En lo que constituye una más de las mil paradojas del Gobierno foxista, una fracción de éste le acaba de ganar a otra un pleito en los tribunales, cuya manzana de la discordia era la Ley de Navegación y Comercio Marítimos que acota la posibilidad de operaciones de cabotaje a navieras extranjeras.
Petróleos Mexicanos contra Los Pinos, en una ofensiva que involucraba a las cuatro filiales de la paraestatal unidas en la causa común de abrir los puertos internos a barcos del exterior, bajo el pretexto de abatir costos. Aprobado por el Congreso y promulgado por el presidente Vicente Fox, el ordenamiento fue impugnado vía cuatro solicitudes de amparo planteadas en lo individual por Pemex Refinación, Pemex Exploración y Producción, Pemex Gas y Petroquímica Básica y Pemex Petroquímica.
A quién le importa si en la elaboración del texto intervinieron tres integrantes del Consejo de Administración de la paraestatal: su presidente, el secretario de Energía, Fernando Canales Clariond; el de Hacienda, Francisco Gil Díaz, y el de Comunicaciones y Transportes, Pedro Cerisola.
A quién le importa, en abundancia, si el principal impulsor de la ley, es decir el ex diputado panista César Patricio Reyes Roel, es hoy el coordinador general de Puertos y Marina Mercante, en tanto el colega con el que hizo mancuerna, José Tomás Leyva, se prepara para sucederlo en el cargo. A quién le importa si en su momento ni la Secretaría de Gobernación ni el Jurídico de la Presidencia de la República plantearon objeción alguna a la minuta turnada por el Congreso.
A quién le importa si la discusión del ordenamiento que sustituyó a la Ley de Navegación vigente desde 1994 se agotó en cuatro largos años, es decir trascendió dos legislaturas de la Cámara de Diputados.
El caso es que la juez séptima de Distrito en Materia Administrativa, Leticia Flores Díaz, rechazó la posibilidad de protección de la ley planteada ante los juzgados séptimo, octavo y décimo sexto de la Ciudad de México, aduciendo que no se justificaban los supuestos daños económicos que tendría la paraestatal.
El golpe, con evidente posibilidad de efecto-dominó, apuntó concretamente a la solicitud planteada por Pemex Petroquímica, quien alegaba que bajo el ordenamiento las navieras mexicanas se convertirían en intermediarias de las embarcaciones extranjeras.
Concretamente, entre los tres artículos impugnados se incluía el 40, que apunta a la posibilidad de otorgar contratos a navieras extranjeras siempre y cuando no hubiera condiciones técnicas para justificar la operación de navíos nacionales o imperara una causa de interés público. El terreno sólo podría allanarse vía la publicación de una licitación previa en la que participaran firmas nacionales.
Ahora que en la exposición de motivos se aducía que no existe una flota mercante mexicana, a soslayo de las 400 embarcaciones con las que opera Transportación Marítima Mexicana, o de las mil 800 que agrupan empresas como la Naviera Tamaulipas, IPC, Armamex, Diavaz o Naviera Integral.
Lo cierto es que bajo la ley que fue derogada se permitía abrir el escenario a navieras mexicanas con embarcaciones extranjeras bajo contrato de arrendamiento o fletamento a casco desnudo, lo que abría la puerta a la simulación.
Hete aquí que de pronto brotaban como hongos decenas de empresas de capital extranjero, por más que éste se reducía a la ridícula cantidad de 50 mil pesos, que supuestamente habían armado su flota con barcos arrendados a empresas mexicanas, sin justificar contablemente la operación.
Más aún, firmas multinacionales lograban que se abanderara sus naves a pretexto de utilizar tripulación mexicana, en un escenario en que millas adentro se arriaba la bandera de su país.
Lo inaudito del pataleo de Pemex frente a la exigencia de privilegios a navieras mexicanas en operaciones de cabotaje o navegación interior, es que la prohibición priva en el 95 por ciento de los países del planeta, con todo y globalización.
¿Se cerró la vía para algún negocito de fin de sexenio?
Balance general
Conjurada por decisión unilateral de la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación al desistirse de su petición de incremento salarial y mejora en sus prestaciones, lo cierto es que Mexicana de Aviación estaba dispuesta a dejar correr el tiempo que fuera la huelga programada para estallar el 14 de septiembre pasado.
La intención, paradójicamente, era colocar de espaldas a la pared a las mil 443 sobrecargos, para obligarlas a aceptar un programa de austeridad extrema, además de recortes selectivos que podrían alcanzar hasta el 20 por ciento de la nómina.
Digamos que el organismo sindical se adelantó, en prenda de buena fe, en la búsqueda de vías para salvar a la empresa, en la primera revisión salarial en décadas que se va en blanco. Por lo pronto, los dueños de la firma, encabezados por Gastón Azcárraga Andrade, están culpando al gobierno de haberles vendido una empresa cuya carga en materia de costos laborales es insostenible.
El pleito va ir creciendo.
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La paradoja del caso, frente a la virulencia con que pelean la cadena de autoservicio Gigante y el ex propietario de los almacenes Blanco, Estanislao Blanco Caldevilla, los puntos y las comas de un contrato de depósito mercantil firmado para garantizar presuntos vicios ocultos en los activos adquiridos por la primera hace 14 años, es que la compra de las populares tiendas se pactó? en una servilleta de papel.
Reunidos en un comida de amigos, Ángel Lozada Gómez y Blanco, al que coloquialmente se le ubica como ?Tanis?, pactaron a la sobremesa el negocio, fijando en el primer papel a la mano más o menos el precio y las condiciones.
Más tarde, el fallecido propietario de la cadena llegaría ante su abogado para que plasmara en un contrato en forma los puntos pactados a nivel de caballeros.
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En una probadita de lo que vendría de autorizar la Secretaría de Hacienda a la cadena Wal Mart operar un banco, hete aquí que los Almacenes Coppel, a quien se le concedió hace unos meses una licencia similar, está otorgando en un lapso de 15 minutos tarjetas de crédito a la clientela que cumpla los requisitos de expedición.
Los bancos comerciales tardan dos semanas en cubrir el trámite.
Ahora que ante el peligro a la vista las intermediarias están realizando una campaña subterránea para disuadir a la autoridad a negar la autorización, aduciendo que en los Estados Unidos los intentos se han estrellado una y otra vez ante el temor de abrir una competencia desleal.
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Ubicada en Tlaquepaque, Jalisco, la nueva planta de la firma fabricante de suplementos alimenticios Omnilife permitirá surtir a sus 152 centros de distribución en 18 países.
La factoría concentra todas las empresas de la empresa de Jorge Vergara dedicadas a la investigación, elaboración y distribución de sus productos que alcanzan ya 15 años de presencia en el mercado.
La intención es que la compañía crezca cinco tantos más en los siguientes años, lo que permitiría ampliar la planta en esa proporción.
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Con una inversión de 100 millones de dólares, el grupo Maseca inaugura hoy su primer planta de tortillas en China, concretamente en Shangai, cuya novedad será una oferta de frituras y totopos de infinidad de sabores. La fiesta la cuida personalmente el presidente de la firma, Roberto González Barrera.
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