Luz en el túnel
La historia se inicia en 1992, cuando cuatro pequeñas cementeras de Florida presentan una denuncia contra las cementeras mexicanas ante el Departamento de Comercio, acusándolas de exportar con ventajas artificiales.
Acicateado más por sus necesidades internas que por la presión del gobierno mexicano,
Estados Unidos le abrió finalmente la puerta de salida a una infamia mantenida tenazmente durante 14 años: la imposición de impuestos compensatorios al cemento nacional.
De acuerdo con el esquema previsto, los tributos extraordinarios al ingreso del producto mexicano se reducirán al mínimo durante los próximos tres años, para desaparecer totalmente en el 2009.
Dicho con todas las letras, empresas como Cementos Mexicanos o Cementos de Chihuahua pagarán sólo tres dólares por tonelada exportada, frente a los 26 que se exigían con el último ajuste realizado por la Comisión Internacional de Comercio del vecino país.
La motivación es simple: Estados Unidos no tiene suficiente cemento para emprender la reconstrucción de las zonas arrasadas por la furia del huracán Wilma.
Lo curioso del caso es que ante un escenario similar, hace ocho años, la Casa Blanca no quizo o no pudo doblegarse, pese a la presión de cuatro gobernadores que pintaban un escenario de retraimiento de las obras públicas de infraestructura ante una grave escasez de cemento.
Más aún, tampoco hubo flexibilidad cuando un panel de solución de controversias de la Organización Mundial de Comercio le dio la razón a México, tras analizar las razones para imponer la sanción por presuntas prácticas desleales en su modalidad de dumping, es decir exportar a precio inferior al del mercado de origen.
La conclusión del grupo de expertos que analizó el asunto era simple: el proceso lo motivó más que el interés de los consumidores la rivalidad comercial de las firmas hegemónicas en el planeta.
De hecho, la resolución recomendaba con todas las letras la devolución inmediata de los impuestos compensatorios cobrados hasta entonces por el gobierno de los Estados Unidos. La historia se inicia en 1992, cuando cuatro pequeñas cementeras de Florida presentan una denuncia contra las firmas mexicanas ante el Departamento de Comercio, acusándolas de exportar con ventajas artificiales.
Lo cierto es que el litigio se abrió justo cuando la principal carta del país, Cementos Mexicanos, iniciaba una agresiva expansión a los Estados Unidos, abriendo plantas y consolidando centros de acopio para organizar su exportación.
Había que frenar, pues, la competencia al precio que fuera.
La paradoja del caso es que la llegada de las cuotas compensatorias, impulsaría a la firma de Lorenzo Zambrano a su expansión internacional, iniciada con un golpe que a muchos les pareció demasiado audaz: la compra de las firmas españolas Valenciana de Cementos y Sanson.
Al acicate, pues, de la adversidad, Cementos Mexicanos pasaría de la cuarta a la tercera posición en el listado mundial de firmas de su ramo, en tanto Cementos de Chihuahua aguantó el embate, reforzando y ampliando, pian pianito, sus posiciones en Estados Unidos, sin descuidar la exportación, pese a que en las diversas etapas de revisión, los impuestos extraordinarios llegaron a ser de hasta 79 por ciento del precio por tonelada.
Ahora que el ultimo capítulo del asunto está por escribirse.
Estamos hablando del destino de los impuestos compensatorios aplicados a las firmas mexicanas durante los 14 años de castigo, cuyo monto araña los 300 millones de dólares.
De acuerdo con las leyes de Estados Unidos, una vez cerrado el expediente el dinero se derrama entre las empresas que plantearon la querella, en su calidad de damnificadas por la práctica desleal, a diferencia de lo que ocurre en el país, donde los recursos se integran sin más a las arcas públicas. El caso es que por la forma de cerrarse el caso y con el antecedente de la resolución de la OMC, las firmas mexicanas estarían en su derecho de pelear la devolución de los recursos. De hecho, Cementos de Chihuahua ya hasta hizo un cálculo preliminar de lo que les tocaría: 40 millones de dólares. Digamos que el gobierno tendrá frente así la posibilidad de sacarse la espina del abandono a su suerte de las cementeras, al pelear la justeza de la devolución.
Luz en el túnel.
Balance general
Aprobado un punto de acuerdo por el pleno de la Cámara de Diputados en diciembre pasado, solicitando a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes la rescisión administrativa de la concesión para operar el Grupo Aeroportuario del Pacífico, ante un cúmulo de irregularidades detectadas, hete aquí que más de un mes después la dependencia no ha planteado su respuesta.
Peor aún, al parecer ya se logró concretar el traspaso de la mayoría del capital de control que mantenía la firma Holdimex, propiedad del presidente de Jugos Del Valle, Roberto Albarrán.
Cerrado el capítulo, la puerta, en el papel, quedaría abierta para la colocación en los mercados internacionales del 85 por ciento del capital de las terminales aéreas.
Como usted sabe, entre las objeciones de los legisladores está una supuesta simulación en la compra del paquete, al pagar su monto uno de los socios españoles del grupo: concretamente Unión Fenosa.
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Lo indignante del asunto, en el penoso caso de los hermanos Ana María, Patricia Gabriela y Manuel Lance De la Parra, presos desde el 25 de noviembre pasado en el penal de Topo Chico de Monterrey, es la forma en que se les apresó.
Hete aquí que citados con urgencia en las oficinas del grupo financiero Banorte de la capital de Nuevo León, según ello para convenir un arreglo en su pretensión de validar dos sentencias judiciales a su favor, fueron detenidos, tras agredirlos física y verbalmente.
Los agresores dijeron ser agentes del ministerio público, por más que no mostraron identificación alguna.
Empujados con violencia a dos vehículos particulares, los hermanos fueron conducidos al sótano del edificio de Banorte, donde les tomaron fotografías y huellas digitales sin explicación alguna, trasladándolos posteriormente al penal de Topo Chico. La familia, sabría más tarde, está acusada de fraude en grado de tentativa.
La fianza exigida para dejar la cárcel es de tres millones de pesos para cada uno de los hermanos.
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Ajeno el tema de América Latina en el Foro Económico Mundial que se efectúa anualmente en la ciudad suiza de Davos, al concentrarse la atención en el crecimiento espectacular de China y la India, esta vez
la delegación mexicana es muy raquítica. Apenas una docena de empresarios, la tercera parte de los habituales, destacando sólo un puñado de figuras: los presidentes de Fomento Económico Mexicano, José Antonio Fernández; del Grupo Salinas, Ricardo Salinas Pliego; de Omnilife, Jorge Vergara; del Grupo Mexicano de Desarrollo, Jorge Ballesteros, y de Cinepolis, Alejandro Ramírez.
Por el sector público acuden al evento iniciado ayer los secretarios de Energía y Economía, Fernando Canales Clariond y Sergio García de Alba, además del gobernador de Nuevo León, Natividad González Parás.
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Hete aquí que tras un largo viaje de diez horas a Chile iniciado a mediodía de ayer, los dirigentes empresariales que acompañaron al presidente Vicente Fox al país andino fueron cortados de la comitiva al seguir la gira hacia Honduras. Su presencia se concretó a acudir a una cena.
albertobach@yahoo.com.mx
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