El eje del conflicto que paralizó la semana pasada a las empresas siderúrgicas y extractivas del país hay que ubicarlo en la forma en que la Secretaría de Hacienda privatizó en 1989 a la principal productora de cobre de México, es decir, la histórica compañía Minera de Cananea.
Hete aquí que ante la imposibilidad de negociar la flexibilización del oneroso contrato colectivo de la firma ante una tenaz resistencia del Sindicato de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares, el gobierno salinista optó por la salida más fácil: quebrar a la empresa.
El gobierno, pues, se haría cargo de la liquidación de los trabajadores para librar al comprador de la mina de los compromisos adquiridos en décadas por los administradores públicos, con tal de que no le hicieran olas a su carrera política.
Peladito y en la boca, pues.
Ahora que para los trabajadores que decidieran reencontrarse con el nuevo dueño ya, sin las prebendas de antaño, sería una participación de 5% en el capital de la nueva minera de Cananea.
Aceptada la cláusula por el grupo comprador, es decir, Industrial Minera México, cuyo dueño era Jorge Larrea Ortega, quien al golpe se convertiría en el ?rey del cobre?, se formalizó ante el juez de la concursal que administraba la quiebra la constitución de un fideicomiso en Multibanco Comermex, en el que se depositarían las acciones. El fideicomisario sería el Sindicato de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares, encabezado entonces por Napoleón Gómez Sada.
El hecho es que la empresa privatizadora, Mexicana de Cananea, le daría una y otra largas al asunto, pese a las presiones del sindicato en los tribunales, que culminarían, 14 años después, con una huelga que afectó al grupo en su totalidad.
El movimiento finalizaría a finales de octubre de 2004, cuando la empresa se comprometió a adquirir las acciones, depositando en el fideicomiso 55 millones de dólares que cubrían el costo de los papeles, los réditos obtenidos y los gastos y costas de los juicios. El dinero se repartiría entre los trabajadores que se habían recontratado a la privatización? o sus herederos.
Para entonces el elenco había cambiado: Multibanco Comermex había pasado a ser primero Banco Inverlat y luego Scotiabank/Inverlat, en tanto Germán Larrea Mota Velasco había heredado el imperio de su padre? y Napoleón Gómez Urrutia la secretaría general del sindicato minero que encabezaba Napoleón Gómez Sada.
El arreglo, pues, fue entre juniors.
El problema es que el reparto se convirtió en rebatinga, al aparecer viejos mineros que no le apostaron a la privatización; viudas o hijos que no tenían papeles, y en el alud, trabajadores de Mexicana de Cobre o la Caridad que se sentían con derechos.
Más aún, de pronto alguien discernió que los recursos debían prorratearse entre la totalidad de los sindicalistas. Naturalmente, las demandas llegaron en cascada. Y aunque en todos los casos se había rechazado la posibilidad de congelar las cuotas, sería la junta de Conciliación y Arbitraje de Monterrey la que lograría que un juez concediera la orden.
Para entonces, la Secretaría del Trabajo le había concedido la ?toma de nota? a un nuevo secretario general del sindicato, Elías Morales, a solicitud, dijo, del Comité de Vigilancia, firmada por dos de sus tres miembros. El problema es que los partidarios de Napoleón Gómez Urrutia juran y perjuran que una de las firmas, la de Juan Luis Zúñiga Velázquez, había sido falsificada.
Y el problema, además, es que el desconocimiento del dirigente sindical llegaba justo con el reconocimiento del líder del sindicato ferrocarrilero, Víctor Flores, como presidente del Congreso del Trabajo, cuya reelección impugnaban 19 centrales obreras y sindicatos, entre ellos, notoriamente, el minero.
Digamos que la dependencia encabezada por Francisco Javier Salazar Sáenz optó por un dirigente acusado de malversación de fondos para vivienda de sus representados, frente a otro acusado de malversación de la participación en el capital de los trabajadores de Minera de Cananea. Lo demás es historia.
Balance general
Curioso, por señalar un calificativo, que el gobierno federal haya declarado saldada la deuda que mantenía el Grupo Azucarero México de Juan Gallardo Thurlow con el Banco Nacional de Comercio Exterior, tras la dación en pago realizada por éste de dos de los ingenios que se habían expropiado en 2001? y los tres años que explotó el gobierno los otros cuatro.
La gran pregunta, naturalmente, es cómo se logró el milagro de empatar las cuentas con tal precisión, y quiénes, en tal caso, firmaron el convenio.
¿Se trata del prólogo para escribir historias semejantes con el resto de los grupos afectados por el decreto presidencial de expropiación que derribó la Suprema Corte, es decir, el Consorcio Azucarero Escorpión y los grupos Santos y Machado?
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A tres meses ya de la compra de Mexicana de Aviación por parte del grupo Posadas de Gastón Azcárraga Andrade, los inversionistas que le apuestan a los papeles accionarios de éste aún no digieren en dónde quedó la bolita del negocio.
De hecho, quienes han vendido sus tenencias señalan que el presidente del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios erró el cálculo al soslayar la llegada de al menos seis líneas aéreas de bajo costo con las que parece misión imposible competir, dado el elevado costo contractual de Mexicana.
El caso es que por si le faltaran dolores de cabeza a Azcárraga, en los próximos días se planteará ante el pleno de la Cámara de Diputados un punto de acuerdo para investigar la privatización de Mexicana, ante la sospecha de que el producto de la venta de la torre que le servía de sede, es decir, 40 millones de dólares, se fue a su bolsillo.
Adicionalmente, el magnate hotelero habría recibido los 60 millones de billetes verdes que tenía la compañía en caja, con lo que la firma le habría salido casi regalada.
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El presidente Vicente Fox cortará el listón del hangar de la terminal de Toluca donde habrá de despegar el primer vuelo de la línea aérea de bajo costo Volaris, propiedad a partes iguales de la empresa de aviación centroamericana Taca, Televisa, el grupo Carso y el banco de inversión Protego.
La ruta que inaugure la apuesta será Toluca-Tijuana, cuya tarifa, al margen de la oferta de introducción, será de mil 300 pesos, es decir, la tercera parte de Aeroméxico.
La firma volará además a Guadalajara, Cancún y Monterrey.
De acuerdo con su director general, Enrique Beltranena, en el primer año de operaciones se espera poder transportar a un millón 800 mil pasajeros. La cita para el arranque es el 13 de marzo.
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Aunque su reciente adquisición de la empresa estadounidense PAV Republic se planteó como la salida para multiplicar sus ventas, seis meses después Industrias CH no ha levantado la cosecha.
De hecho, aunque logró vender el doble de acero en el último trimestre del año pasado con relación a 2004, sus utilidades prácticamente se mantuvieron a la par ante el encarecimiento de insumos fundamentales como la chatarra, la energía eléctrica y el gas natural.
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