Luz y sombra
A contrapelo del entredicho constitucional en que colocó la Suprema Corte de Justicia de la Nación a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, en que se sustentan los permisos para generación privada, el Gobierno foxista ha entregado en los últimos cuatro años 218 de ellos.
Lo inaudito del asunto es que la carrera se aceleró justo al conocerse la resolución del máximo tribunal, señalando que el ordenamiento planteado por el Gobierno salinista y aprobado por el Congreso en 1992, contrapone lo dispuesto en el artículo 27 de la Carta Magna. Si en el 2002 la Comisión Reguladora de Energía le dio luz verde a 28 proyectos, y al año siguiente a 27, en 2004 la cuota bajó a sólo 17? para crecer a 143 el año pasado.
La lista, en este último caso, incluye desde plantas industriales hasta cadenas mercantiles, pasando por empresas de servicios y oficinas gubernamentales, alimentándose las plantas lo mismo con gas natural que con energía eólica o diesel, predominando abrumadoramente este último combustible.
Estamos hablando de industrias como Bimbo, Barcel, Porcelanite, Bayer de México, Grupo Gamesa, Cervecería del Pacífico, Latinoamericana de Vidrio, Loma Textil, Toshiba, Energía Costa Azul, Textiles Denín, Tablex Miller, Alimentos Kowi o Polímeros y Derivados. De empresas gigantes de servicios como Telmex y de cadenas mercantiles como Wal Mart.
Más allá, los permisos incluyen, entre otros, a la cadena Cinemex, al hospital Médica Sur y a las inmobiliarias Puerto Maya y Roy.
La novedad es que si hasta 2002 los permisos apuntaban hasta a cinco industrias, con posibilidad de vender excedentes a la Comisión Federal de Electricidad, hoy la generación privada se da por goteo. Teléfonos de México, por ejemplo, ha ido lento al dotar de energía propia a sus centrales, como lo hizo en 2002 la cadena Liverpool o lo empezó a hacer Soriana en 2003, en tanto Bimbo llegaba a sus plantas en el sureste antes de perfilarse al centro.
Más aún, si la empresa española Iberdrola inauguró en 2002 su planta en Nuevo León con la novedad del uso de gas natural o gas vapor, y Parques Ecológicos de México le abrió la puerta a la energía eólica, al año siguiente la Proveedora Nacional de Electricidad y la Proveedora de Electricidad del Oriente metieron al escenario al agua, vía el uso de turbinas hidráulicas.
Sin embargo, el común denominador es el uso de diesel, en un marco en que las empresas están realizando adaptaciones en sus plantas de emergencia para abastecerse de energía eléctrica en las llamadas ?horas pico?, es decir en las que se imponen las tarifas más altas.
Lo que antes, pues, servía de antídoto para los apagones, ahora alimenta tres, cuatro y hasta seis horas a las firmas, en perjuicio de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro o de la Comisión Federal de Electricidad.
El problema, pecatta minuta, es que en su prisa por privatizar la energía eléctrica la Comisión Reguladora de Energía olvidó un detallito: exigir el uso de filtros para proteger el ambiente. Como usted sabe, de acuerdo con los expertos, el diesel utilizado como combustible genera los tóxicos más dañinos para la salud.
?Los partículas finas se producen principalmente, por la quema incompleta de combustible en los motores a diesel ?señala a la letra un estudio del premio Nobel de Química, Mario Molina, publicado por la revista Nexos?, y resultan de especial peligro para la salud ya que los sistemas humanos de filtración de aire no las retiran de forma eficiente y se alojan directamente en los pulmones?.
De hecho, en la coyuntura está llegando a México, vía la empresa Equipos de Propulsión y Generación, la firma canadiense DEC International, con una oferta de equipos para eliminar la mayor parte de los tóxicos, o si lo prefiere para parchar la omisión. La pregunta es simple: ¿no hay coordinación entre las entidades públicas, o se trata simple y llanamente de privatizar al precio que sea?
Balance general
Esta mañana en una de las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se decidirá la suerte de 310 trabajadores de la Sociedad Cooperativa que editaba el diario La Prensa, al aceptarse o rechazarse una solicitud de amparo contra una resolución judicial que anula un laudo a su favor.
El pleito, cuyo eje es el reclamo de nulidad de una asamblea amañada que decidió la venta del rotativo a los inversionistas Carlos Abedrop y Jesús de Polanco, lleva nueve años en tribunales, lapso en el cual han muerto 40 reclamantes.
Lo inaudito del asunto es que tras la victoria en primera instancia de los cooperativistas, un tribunal de alzada anuló la sentencia, alegando lo inaudito: que el reclamo debía haberse endosado contra la Sociedad Cooperativa.
Más aún, la apelación de los trabajadores se estrelló ante otro argumento: que dos de las firmas de sus representantes habían sido falsificadas, por más que había un peritaje que las avalaba y otro que las objetaba.
Colocado como tercero en discordia, un perito de la Procuraduría General de la República cargó los dados contra los trabajadores, por más que se alega que su dictamen se entregó en blanco. La hora cero, pues, toca a la puerta.
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A finales del mes que corre, finalmente, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes lanzará la convocatoria para la licitación del tren bala México-Guadalajara, que representaría, junto con el suburbano, la resurrección del transporte ferroviario de pasajeros.
El handicap para las firmas que le entren a la pelea, es decir el grupo ICA o la española FCC, será plantear tarifas en línea de batalla con las que están ofreciendo las empresas aéreas de bajo costo como Interjet, Volaris o Click.
La intención será operar el servicio en 2008, con una inversión de 800 millones de dólares.
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Deshojada la margarita, finalmente el ex presidente de la Concamín, Javier Prieto de la Fuente, no aceptó la posibilidad de su inclusión para un escaño en la Cámara de Diputados por la vía plurinominal y bajo las siglas del Partido Acción Nacional (PAN).
El ex ejecutivo de Cementos Mexicanos se mantendrá como jefe de asesores del secretario de Gobernación, Carlos Abascal Carranza, hasta el fin del sexenio.
Otro que le dijo no a la posibilidad fue el director de Banobras, Luis Pazos.
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De acuerdo con el cálculo de uno de los lectores de esta columna, Enrique García Corona, considerando que las gasolineras reciben una comisión de 6.5 por ciento por cada litro de gasolina y se roban diez por ciento del combustible, en un máximo de dos meses recuperarían los 15 mil dólares que les cuesta cambiar los dispensadores en acatamiento a la exigencia del gobierno.
Estamos hablando de un promedio de abasto por bomba de 100 vehículos al día, consumiendo entre 25 y 50 litros por unidad. En paralelo, aduce que aunque no se ha incrementado la comisión de las gasolineras, la base para el mismo ha crecido en los últimos diez años ante el incremento en el precio de los combustibles.
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La oposición de los acereros a la posibilidad de una nueva baja en los aranceles o impuestos de ingreso del producto al país se explica frente a la perspectiva de un crecimiento de 3.8 por ciento en la demanda prevista para este año.
Esta se orientará fundamentalmente hacia la industria automotriz y los sectores electrodomésticos y de la construcción.
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