Sobredimensionado, al fragor de las campañas electorales, el conflicto entre la empresa Equipamientos Urbanos de México, conocida como Eumex, y el gobierno capitalino, las versiones hablaban de que el expediente estaba integrado a la agenda de los representantes de España ante la Cumbre de Viena.
Según ello, el presidente del país ibérico, José Luis Rodríguez Zapatero, a la par del propio rey, Don Juan de Borbón, estarían al acecho del presidente Vicente Fox en la reunión celebrada la semana pasada, para externarle su malestar por el asunto.
En la argumentación, como no queriendo la cosa, se hablaría de España como el segundo inversionista más grande de nuestro país, después de Estados Unidos naturalmente, con dos mil empresas construyendo progreso.
Más aún, ahí como no queriendo la cosa, se deslizaría que el 25 por ciento de las apuestas productivas en México las han sembrado países integrados a la Unión Europea.
La pinza la cerraría un enérgico desplegado de protesta avalado por el Consejo Coordinador Empresarial y signado por la totalidad de las representaciones cupulares, denunciando la grave ausencia de estado de derecho en el país, que coloca en riesgo la confianza de los inversionistas.
El gobierno de la ciudad, pues, quedaría en la picota. El problema es que al final del día no embonaron las piezas del rompecabezas.
Y el problema es que tras las bambalinas de la puesta en escena del sainete se encuentra una resolución del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, quien revocó un amparo obtenido por Eumet contra la cancelación del Permiso Administrativo Temporal Revocable otorgado a Servicios Metropolitanos (Servimet), una paraestatal del propio gobierno capitalino, en cuya coyuntura trabajaba la firma de capital hispano. Firmado el 15 de julio de 1994, durante la gestión de Oscar Espinosa Villarreal, en cuya vereda se paseó impune la corrupción, el permiso le concedía a Servimet la facultad para administrar por sí o por terceros los dos mil 500 cobertizos o parabuses de la ciudad.
En el camino, Eumex logró que el subcontrato otorgado por la empresa pública se extendiera al suministro, instalación y mantenimiento de dos mil 500 soportes de información, 35 cabinas de taxis, 250 puestos de periódicos, además de encargarse de recolección de basura selectiva, como pilas y baterías contaminantes.
La infraestructura sería entregada en propiedad al gobierno de la ciudad, a quien se pagaría anualmente una participación de lo obtenido por la firma en la explotación publicitaria de los espacios.
En el 2004, por ejemplo, ésta fue de 12 millones de pesos, que según el alegato de Eumex representaron una cifra cinco tantos superior por metro cuadrado a las tasas que se le cobran a otras empresas por concepto de vallas, carteleras, espectaculares, columnas o quioscos de flores.
Ahora que en contraprestación adicional, Eumex le ofrece al gobierno del Distrito Federal, a título gratuito, el 10 por ciento de los espacios para realizar campañas de contenido social, turístico o de interés cívico y cultural. Lo curioso del caso es que en su pataleta frente a la pérdida del litigio que la colocó en el limbo, la firma creada en 1995 señala que en su derrota influyó el escaso interés de Servimet -empresa cuyo presidente es el propio Jefe de Gobierno- para defenderse.
Haga de cuenta, toda proporción guardada, que Petróleos Mexicanos estuviera obligado a defender en los tribunales el absurdo contrato que le otorgó el gobierno salinista a la empresa Mexicana de Lubricantes, que le permite mantener un monopolio de 20 años en la distribución exclusiva de sus productos vía la red de gasolineras de la paraestatal.
Y lo curioso del caso, además, es que el escándalo desatado por el asunto tenga apenas la milésima parte de decibeles de otros en que están involucradas empresas españolas. Para no ir lejos, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes descalificó olímpicamente a las constructoras FCC Construcciones y Acciona en su pretención de construir y operar el libramiento Arco Norte de la ciudad de México, pese a que su oferta era sensiblemente mejor a la planteada por la que se le asignó el contrato, es decir la Impulsora de Desarrollo de América Latina de Carlos Slim.
El caso es que ésta planteó una tarifa de peaje por kilómetro recorrido de una vía de 224, 34 centavos arriba de las firmas peninsulares, lo que implica que a lo largo de la concesión los usuarios pagarán 13 mil millones de pesos adicionales.
Más aún, el contrato se entregó sin que se hayan resuelto las reclamaciones de las empresas españolas.
Ahora que Equipamientos Urbanos mantiene contratos en 11 ciudades adicionales del país, incluídas Guadalajara, Monterrey, Querétaro y Puebla, además de ramificaciones en Canadá, Chile, Argentina, Colombia, Panamá, Costa Rica, Guatemala, El Salvador y República Dominicana, sin problemas al calce hasta hoy. El problema es que tras enfrentar 12 juicios en materia civil y administrativa y siete por la vía penal, perdió el round definitivo. Lástima.
Balance general
La gran pregunta, frente al resultado de la segunda licitación para construir y operar la carretera de cuota Querétaro-Irapuato que le dio el triunfo al grupo ICA, es si ésta se desistirá de la reclamación planteada por su descalificación en el primer concurso a que convocó la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. De no hacerlo, corre el riesgo de que la impugnación le fuera favorable? lo que obligaría a reponer nuevamente el procedimiento.
De hacerlo, parecería que el pataleo se realizó por simple capricho.
El caso es que la firma encabezada por Bernardo Quintana Isaac había exigido detener la segunda licitación hasta resolverse su asunto.
Las vueltas, pues, que da la vida.
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Aunque en el papel la luz verde para que Petróleos Mexicanos pudiera plantear a los propietarios de gasolineras la posibilidad de un nuevo contrato de franquicias llegó al derogar el Congreso la reforma al Código Fiscal que exigía pagos electrónicos para deducir consumos de gasolina, lo cierto es que la alternativa sigue viva.
Hete aquí que una de las cláusulas del nuevo contrato obliga a las estaciones de servicio a recibir medios de pago bancarios? en un horizonte en que está latente aún un eventual veto presidencial a la contrareforma aprobada por los legisladores. Por lo pronto, está aún en el aire la posibilidad ofrecida por la Secretaría de Hacienda de otorgar créditos fiscales a las gasolineras para estar en opción de cambiar los dispensarios que no cuentan con la Norma Oficial Mexicana, lo que mantiene en el limbo la firma individual de los contratos.
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La tirada de Televisa al aliarse con los fondos privados Bain Capital, Carlyle Group, Kolbert Kavis Roberts, Blakstone Group y Cascade Invesment, propiedad este último del multimillonario Bill Gates, es alcanzar vía directa el 25 por ciento del capital de la principal cadena de habla hispana en los Estados Unidos, Univisión, y en 40 por ciento más con capital neutro.
En la sociedad, presumiblemente entraría el Grupo Cisneros de Venezuela.
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Aunque navega con etiqueta de favorita para adjudicarse un contrato para construir y operar el libramiento carretero de Teapan, Guerrero, la constructora de Carlos Slim, Impulsora para el Desarrollo de América Latina, tendrá que pelear con tres empresas extranjeras: Omega, Trideco y Mamhos.
Por cierto, la empresa facturó en el primer trimestre del año 478.6 millones de pesos, obteniendo una ganancia operativa de 178.2 millones.
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