Si el gobierno salinista le abrió la puerta a la más escandalosa concesión otorgada por Petróleos Mexicanos a una empresa de mayoría de capital privado que la ubica en condición monopólica, el zedillismo mandó hacer más ancho el marco? que el foxista se niega a clausurar
Estamos hablando, lo adivinó usted, del caso de Mexicana de Lubricantes, la firma que privatizó las cinco plantas productoras de aceites y lubricantes de la parestatal, que en conjunto integraban una empresa sembrada como la número 38 en la lista de las gigantes del país. La operación se pactó, en la cumbre del cinismo, a precio de quiebra, con la novedad que 14 años después no se han cubierto en su totalidad los abonos chiquitos pactados? en un escenario en que al interior de Petróleos Mexicanos nadie sabe, nadie supo en dónde quedaron los recursos. El regalo, fechado y firmado el 19 de enero de 1993, como le hemos comentado en este espacio, tenía un adendum o si lo prefiere un pilón: la exclusividad durante 20 años para distribuir los productos de la firma en la red de gasolineras de la paraestatal, bajo la marca MexLub? propiedad de la empresa Bardahl. La firma fue prácticamente obligada a cederle los derechos a título gratuito para explotación de la marca a la beneficiada, lo adivinó usted, por espacio de 20 años. Pues bien, hete aquí que en la recta final del sexenio zedillista se decidió otorgar una concesión más a Mexicana de Lubricantes: la extensión de la inaudita prerrogativa a un marca más: Akron, ?como complemento de MexLub?. La nueva marca en escena incluía una línea adicional de aditivos para gasolina, aditivos para aceite, anticongelantes y líquidos de frenos, entre otros. En total, se incluían a título de adendum de la exclusividad a que se obliga la red de seis mil franquicias de distribución de gasolina de Pemex, 44 productos: 31 bajo la marca MexLub y el resto como Akron. El documento lo firmaron el 15 de octubre de 1999 por parte de la supuesta licenciante el director general de Pemex Refinación, Jaime Mario Willars Andrade, y por parte de Mexicana de Lubricantes su director general, Octavio Sánchez Mejorada Velasco. A quién le importa si para entonces la Comisión Federal de Competencia, a solicitud de un grupo de empresas fabricantes de productos similares agrupado en la Canacintra, había abierto un expediente para analizar la evidente práctica monopólica, que culminaría con una resolución que obligaba a desmantelarla. A quién le importa si para entonces el escándalo había provocado la irritación de la opinión pública nacional e internacional. El caso es que, tras un farragoso proceso que se alargó cuatro años, en 2000 Bardahl recuperó, vía una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), su marca MexLub, lo que en el papel le daba derecho a colarse en el alcance del contrato de exclusividad. La paradoja del asunto es que Petróleos Mexicanos, ya bajo la administración foxista, pese a los mil documentos internos de sus funcionarios repudiando lo que se calificaba abiertamente de despojo a la Nación, se opuso con toda la furia a abrir la ventana? litigando en favor de Mexicana de Lubricantes. Más aún, en una flagrante violación a sus propios contratos permitió que la firma, encabezada por Salvador Martínez Garza, comercializara en la red de gasolineras una marca con su propia razón social. El caso es que la firma que preside Sergio Díaz, Bardahl de México, logró contra viento y marea colar sus productos MexLub en parte de la red, concretamente en la zona de occidente y el bajío. Y el caso es que la firma lograría del juez cuarto de Distrito en Materia Administrativa de Jalisco, Juan Manuel Villanueva, una suspensión provisional contra las acciones legales emprendidas por Pemex en su contra, que obliga a mantener el statu quo. Dicho con todas las letras, permanece la exclusividad para las marcas MexLub y Akron? con la novedad de que ahora éstas pertenecen a dos empresas distintas. El monopolio, así, mientras se resuelve de fondo el asunto, se convierte en duopolio. Bardahl, pues, derrotó con sus propias armas a la paraestatal, quien de impedir la comercialización en su red de los productos MexLub caería en desacato. Jaque a la impunidad. Balance general El primer asunto que encontrarán en la mesa los integrantes del pleno de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, digo de ratificarlo la Comisión Permanente pese al tortuoso procedimiento planteado por el gobierno foxista para colocar las propuestas, será la exigencia de regular los precios tope para la canasta de servicios de Teléfonos de México. De acuerdo con la reforma aprobada por el Congreso a la Ley Federal de Telecomunicaciones, la dependencia está obligada a fijar un máximo al que puedan bajar los costos al público de la telefonía, en afán de impedir el desplazamiento del mercado de la competencia, aprovechando la situación hegemónica de la firma. Dicho con todas las letras, se trata desde un ángulo de evitar la asfixia de las empresas rivales por la vía del canibalismo, y por otro de evitar que Teléfonos de México se despache con la cuchara grande en regiones donde no enfrenta ninguna competencia. El problema es que los topes se fijan cada cuatro años, vía un tortuoso proceso que prácticamente se extiende por todo el lapso.
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Aunque el lugar común habla de la cadena de tiendas Wal-Mart como la del más espectacular crecimiento en su piso de ventas, en perjuicio del micro, pequeño y mediano comercio, lo cierto es que es más el ruido que las nueces. Aunque hasta abril pasado la firma tenía 802 puntos de venta, en realidad 302 corresponden a sus restaurantes Vips y El Portón. Adicionalmente, de los 500 restantes hay que descontar 55 tiendas departamentales Suburbia y 70 macrotiendas bajo la marca Sam?s. En ese escenario, los autoservicios de la cadena suman sólo 380? frente a las más de mil tiendas Extra que mantiene el Grupo Modelo; las 800 de razón social Seven Eleven, o las cuatro mil 300 Oxxo de FEMSA (Fomento Económico Mexicano).
De acuerdo con la Cámara Nacional de la Industria de Televisión por Cable que encabeza Armando Puente, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes actúa con parcialidad al plantear un Acuerdo de Convergencia que en el papel permite a las firmas del ramo ofrecer servicios de telefonía, favoreciendo a Teléfonos de México. Dada la trascendencia de la medida, que en la frontera norte ha logrado abatir hasta 40 por ciento el costo del servicio, la dependencia encabezada por Pedro Cerisola, estaba obligada a consultar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Banco de México y la Comisión Federal de Competencia.
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A contrapelo de las empresas paraestatales que mantienen las cifras guardadas bajo siete candados, el grupo financiero Banorte está haciendo público el monto de su faltante de reservas para hacer frente al retiro de sus trabajadores. Estamos hablando de 18 millones de pesos. El cálculo de la intermediaria encabezada por Roberto González Barrera es amortizar el boquete en un lapso de diez años, es decir, el plazo en que se deberán atender las primeras solicitudes. La cantidad la determinó un despacho independiente de actuarios contratados por la firma financiera.
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