Embrollo
Empecinada en ser juez y parte en el conflicto interno del Sindicato de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana, la Secretaría del Trabajo está desatando una guerra que amenaza con paralizar al estratégico sector siderúrgico del país.
A los paros locos en el Grupo Industrial Minera México y la Siderúrgica Lázaro Cárdenas Las Truchas, se suman ahora dos emplazamientos de huelga contra Altos Hornos de México y su filial Minera Carbonífera de Río Escondido (Micare).
La paradoja del caso es que mientras al primero de ellos lo suscribe Elías Morales, a quien la dependencia encabezada por Francisco Javier Salazar Sáenz reconoce como secretario general de la instancia de representación sindical, al segundo lo patrocina la parte contraria, es decir Napoleón Gómez Urrutia. En ambos casos el pretexto es el mismo: violaciones al Contrato Colectivo de Trabajo?
Lo cierto es que en el fondo el meollo apunta a calibrar el reconocimiento de uno u otro liderazgos por parte de la firma encabezada por Alonso Ancira y Xavier Autrey.
Lo inaudito del asunto es que el emplazamiento de Morales, a quien el sindicato minero expulsó de sus filas hace ocho años, se envió desde un fax de la Secretaría del Trabajo, donde por aquellas cosas raras de la vida está despachando el supuesto dirigente. De hecho, la presión en contra de la siderúrgica para que reconozca a éste como interlocutor es orquestada desde el interior de la dependencia, en un escenario en que se ha acusado a la firma de proteger a Gómez Urrutia.
Lo cierto es que en un sondeo realizado por AHMSA entre sus trabajadores, hete aquí que el 85 por ciento nada quiere saber de conflictos internos, es decir le da lo mismo si su secretario general se apellida Gómez o Morales, con tal de que se defiendan con verticalidad sus intereses.
A su vez, del 15 por ciento restante dos tercios se inclinan por pelear la legitimidad del liderazgo de Gómez Urrutia, y el resto apoya a Elías Morales.
Por lo pronto, la empresa dueña de la Siderúrgica Lázaro Cárdenas Las Truchas, es decir el grupo Villacero encabezado por el presidente de la Cámara de la Industria del Hierro y el Acero, Julio Villarreal, empezó la semana pasada a rescindir los contratos de trabajadores que cumplieron cinco días en paro ilegal, lo que le pone un ingrediente más de nitroglicerina al coctel explosivo.
Y por lo pronto, además, son ya 10 días los que acumula el bloqueo del sindicato minero para impedir el paso a la principal mina de Mexicana de Cobre, conocida como la Caridad, en tanto alcanza una semana la parálisis en minas de Zacatecas y Agua Prieta. De acuerdo al cálculo de la empresa afectada, el grupo Industrial Minera México de Germán Larrea Mota Velasco, en el primer caso las pérdidas ascienden a 2.5 millones de dólares al día, al impedirse el abasto de 100 toneladas de cobre, y en el segundo a medio millón de billetes verdes.
El eje de los conflictos es el desconocimiento de Gómez Urrutia como interlocutor de la empresa, en un escenario en que los trabajadores alegan que la medida se apuntaló con las firmas de dos de los tres integrantes de la Comisión de Vigilancia del sindicato, una de las cuales fue falsificada.
Más aún, se jura y perjura que a la asamblea extraordinaria en la que se avaló la ratificación de Gómez Urrutia acudió el 75 por ciento de la representación de los trabajadores, a contrapelo del 25 por ciento que reconoce la Secretaría del Trabajo.
Lo cierto es que el embrollo lo provocó la incapacidad del gobierno para sostener las acusaciones contra el heredero del trono sindical que dejara el desaparecido Napoleón Gómez Sada, en un horizonte en que el blanco principal son los 55 millones de dólares que colocó en la mesa el grupo Industrial Minera México para cubrir la participación de cinco por ciento del capital cedida a los trabajadores tras la privatización de Mexicana de Cobre y Minera de Cananea.
Emplazados los cañones hacia el Scotiabank/Inverlat, la entidad financiera responsable del fideicomiso en que se depositaron los recursos, a quien se acusaba de haberlos cedido ilegalmente al sindicato, hete aquí que éste logró demostrar que se apegó a la letra a lo dispuesto en el contrato.
De hecho, en su defensa el banco de capital canadiense exhibió tres opiniones aprobatorias del movimiento signadas por otros tantos despachos jurídicos de reconocido prestigio.
De acuerdo a lo pactado, pues, sería el sindicato quien prorrateara los recursos entre los trabajadores que avalaran su derecho? es decir haber demostrado su relación laboral con la firma después de la privatización.
Por ahí, pues, no se logrará agarrar del pescuezo a Napoleón Gómez Urrutia.
Por lo pronto, la Unión Nacional de Trabajadores mantiene viva la amenaza de un paro nacional en protesta por lo que considera intromisión de la Secretaría del Trabajo en la vida interna de los sindicatos. ¿Que ruede el alud?
Balance general
Pese a que mantiene abierta su protesta por la descalificación de que fue objeto en la primera licitación, el grupo ICA presentó ayer una postura en la reposición del procedimiento por parte de la Secretaría del Trabajo para construir y operar la carretera de cuota Querétaro-Irapuato. El monto del contrato se calcula en mil 200 millones de dólares.
Como usted sabe, la constructora encabezada por Bernardo Quintana sufrió un revés la semana pasada en su propósito de detener el concurso hasta no resolverse su recurso de inconformidad, al negarle un amparo la Juez Décima de Distrito en Materia Administrativa.
Sin embargo, la firma está promoviendo dos nuevos amparos, uno de ellos ante un tribunal colegiado contra la negativa de la togada, y otro ante un tribunal de distrito.
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La prueba de fuego para calibrar la justeza de las reformas a la Ley Federal de Radio y Televisión, digo de resolverse el embrollo jurídico en que incurrió el Senado de la República al alterar la minuta aprobada a su vez por la Cámara de Diputados antes de finalizar el actual periodo de sesiones, llegará en los próximos meses cuando alcance la mesa una solicitud para un nuevo canal de televisión.
Ésta, como usted sabe, la planteará la firma Palma 26 (?), integrada por una alianza entre la cadena estadounidense de habla hispana Telemundo y el grupo mexicano Xtra que encabeza Isaac Saba Raffoul, conocido como ?el señor de los dineros?.
Propietario del 20 por ciento del capital de la Televisora del Valle de México, la empresa concesionaria del canal 40 de la televisión abierta, a Saba se le ubicó durante meses como el más viable comprador de ésta.
En paralelo, el matrimonio Telemundo-Xtra constituyó una empresa denominada Estudios Mexicanos Telemando, que generará contenidos para el mercado interno, el de América Latina y el de habla hispana en los Estados Unidos.
La inversión fue de 25 millones de dólares.
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A propósito, aunque la suspensión decretada por las autoridades aeronáuticas de los Estados Unidos parece la puntilla para Aerocalifornia, más de alguna voz asegura que el golpe inicial contra la firma aérea propiedad de Raúl Aréchiga tendría por objeto ahorcarla para impedir ejercer sus derechos como concesionaria de una frecuencia de televisión abierta.
Estamos hablando del canal 28, cuya programación la llena la exhibición de viejas series extranjeras. La intención del dueño de Aerocalifornia era lanzar la frecuencia en los próximos meses con programación propia.
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