¡Muera México!
En contrafestejo adelantado del aniversario del grito de independencia, Petróleos Mexicanos presentó una solicitud de amparo contra la nueva Ley de Navegación y Comercio Marítimo que le ofrecía un nuevo horizonte a la marina mercante nacional, tras salir al balcón a gritar: ¡Muera México!
El golpe se inserta como un nuevo capítulo del ya proverbial Kramer contra Kramer en que se mueve el gobierno foxista, en un escenario de contradicciones, golpes bajos y patadas bajo la mesa. El ordenamiento, aprobado por inaudita unanimidad en la Cámara de Diputados y por abrumadora mayoría en la de Senadores, fue promulgado por Decreto Presidencial el primero de junio pasado, sin que se hubiera puesto en la mesa observación alguna.
Más aún, de la seriedad con que fue elaborado habla el nombramiento posterior de uno de sus promotores, al ex diputado panista José Lozano Pardiñas, como director general de Marina Mercante de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
El eje central del nuevo marco jurídico que entró en vigor el primero de julio pasado, un mes después de su publicación en el Diario Oficial, era cancelar la posibilidad de que navieras extranjeras con embarcaciones extranjeras realizaran tareas de cabotaje o comercio interno, al enmendarle la plana al artículo 34 de la Ley de Navegación, vigente desde 1994.
Mientras éste permitía la contratación de embarcaciones del exterior cuando no existieran mexicanas disponibles en igualdad de condiciones técnicas, o cuando imperara una causa de interés público, con el esquema vigente se acota la prelación a navieras mexicanas con embarcaciones extranjeras bajo contrato de arrendamiento o fletamento a casco desnudo, o navieras mexicanas con embarcaciones extranjeras bajo cualquier contrato de fletamento.
Ahora que el artículo 40 del ordenamiento impugnado por Petróleos Mexicanos bajo la justificación de no haberse escuchado sus argumentos en el momento, señala letra por letra que los contratos a navieras extranjeras se otorgarán ?siempre y cuando se hubiera agotado el procedimiento de licitación con la prelación señalada?.
Dicho más fácil, éstos debieron pasar previamente por un concurso en que participen firmas nacionales.
Digamos que en el peor de los escenarios, es decir sin empresas nacionales a la vista, Petróleos Mexicanos tendría problemas para cubrir sus rutas de abasto internas, con énfasis en los off shore que se realizan en las plataformas petroleras al servicio de Pemex Refinación.
A contrapelo, pues, de los razonamientos de la paraestatal para convencer a los jueces, cuyo eje es un supuesto raquitismo de la marina mercante mexicana, la nueva ley abre la posibilidad de contratos para extranjeros siempre y cuando se demostrara la incapacidad de las empresas nacionales.
Lo grave del asunto es que ésta ha alcanzado clase mundial a contrapelo de las zancadillas, obstáculos y simulaciones con que opera la paraestatal.
Hete aquí, por ejemplo, que se voltea la espalda a la existencia de contratos apócrifos de arrendamiento financiero en favor de navieras extranjeras que no cumplen los requisitos mínimos previstos en la ley.
La fórmula para instrumentar la mascarada es simple: constituídas con un capital de 50 mil pesos, las firmas exhiben contratos de arrendamiento financiero con que supuestamente armaron su flota, sin que los activos hayan sido dados de baja de sus inventarios, o sin que la supuesta arrendante haya colocado el pasivo en sus estados financieros.
El caso es que los barcos izan la bandera mexicana en nuestras costas? y la arrían cuando las dejan atrás.
La paradoja del caso es que los países que llegan al nuestro a burlar la ley con la complacencia de las autoridades locales no dejan la menor rendija a la reciprocidad.
Así, en Estados Unidos la Act Jones no sólo exige que la navegación interna la realicen buques de su propia bandera, sino que la construcción de éstos se haya realizado en astilleros nacionales y naveguen con marinos nacionales.
En la Unión Europea, a su vez, sólo los bancos de sus países miembros tienen luz verde, en tanto en Bahamas la Ley de Registro de Embarcaciones y Ley Mercantil de Navegación exigen barcos nacionales y tripulación nacional.
En Brasil, a su vez, la Ley de Navegación acota la posibilidad a embarcaciones nacionales de empresas nacionales, tripuladas por nacionales, en tanto Grecia hace lo propio.
Peor aún, mientras en México se busca darle la vuelta a la ley en perjuicio de navieras nacionales, en la mayoría de los países se otorgan jugosos subsidios para propiciar el desarrollo de su marina mercante.
¿Viva México?
Balance general
La noticia es que Televisión Azteca llegó finalmente a un acuerdo con la Comisión de Valores y Arbitrios de los Estados Unidos (SEC por sus siglas en inglés), por el cual ésta levantó la demanda que había planteado contra la emisora por un supuesto conflicto de interés de sus directivos en la operación Unefon-Nortel-Codisco.
La base del arreglo fue la imposición de una pena pecuniaria de siete millones y medio de dólares al presidente de la televisora mexicana, Ricardo Salinas Pliego, además de un millón adicional al ex director de la firma, Pedro Padilla Longoria. El dinero saldrá de los bolsillos de uno y otro, es decir no gravitará sobre la tesorería de la empresa.
El monto es simbólico si se considera que el supuesto conflicto de interés en que incurrió Salinas Pliego al intermediar la compra de una deuda de la filial telefónica de su grupo empresarial, Unefon, con la empresa canadiense Nortel, vía Codisco, una firma financiera de su propiedad en los Estados Unidos, le había redituado, en el papel, una ganancia de 218 millones de dólares.
Días antes la Procuraduría General de la República había determinado el no ejercicio de la acción penal sobre supuestos delitos relacionados con el asunto, que había denunciado la Secretaría de Hacienda vía la Procuraduría Fiscal.
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De confirmar un tribunal unitario la sentencia dictada por un juez contra el ex presidente de Aeroméxico, Gerardo De Prevoisin, la aerolínea recibirá un regalo del cielo de 12 millones de dólares? que le pondrá un punto más de conflicto a su privatización.
¿Se prorratearán los recursos entre los bancos que asumieron la propiedad de la firma tras la huída del empresario de origen francés, al cobrarse en especie parte de la deuda? ¿Los tomará el Instituto de Protección al Ahorro Bancario, quien se hizo cargo del resto de ésta en la magia del rescate bancario? ¿Se quedarán en caja como premio al osado que quiera lanzarse a la aventura de adquirir la empresa?
Desde otro ángulo: ¿Alcanzará para cubrir el daño el terreno dejado en garantía por el alguna vez llamado rey de la aviación en México, que en teoría está valuado en 321 millones de pesos? El predio está en el desierto de Baja California.
Ahora que el asunto tiene mil aristas: De entrada, por primera vez se condena al directivo de una empresa privada por haber desviado recursos de ésta a favor de un partido político, en este caso el PRI.
Como recordará usted, acusado de administración fraudulenta, se descubrió que De Prevoisin había enviado ocho depósitos de un millón de dólares a sus cuentas privadas en Estados Unidos? cuya justificación fue que el dinero se destinó a apoyar la campaña por la Presidencia de la República de Ernesto Zedillo.
¿Cuántos casos más existen en el país de empresas que destinan recursos que en justeza corresponden a sus socios y trabajadores para apoyar al político de la preferencia política del presidente del Consejo de Administración?
Ahora que el caso muestra claramente la simbiosis entre el poder y las grandes empresas, dado que el empresario fue obligado por el gobierno salinista a comprar Mexicana de Aviación, pese a los líos que enfrentaba con sus socios originales.
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