En convocatoria al inaudito, Nacional Financiera está solicitando a la Secretaría de Economía el inicio de un procedimiento administrativo para revocar la autorización con que se permitió la participación de capital mayoritario extranjero en la mayoría de los bancos del país.
El jaque, planteado hace unas semanas por el banco de desarrollo concebido como apéndice del gobierno, alcanza lo mismo al poderoso Citicorp de los Estados Unidos, propietario de Banamex, que a los españoles Bilbao Vizcaya Argentaria, dueño de Bancomer, y Santander Hispano Mexicano, de Serfín, además del canadiense Novascotia, de Inverlat.
Más aún, ya metida en gastos, la intermediaria estatal más importante del país está colocando la mira más lejos aún, apuntando a las operaciones que le permitieron al propio banco Bilbao Vizcaya adquirir el Banco Mercantil Probursa; al Citibank de los Estados Unidos hacerse de Banca Confía, y al Santander Central Hispano alcanzar el grupo financiero Inverméxico.
El eje del insólito que enfrenta a dos segmentos del gobierno foxista se ubica en la forma en que el Servicio Panamericano de Protección se convirtió de la noche a la mañana en propiedad del capital extranjero, a contrapelo de las leyes en materia.
La vela en el entierro de Nacional Financiera se ubica en su condición de fideicomisario de un segmento del capital de la empresa transportadora de valores, propiedad de una sociedad estadounidense denominada Brink´s Incorporated.
El fideicomiso se identifica con el número 241-5. La firma, con el 20 por ciento del capital, se mantenía como la principal accionista de la controladora del Servicio Panamericano de Protección: Operadora Especializada de Transportes.
Juntos, el paquete tutelado por Nacional Financiera y el que mantenía el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, cuyo monto era de sólo 0.24 por ciento, colocaban a la firma constituída el 22 de marzo de 1965 como proveedora de servicios de autotransportes federal de carga, bajo control estatal? sin considerar, naturalmente, que 1982 a 1991 los bancos que participaban en la sociedad eran propiedad del gobierno.
Hasta antes de la privatización de éstos el segundo accionista más importante de la empresa de la discordia era Banca Serfín, con el 13.11 por ciento, seguido del Multibanco Comermex y Banamex con el 9.82 por ciento cada uno de ellos; Bancomer con el 9.50, y Banco Del Atlántico y Banco Mexicano Somex con el 6.58 respectivamente.
Además, aparecía el Banco Minero y Mercantil con el 5.20 por ciento, y con menos del cinco por ciento participaban Banca Confía, Banco Mercantil de Monterrey, Banco del País y Banco Internacional.
BCH (Banco de Cédulas Hipotecarias) y el Banco Refacionario de Jalisco tenían por su parte un porcentaje individual de uno por ciento, y con menos de ello participaban el Citibank, Banco Promex, Multibanco Mercantil de México y Banobras.
A la privatización de las sociedades nacionales de crédito realizada por el gobierno salinista, las acciones cambiaron de manos, pero se mantuvieron con una abrumadora mayoría mexicana.
El problema llegó cuando el fragor de la crisis de pagos del país de 1995 obligó a cambiar la recomposición accionaria y permitir la llegada de capital mayoritario extranjero.
Convertido en Bital, el Banco Internacional, por ejemplo, fue adquirido por el inglés HSBC, en 2002, y antes Novascotia adquirió Inverlat; el Citicorp a Banamex; Bilbao Vizcaya se hizo de Bancomer y el Banco Central Hispano engulló a Serfín. El caso es que en la remolina el capital externo se volvió dueño absoluto del Servicio Panamericano de Protección, lo que viola flagrantemente lo dispuesto en la Ley de Inversiones Extranjeras, uno de cuyos artículos señala a la letra que no se puede adquirir acciones de una sociedad que a su vez es accionista de otra que se dedique al transporte terrestre nacional de pasajeros, turismo o carga.
De hecho, el artículo cuarto de la Ley para Promover la Inversión Mexicana y Regular la Extranjera estipula a la letra que la actividad está reservada a mexicanos con cláusula de exclusión de extranjeros.
Ahora que la participación de la empresa estadounidense Brink´s Incorporated, vía capital neutro, llegó cuando se permitía la posibilidad, es decir sin entrar en vigor aún las leyes de Inversión Extranjera y para Regular la Inversión Extranjera.
De hecho, la irregularidad había sido advertida desde 2002 por el despacho Mancera Ernest & Young en su caracter de auditor independiente del Servicio Panamericano de Protección, señalando a la letra que ?una parte significativa del capital social de la compañía se encuentra indirectamente en poder de los inversionistas extranjeros, ya que éstos son los propietarios actuales de los principales bancos nacionales, que a su vez son los principales accionistas de la firma?.
De hecho, los auditores recomendaban una reestructura ?que le evite situaciones legales a la empresa para continuar en el giro de autotransporte de carga federal, el cual se encuentra limitado a la inversión nacional?. La observación la reiteraría un año después el propio comisario de la sociedad.
Por lo pronto, la intervención de la Secretaría de Economía en el asunto la solicita Nacional Financiera vía su apoderado, Igor Trujillo. El caso, como lee usted, saca chispas.
Balance general
Hete aquí que inquirido por el juez décimo de Distrito en Materia Administrativa del Distrito Federal para responder a una demanda planteada por la empresa Bardhal de México contra la negativa de Petróleos Mexicanos a comercializar sus productos en la red de gasolineras de la paraestatal, el ex director de Pemex Refinación, Juan Bueno Torio, cometió el delito tipificado como falsedad en declaraciones a una autoridad.
El ex funcionario negó, sin que le temblara la voz, la existencia de un contrato de exclusividad a favor de Mexicana de Lubricantes para vender sus mercancías en las franquicias de la empresa pública.
A quién le importa si el documento, firmado el 19 de enero de 1993 tras la privatización de las cinco plantas productoras de aceites y lubricantes de la paraestatal, está integrado a una docena de expedientes judiciales, además del que abrió la Comisión Federal de Competencia en 1997 para investigar la evidente práctica monopólica.
A quién le importa, en abundancia, sí hay una cláusula en el contrato de franquicia de las gasolineras que las obliga a vender sólo la marca Mex Lub? a la que se agregaría en 1999 a Akron. Bueno Torio, como usted sabe, es candidato del PAN a una senaduría por el estado de Veracruz.
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A contrapelo de las versiones que hablan de su eventual traspaso, el banco de inversión Protego, cuyo socio principal es el ex secretario de Hacienda, Pedro Aspe Armella, no está en venta. El movimiento en puerta es una fusión a una instancia similar de los Estados Unidos, de cuyo tamaño habla la cotización de sus acciones en la Bolsa de Wall Street.
La sociedad mexicana, pues, se refuerza. Surgido en 1996 el banco de inversión ha sido asesor en más de 150 transacciones, ya colocaciones de capital privado, fusiones y adquisiciones; financiamiento de proyectos de energía; reestructuraciones corporativas y financieras, y financiamiento de estados, municipios y organismos.
Fusionado originalmente a la Casa de Bolsa Vector, Protego se convirtió en sociedad independiente en abril de 2001.
En el camino participó en la adquisición de activos de Kimberly Clark México por parte del grupo Copamex; en la venta de Empresas La Moderna a la compañía inglesa British American Tobacco; en el de desarrollo de una planta termoeléctrica de Cementos Mexicanos en Tamuin San Luis Potosí, y en la adquisición de Seguros Comercial América por parte de la firma holandesa ING.
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