a negociar con Pemex cualquier alza.
Por lo pronto, resígnense.
Lo curioso del caso es que días antes del balde de agua helada se había hablado de implementar un esquema de financiamiento para los expendedores, vía Nacional Financiera. El mecanismo se ubicaba en el terreno de consultas entre la Dirección Corporativa de Finanzas y la oficina del abogado general de Petróleos Mexicanos, en afán de calibrar hasta dónde podría llegar el aval de la paraestatal.
Más aún, se planteaba la posibilidad de alargar cuatro días el plazo de crédito que la empresa ofrece a los gasolineros para el pago de facturas por suministro. Por si fuera poco, la promesa hablaba de una tercería para dirimir los conflictos entre franquiciaria y franquiciarios, en afán de evitar suspicacias en materia de favoritismo, en el entendido que el nuevo contrato señala causales específicas para cancelación de concesiones.
Adicionalmente, se integraría una comisión mixta con representantes de la propia Onexpo y la Subdirección Comercial de Pemex Refinación para supervisar la correcta aplicación del Manual de Operación de la Franquicia.
Entre los objetivos de ésta estaría el atender las quejas de los gasolineros, citándolos a comparecer cuando se considere indispensable. El órgano se reuniría ordinariamente una vez al mes y extraordinariamente cuando alguna de las partes lo solicite. Las resoluciones se harían públicas.
En otro plano, Pemex Refinación hablaba de atender la solicitud de la Onexpo para analizar la posibilidad de restaurar el Fondo de Franquicia de la paraestatal, que funcionaba hasta hace una década como mecanismo de defensa del gremio ante imprevistos.
La promesa hablaba de que en la imposibilidad de que la empresa pública pudiera constituirlo, se realizarían las gestiones ante las instancias correspondientes para ubicarlo en alguna intermediaria de desarrollo.
Finalmente, la catarata de regalos hablaba de revivir la vieja exigencia de límites entre una gasolinera y otra para autorizar la apertura de nuevas franquicias, es decir, para evitar la clásica tienda de enfrente. Todo iba bien, pues, hasta que llegó la certeza del veto foxista a la reforma del Congreso para cancelar la exigencia del pago con tarjeta bancaria. El gobierno propone; el Congreso dispone? y el Presidente todo lo descompone.
Del plato a la boca?
Balance general
De ratificarse las sentencias por supuesta evasión fiscal que diversos jueces han emitido contra el Servicio Panamericano de Protección, éste estaría obligado a pagar, al margen de recargos y actualizaciones, 801 millones 801 mil 444 pesos. La cifra incluye la parte de participación de utilidades que omitió la firma propiedad de una docena de bancos extranjeros instalados en México, al no contabilizar sus ganancias por actividades ajenas al transporte de valores.
El piso se le movió a la empresa de transporte de valores al determinar la Secretaría de Hacienda que no tenía derecho al régimen de tributación especial para las firmas del ramo, justo por realizar actividades aleatorias.
Por lo pronto, la posibilidad de venta de la compañía que acaba de librar un procedimiento administrativo por parte de la Secretaría de Economía por violar la Ley de Inversiones Extranjeras, se topó con la posible contingencia que reduce su precio a la quinta parte.
De los 150 millones de dólares esperados, el avalúo se cayó a sólo 30. La operación, con exigencia de ubicar un comprador mexicano con cláusula de exclusión para extranjeros, estaba prevista para cerrarse en 60 días.
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Pues ahora resulta que el cheque de 900 mil dólares que recibió el propietario de la empresa Nutrición Enel, Elie Óscar Michel Guerrero, como fruto de una supuesta extorsión a Omnilife de México a cambio de no desprestigiar sus suplementos alimenticios, jamás fue cobrado por éste.
El cheque se depositó en un juzgado tras la detención in fraganti de Michel Guerrero, quien en menos de dos meses fue condenado a purgar cuatro años y cuatro meses de cárcel.
La sentencia, como le comentamos, fue revocada por la Segunda Sala del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco, bajo el argumento de que el cheque de la discordia no era producto de una extorsión, sino de una indemnización por haber finalizado una relación laboral. Un finiquito, pues.
Nutrición Enel había distribuido durante 14 años los productos Omnilife, cancelándosele unilateralmente la concesión ante la pretensión de la firma de actuar en forma independiente.
El asunto coloca de espaldas al callejón a Onmilife, quien de cumplir la sentencia se topará con un precedente que colocaría como empleados a todos sus distribuidores? obligándola, entre otras cosas, a inscribirlos al Seguro Social y al Infonavit.
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Finalmente, el tribunal de quiebras de Estados Unidos que ventila la solicitud de la firma fabricante de autopartes Dana para acogerse al capítulo XI de la Ley de Quiebras, aceptó que la firma mexicana Desc disolviera su asociación con ésta.
La concentración se había realizado a través de Spicer, vía un contrato maestro de contraventa de acciones firmado el 31 de mayo. Sin embargo, la compañía propiedad de Fernando Senderos Mestre mantendrá la participación de Dana en los negocios de trasmisiones ligeras, medianas y pesadas, así como en el de juntas y sellos.
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