A punto ya de cumplirse un mes de la entrega por parte de la Comisión de Mejora Regulatoria de sus observaciones sobre el llamado Acuerdo de Convergencia que permitiría a las empresas integradas al espectro radioeléctrico ofrecer servicios de voz, datos y vídeo, la publicación de éste se mantiene en el limbo.
La paradoja del asunto es que aún cuando el tema entrelaza intereses opuestos de empresas tan poderosas como Teléfonos de México, Televisa o Televisión Azteca, para no hablar de las 160 concesionarias de televisión por cable, el juego de fuerzas lo personalizan dos funcionarios públicos.
Francisco Gil Díaz contra Pedro Cerisola y Weber.
El tren se detuvo cuando el Secretario de Hacienda declaró públicamente que del dicho al hecho, es decir para que Teléfonos de México pudiera enviar señales de televisión en sus redes, faltaba un largo trecho: pagar una factura adicional al Estado por la posibilidad de extender el negocio.
El razonamiento es simple: Si se trata de modificar el Título de Concesión entregado a la privatización de la segunda empresa más grande del país para poder abrir una nueva ventanilla comercial, hay que cubrir un adendum.
El caso es que para la Secretaría de Comunicaciones y Transportes la reforma llegaría en 15 días, previa solicitud de Telmex? sin cargo alguno para la reclamante. Así de fácil.
La manzana de la discordia es una prohibición expresa para que Teléfonos de México pudiera ofrecer servicios de televisión de paga. Lo curioso del caso es que puestas las cartas en la mesa para el duelo de fuercitas, la Comisión Federal de Mejora Regulatoria prefirió emprender la graciosa huída.
En su resolutivo, fechado el cinco de septiembre pasado, simple y llanamente les recomienda a los gallos ponerse de acuerdo? en la fase previa a la publicación del documento final.
Textualmente se señala que se recomienda a la SCT ?entablar contactos con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para atender lo solicitado por la dependencia?.
Y por si quedara duda alguna, se anota que ésta reclama los estudios y dictámenes económico-financieros que se refieren a los beneficios económicos que, en su caso, deberá recibir el gobierno federal a cambio de suprimir las prohibiciones contenidas en el Título de Concesión, y el dictamen jurídico realizado por la SCT respecto a la viabilidad de modificar éste.
Se diría, pues, que la instancia integrada a la Secretaría de Economía le sirvió de mensajera a Hacienda? ante la incapacidad de los funcionarios en ponerse de acuerdo en forma directa. -Ahí te hablan.
Y a lo mejor a estas alturas usted ya ubicó como favorito de la pelea a Gil Díaz, no sólo por la aparente justeza de su reclamo que a fin de cuentas reforzaría la capacidad de las arcas públicas para atender necesidades urgentes del país, sino por su condición de invicto.
Reputado como el único funcionario al que le hace caso el presidente Vicente Fox, el Secretario de Hacienda ha logrado presionar uno y otro vetos a leyes aprobadas por el Congreso, ahondando la brecha entre éste y el Ejecutivo.
La lista es interminable: las reformas a la Ley de Competencia Económica; la posibilidad de crear una Procuraduría de la Defensa del Contribuyente; la derogación de la exigencia de pago electrónico para hacer deducibles los consumos de gasolina?
Más aún, el Secretario de Hacienda logró eludir los embates de la Secretaría de la Función Pública, de la Auditoría Superior de la Federación y del propio Instituto de Acceso a la Información Pública, que exigían transparentar el fideicomiso Aduanas I en el que se cobija la empresa Integradora de Servicios Operativos (ISOSA), que se alimenta del pago de Derechos de Trámite Aduanero.
El problema es que en la otra esquina, en calidad de pareja del titular de Comunicaciones y Transportes, está el magnate Carlos Slim, quien acaba de hacer un deslinde del único obstáculo que lo mantenía sesgado del poder público, al lanzar duras críticas a los bloqueos de la Coalición por el Bien de Todos en protesta por el fraude electoral.
Ahora que en previsión de que le lanzaran montón, Gil Díaz está a su vez aliado con Roberto Hernández, su antiguo jefe en la época en que fuera director general de la telefónica Avantel, cuyos resortes se mueven por doble vía: su añeja rivalidad con el tercer hombre más rico del planeta? y su condición de accionista de Televisa.
Como lee usted, pues, las apuestas podrían estar no tan disparejas. ¿Será melón? ¿Será sandía? Por lo pronto, a la Comisión Federal de Competencia ya le reservaron un lugarcito en la gradería para ver de lejecitos la pelea.
Balance general
Aunque en el papel pareciera que Televisión Azteca le lanzó un descontón a título de chiquihuitazo a Telemundo por su intento de alcanzar un canal de televisión abierta en el país, al embargar las instalaciones en que se producía un reality show para su causa, la bronca no es contra la televisora de Estados Unidos.
La orden judicial que consiguió la empresa de Ricardo Salinas Pliego apunta a un problema interno entre ésta y la firma Nostromo Producciones, en la que participan Giorgio Aresu y el conductor Alan Tacher.
Estos tienen un contrato de exclusividad por cinco años con la compañía del Ajusco? para producir reality shows.
De hecho, los estudios sellados, ubicados en el propio cerro, se utilizaron para producir los programas de la ?Academia?. Como usted sabe, Telemundo y la empresa Xtra de Moisés Saba Raffoul, se asociaron para crear la firma Palmas 26, en afán de producir contenidos con mira hacia la posibilidad de una concesión para operar en televisión abierta.
De hecho, en la certeza de que se le otorgará éste, la compañía inaugura el próximo jueves oficinas en Paseo de la Reforma, desde donde instalarán su buró de noticias. Al evento acude el presidente de Telemundo, Don Brown.
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Cierto que el empresario-filántropo Manuel Arango Arias hizo campaña abierta a favor del candidato panista a la Presidencia de la República, Felipe Calderón Hinojosa.
Cierto que un día antes de la elección envió miles de correos electrónicos promoviendo la causa de su gallo.
El problema, frente de la ira de los partidarios del aspirante de la Coalición por el Bien de Todos, Andrés Manuel López Obrador, es que Arango ya no tiene participación alguna en la cadena Wal Mart.
Su capital minoritario en el grupo Timón, propietario de las tiendas Aurrerá, se le vendió a la firma estadounidense hace más de un lustro.
El socio mayoritario de la cadena de autoservicio era su hermano Jerónimo, quien adquirió tal condición al irse a radicar a España el hermano mayor del clan, Plácido.
Por lo demás, Wal Mart mantuvo el equilibrio en la contienda electoral al invitar a todos los aspirantes a plantear sus propuestas a su personal, vía transmisiones por circuito cerrado. Y aunque López Obrador declinó la oferta, en el caso de los aspirantes al gobierno del DF acudió a la cita Marcelo Ebrard. La protesta por el fraude electoral, pues, apuntó a un blanco equivocado.
