¿Estado de derecho?
Lanzada toda la fuerza del Estado contra el ex Jefe de Gobierno, Andrés Manuel López Obrador, por un presunto desacato a la orden de un juez, el gobierno foxista soslaya olímpicamente el incumplimiento por parte de Petróleos Mexicanos a una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Fechada el 13 de septiembre de 2005, la exigencia del máximo tribunal de justicia del país habla de desmantelar la exclusividad otorgada por 20 años a la empresa Mexicana de Lubricantes para vender sus productos en la red de gasolinerías de la paraestatal. Textualmente, la SCJN señaló que la concesión otorgada a la firma de capital mixto integrada a la privatización de las cinco plantas productoras de aceites y lubricantes de la empresa pública realizada en 1992, era contraria al artículo diez de la Ley Federal de Competencia Económica.
La exposición de motivos calificaba abiertamente de ilegal el establecer cláusulas de exclusividad en los contratos de franquicias y suministro y el de licencia de uso de mercancías.
La vela en el entierro del organismo llegó al elevarse hasta su pleno el punto final de un juicio de amparo promovido contra una resolución de la Comisión Federal de Competencia que ordenaba, justo, el desmantelamiento de la inexplicable prebenda.
Se diría, pues, que a Mexicana de Lubricantes le salió el tiro por la culata. Lo inaudito del asunto es que nueve meses después las cosas se mantienen en el impasse ante la protección abierta de la firma encabezada por Salvador Martínez Garza de un grupo compacto de panistas con etiqueta de ?distinguidos?, ante quienes le tiemblan las piernas a los funcionarios de Pemex.
A quién le importa si en el camino se atropellan los derechos de Sergio Díaz, uno de los más connotados miembros del grupo Amigos de Fox, en su condición de presidente de la empresa fabricante de aceites y lubricantes Bardahl. A quién le importa si en el camino éste ha tocado todas las puertas del gobierno federal, incluyendo la de su amigo, a cuyo equipo le solicitó hace unas semanas una cita para hablar como empresario con el Presidente de la República.
Agraviado por doble vía: la manita de puerco con que le despojó Petróleos Mexicanos durante el gobierno salinista de su marca Mex Lub? para otorgársela por 20 años a Mexicana de Lubricantes, y la imposibilidad de colocar su mercancía en la red al público de la paraestatal, Díaz lleva 15 años litigando en los tribunales.
En una de esas logró, tras un largo y farragoso proceso de cuatro años que culminó en el 2000, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitiera una resolución que le permitió recuperar su marca Mex Lub, lo que en el papel le daba derecho a colocarse en el alcance del contrato de exclusividad.
El problema, más allá de la resistencia de Pemex de caer en la trampita, fue que la paraestatal había alargado un año antes la exclusividad a favor de Mexicana de Lubricantes a una nueva marca: Akron, bajo el señuelo de ser complemento de Mex Lub.
Fechado el regalito, ?con los atentos saludos de Ernesto Zedillo Ponce De León?, el 15 de octubre de 1999, éste incluía 13 productos entre aceites, lubricantes, aditivos para gasolinas, aditivos para aceites, anticongelantes y líquidos de frenos.
Ahora que el tropiezo obligó al dueño de Bardahl a cambiar de estrategia, promoviendo esta vez una resolución judicial que permitiera mantener intacto el statu quo original, es decir la exclusividad para los productos Mex Lub, lo que logró hace unas semanas por parte del juez cuarto de Distrito en Materia Administrativa de Jalisco, Juan Manuel Villanueva.
Al amparo de ésta, la firma logró colocar sus productos en un segmento de la red de franquicias de Pemex ubicado en el Bajío? que se está estrechando ante la tozudez de Pemex en mantener cerrada la puerta a la competencia de la firma en que participa como socio minoritario.
A quién le importa si Mexicana de Lubricantes, pese a que a la privatización de las plantas de Pemex la filial de éste que las aglutinaba estaba sembrada como la número 38 en la lista de empresas gigantes del país, sólo le ha arrendado pérdidas.
Peor aún, 14 años después de la operación los socios privados no han terminado de cubrir el costo de las plantas.
Ahora que, más allá de Bardahl y de las 60 empresas nacionales y extranjeras a las que les afecta el desacato, el problema es el evidente atropello al estado de derecho. ¿Háganle como quieran?
Balance general
La razón de la caída en las encuestas del aspirante panista a la Presidencia de la República, Felipe Calderón Hinojosa, se ubica en una estrategia suicida para contrarrestar el golpe del cuñado incómodo: Negar lo evidente.
La catarata es interminable: Soslayar la entrega de contratos por la vía de asignación directa otorgados por Pemex a una de las 18 empresas de Diego Hildebrando Zavala, aduciendo que no estaba la firma del secretario de Energía en turno, es decir el propio Calderón, cuando ningún funcionario de ese nivel la estampa en operaciones de entidades sectorizadas.
Negar que la compañía Hildebrando tuviera problemas fiscales, cuando la Secretaría de la Función Pública la inhabilitó por tres meses al falsear datos de su relación con el fisco. Señalar a gritos que las cajas de supuestas pruebas entregadas por la coalición Por el Bien de Todos estaban vacías? para reconocer luego que estaban medio llenas.
Rechazar ?categóricamente? que la firma Hildebrando haya tenido un crecimiento espectacular en este sexenio, con una facturación de dos mil 500 millones de pesos, aduciendo que es falso que sus ganancias sean de ese monto. Lo grave del caso es que en la danza se metió, también en falso, el aparato gubernamental, lo que multiplicó por dos un grave problema de credibilidad. Digamos que la pasión ahogó a la razón.
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A menos de una semana de la fecha prevista para la entrega de posturas para adquirir Univisión, la principal cadena de habla hispana en los Estados Unidos, a la que Televisa llega con etiqueta de favorita, las dos empresas se vuelven a enseñar los dientes. La manzana de la discordia, esta vez, es la transmisión vía internet de los programas que la empresa de Emilio Azcárraga Jean le vende a la de allende el Bravo, que a juicio de ésta permiten los contratos y al de aquella lo prohíben expresamente. El asunto podría llegar a los tribunales.
Como usted sabe, las dos compañías están enfrascadas en dos juicios, uno por supuesto incumplimiento en el pago de porcentajes de comercialización, y otro por transmisiones al margen de los formatos previstos.
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La sorpresa la ofreció la empresa de telefonía Nextel, al solicitar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes la revocación del acuerdo de convergencia tecnológica, aduciendo que limita el desarrollo pleno de las firmas, es discriminatorio y promueve a los operadores dominantes a expensas del consumidor. Más aún, genera costos superiores a los posibles beneficios. El golpe, naturalmente, tiene dedicatoria a Telcel.
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Industrias Peñoles, una de las empresas más activas en materia de responsabilidad social, invirtió durante el año pasado 122 millones de pesos en diversos programas de desarrollo comunitario. La cifra equivale al uno por ciento de las utilidades de la firma que dirige Jaime Lomelín.
Lo relevante del asunto es que la compañía sometió su informe al rigor de una auditoría independiente realizada por el despacho Price Wather House Coopers.
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