Como le anticipábamos hace unos días, la empresa estadounidense de traslado de valores Brink?s Incorporated recurrirá a instancias judiciales para intentar revocar la resolución de la Secretaría de Economía que exonera al Servicio Panamericano de Protección de violar la Ley de Inversiones Extranjeras .
La amenaza habla de involucrar en el asunto a organismos internacionales, bajo el argumento de que el gobierno mexicano actuó con parcialidad.
La suspicacia habla de que a la firma, cuya propiedad pasó de un grupo de bancos nacionales a un puñado de intermediarios extranjeros, en la magia de la recomposición a que obligó la crisis de pagos de 1995, no se le quiere tocar ni con el pétalo de una rosa.
A quién le importa si el artículo sexto de la Ley de Inversiones Extranjeras señala que los extranjeros no pueden adquirir acciones de una sociedad que a su vez es accionista de otra de transporte terrestre nacional de pasajeros, turismo o carga. A quién le importa si el artículo cuarto de la Ley para Promover la Inversión Mexicana y Regular la Extranjera estipula que la actividad está reservada para mexicanos, con cláusula de exclusión para extranjeros.
Lo cierto es que los hechos, al margen de la resolución con que se cerró el procedimiento administrativo contra Serpaprosa abierto a petición de Brink?s, el socio fundador de la firma, parecieran darle la razón a ésta.
Del tamaño con que el gobierno foxista ha arropado a la compañía en el banquillo habla la audacia de la Secretaría de Hacienda para caminar en el filo del desacato al no respetar un amparo.
La historia involucra una serie de juicios promovidos inicialmente por la dependencia, bajo el alegato de que Serpaprosa no tenía derecho a tributar en el régimen simplificado de la Ley del Impuesto sobre la Renta que le concede prerrogativas a las empresas transportistas, al obtener ingresos distintos a la tarea. Estos, señalaba la acusación, superan 10% de sus ingresos.
Lo curioso del caso es que objetada una primera resolución judicial en favor de Hacienda reclamando créditos fiscales correspondientes a 1991 y 1992 por un total de 573 millones 803 mil pesos, en cuyo marco se determinaba que la firma debió derramar 7 millones 630 mil por concepto de reparto de utilidades, el asunto llegó a la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, quien salió con el clásico sí? pero no.
Dicho con todas las letras, en efecto, la firma transportadora de valores sí realizó tareas ajenas a su tarea, lo que le obliga a salirse del régimen especial? pero hubo una falla en el procedimiento, dado que la notificación de la autoridad fiscal no señalaba que ésta involucraba una orden de visita domiciliaria. La sentencia, pues, quedaba anulada.
El caso es que en su calidad de tercero involucrado, el sindicato de trabajadores de Serpaprosa interpuso un amparo contra la resolución, acción que a su vez contrarrestó la firma con un procedimiento similar, cuyas sentencias definitivas están en trámite.
Lo cierto es que metido en el remolino, el propio sindicato promovió ante Hacienda otra revisión, ésta para 1999, topándose con que el administrador central de Fiscalización a Grandes Contribuyentes, Alejandro Vázquez Téllez, se concretó a responder que Serpaprosa había tributado correctamente en el régimen simplificado de la Ley del ISR.
No hubo, pues, números esta vez, por más que el eje de la denuncia apuntaba a esclarecer si se había pagado en justicia el reparto de utilidades. Naturalmente, el sindicato se amparó contra la resolución en el juzgado 16 en Materia Fiscal y Administrativa, quien ordenó entrar al fondo del asunto? sin respuesta por parte de la dependencia.
De nada valieron los exhortos girados por el juzgado a los superiores jerárquicos del funcionario, es decir, el presidente del Servicio de Administración Tributaria, el secretario de Hacienda y aun el Presidente de la República.
Promovido, así, un incidente de inejecución ante el Tribunal Superior de Justicia Fiscal y Administrativa, bajo el cargo de contumancia o rebeldía del funcionario, éste reaccionó al fin? comunicando que había iniciado una visita domiciliaria a Serpaprosa. El tribunal le concedió un plazo de seis meses para acreditar el resultado de su pesquisa y dos más para emitir la resolución correspondiente, cuyo vencimiento llegará el próximo agosto.
¿La firma consentida del gobierno?
Balance general
Curioso caso: hete aquí que la Concamin está exigiendo a los presidentes de las cámaras industriales como requisito indispensable para votar el que exhiban un poder notarial que los acredite como tales, además, naturalmente, de estar al corriente de sus cuotas, lo que seguramente dejará fuera a una buena parte de ellas. Más allá, el comité de auscultación del organismo reclama que los aspirantes a suceder en la presidencia a León Halkin sean mexicanos por nacimiento; hayan sido presidentes de alguna cámara en la que desarrollen su actividad, y participen en la mesa directiva de la cúpula, lo que podría dejar de lado a Ismael Plascencia, cuya credencial lo ubica como ex presidente de la Cámara de la Curtiduría, actividad a la que abandonó por la construcción.
Por lo pronto, quienes se perfilan como finalistas del proceso son el empresario de la confección Salomón Presburger y el textilero Mayer Zaga, quien participa además en las ramas de construcción, electrónica, inmobiliaria y de servicios. Este último, propietario, entre otras, de la firma de lencería femenina Vicky Form, realizó el jueves pasado una espectacular presentación ante los medios de comunicación, a quienes planteó su programa de trabajo.
La oferta del empresario es trabajar de tiempo completo para la cúpula industrial y asumir de su bolsa los gastos de representación.
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¿Se acuerda usted que al inicio del sexenio el secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, se dio un formidable resbalón al señalar que a su llegada a la dependencia había encontrado un buen número de lo que calificó como aviadores?
¿Se acuerda que después se sabría que éstos pertenecían al equipo de transición del presidente electo, Vicente Fox, que había prometido no cobrar un centavo en el paréntesis?
Bien, pues seis años después nadie sabe-nadie supo qué pasó con la partida que la dependencia, encabezada entonces por José Ángel Gurría, destinó para el efecto.
Estamos hablando de 70 millones de pesos que se presupuestaron en agosto de 2000 bajo el rubro de ?gastos de operación y sueldos del equipo de transición?.
La exigencia de transparencia, en todo ese tiempo, ha rebotado de la Secretaría de Hacienda a la de Gobernación, y de ahí a la Presidencia.
Los recibos, si los hubo, se esfumaron, en paralelo a las pólizas de cheques, los estados de cuenta y la documental del ejercicio.
El caso es que para el relevo de este año se destinó, ahora sí con todas las de la ley, una partida de
150 millones, ubicada en el ramo
23: Procuraciones Salariales y
Económicas.
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Pian pianito el magnate Carlos Slim ya aumentó su participación en las acciones de Telmex de 49.2 por ciento a 50.3 por ciento, vía una operación hormiga de recuperación de papeles en los mercados internacionales, con énfasis en el de Estados Unidos.
El valor de los títulos es de 8 mil
220 millones de dólares.
Hasta el 16 de junio pasado Slim había reportado a la Comisión de Valores de Estados Unidos una tenencia equivalente a 7 mil 970 millones de dólares. Como recordará usted, la serie se lanzó un año después de la privatización de la empresa, es decir, en 1993.
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