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EMPRESA | Fuego cruzado

ALBERTO BARRANCO

Fuego cruzado

Convertida en muro de lamentaciones la posibilidad abierta por el Senado de la República de trocar por un acuerdo entre las partes la amenaza de una ley que regule la convivencia entre las cadenas mercantiles, sus proveedores y el pequeño comercio, las denuncias brotan como hongos de los tres frentes.

Mientras los organismos de representación industrial hablan de abusos sin fin de los ejecutivos de compras de las cadenas, que imponen precios a su voluntad bajo la amenaza de borrar de un teclazo de computadora a una firma de la lista de proveedores, tras un plazo de reflexión de 20 segundos: lo-tomas-o-lo-dejas? ?éstas se quejan de que empresas como el grupo Bimbo condicionan el abasto a que no se contrate a ningún productor de pan de caja entre las empresas regionales en surgimiento.

Y en tanto los propietarios de tiendas de abarrotes hablan de una mortandad de 50 por ciento ante la expansión incontenible de los autoservicios, las pequeñas industrias se duelen de devoluciones arbitrarias de mercancías, a pretexto de que dos de los productos están en mal estado. Y como la factura habla de tres mil?

De hecho, la propuesta de un ?Acuerdo de Prácticas Comerciales para la Competitividad?, colocada en la mesa por la Confederación de Cámaras Industriales, plantea eliminar por la vía de la buena voluntad de las partes lo que califica de procedimientos ilegítimos La lista es larga:

Se habla, por ejemplo, de desterrar las prácticas de precios depredatorios, es decir vender un producto por debajo de su costo en afán de sacar del mercado a la competencia, planteando que ésta será válida sólo en casos puntuales y temporales, por ejemplo en mercancías con desperfectos, desuso, obsolescencia, o bien cuando se trate de ventas de liquidación o ventas de saldos.

Más allá, se plantea la exigencia para proveedores y compradores de cumplir estrictamente con lo estipulado en sus contratos comerciales, ?incluyendo lo relativo a estipulaciones financieras, precios, descuentos, condiciones y oportunidad de entrega de productos y /o servicios, recibo de los mismos y plazo para el pago?. En el caso de las campañas promocionales, se estipula que la participación de los proveedores será voluntaria, ?de tal manera que la negativa a participar en las mismas no podrá dar lugar a ningún tipo de retaliación?.

Del otro lado de la moneda, en caso de incumplimiento por parte del comprador de las condiciones fijadas para realizar una promoción, éste estará obligado a ofrecer una compensación en los términos pactados por las partes.

Desde otro ángulo, cuando se presenten excesos de inventarios las partes podrán acordar las estrategias comerciales para solucionar la situación. Adicionalmente, se pretende que las cadenas precisen claramente y por escrito las causales de devolución de los productos, de conformidad con la categoría y características específicas de cada uno. Sin embargo, tanto una como otras partes podrán abstenerse de recibir o devolver el producto cuando se incumplan los términos previstos en el contrato.

Empero, ?no se permitirá la devolución de mercancías cuando por causas de una mala planificación de inventarios se pretenda corregir errores, o por bajas ventas del producto se pretenda cargar el peso en el proveedor?. Ahora que ?el proveedor y los compradores no podrán ejercer ningún tipo de represalia como consecuencia de una denuncia por infracciones previstas en las normas de libre y leal competencia?.

Como le comentábamos ayer, en caso de controversias entre las partes, éstas se dirimirán a través de una Comisión Administradora en la que habría una representación paritaria. Analizado el caso, el órgano arbitral podría incluso establecer penas convencionales que se calcularían en relación al monto de las operaciones afectadas durante los seis meses previos a la falta denunciada. Ahora que la supervisión del acuerdo la realizaría en lo general la Secretaría de Economía, quien tendría facultades para plantear observaciones.

En otro ámbito, la dependencia emitirá un reglamento para regular el establecimiento de las tiendas de grandes superficies en zonas donde tradicionalmente se ha asentado el micro, pequeño y mediano comercio. De alcanzar consenso la propuesta, ésta la firmarían la propia Concamín, la Concanaco, el Consejo Nacional Agropecuario, el Consejo Mexicano de la Industria de Productos de Consumo, la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales y la cadena de tiendas Wal Mart.

El primer paso en firme, dicen, hacia la autorregulación.

Balance general

A la callada, Televisa acaba de ganar un juicio que le impide a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores hacer efectivo un requerimiento de información solicitado por un particular con base en la Ley Federal de Transparencia.

La solicitud pedía transparentar la compra por parte de la firma de Emilio Azcárraga Jean de las acciones que constituían el capital del llamado Grupo Alameda, al que se ubicaba como controlador de la televisora. Realizada en 1999, tras la muerte de Emilio Azcárraga Milmo, conocido como el Tigre, la operación se pactó en mil 256 millones de dólares, para cuyo pago la empresa vendió lo mismo terrenos que yates y activos menores.

Entre los accionistas de la holding estaban Miguel Alemán Velasco, Miguel Alemán Magnani, Guillermo Cañedo White y Rómulo O?Farril.

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Por cierto, la principal televisora del país desmiente que haya integrado un consorcio para comprar la concesión de la mayor cadena de habla hispana en los Estados Unidos, Univisión.

De hecho, dice, apenas está en periodo de análisis si le entra o no a la subasta. De acuerdo a versiones de la prensa internacional, la firma de Emilio Azcárraga Jean se habría asociado en la pelea con el grupo Cismeros de Venezuela, propietario de la principal cadena del país sudamericano; con el empresario de medios Haim Saban y las firmas financieras Madison Deaborn Partners y Providence Equity Partners.

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Solamente el año pasado, a contrapelo de las advertencias de sobreendeudamiento por parte de corredurías, Petróleos Mexicanos emitió Certificados Bursátiles de largo plazo por un global de 78 mil 672 millones de pesos.

El monto alcanza el 26.57 por ciento de la totalidad de las colocaciones realizadas en el lapso.

El segundo lugar le corresponde a Banorte, con el 15.52, es decir 45 mil 940 millones; el tercero al Banco Nacional de México, con el 9.78 (26 mil 900 millones); el cuarto a la Comisión Federal de Electricidad con el 6.04 (17 mil 879), y el quinto a la Sociedad Hipotecaria Federal con el 4.50 (13 mil 500).

A propósito, las emisiones a la vista más cuantiosas las colocarán en la mesa Banamex y CFE. Estamos hablando de cinco mil millones de pesos por cada una de ellas, en ambos casos a tasa flotante.

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Quien logró la hazaña de ganar dos veces el premio de Economía Banamex es el director general adjunto de la Bolsa Mexicana de Valores, Alejandro Reynoso Del Valle.

El ex funcionario de la Secretaría de Hacienda había ganado el codiciado galardón hace 15 años, tras su regreso al país después de estudiar un doctorado en los Estados Unidos.

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El primer resultado concreto del acuerdo de coinversión firmado entre el grupo financiero Banorte de Roberto González Barrera y el gobierno de Oaxaca, será la edificación de dos ?ciudades administrativas?, cuyo valor alcanzará 900 millones de dólares.

Las obras incluyen la construcción de una carretera de 130 kilómetros que unirá la capital de la entidad federativa con Huatulco.

albertobach@yahoo.com.mx

barrancoalberto@prodigy.net.mx

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