En lo que constituye un clásico ni-tú-ni-yo en el jaloneo entre la Comisión Federal de Competencia y las empresas hegemónicas nacionales que amenazaba con una ruptura, finalmente se logró conciliar posturas para empujar la Ley Federal de Competencia Económica.
Aprobado el empate por la mesa directiva de la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados, el predictamen del ordenamiento se planteará al pleno de éste el próximo martes 18? con la esperanza de agotar el procedimiento antes del fin del periodo ordinario.
El acuerdo, empero, no fue nada fácil. Para llegar a él hubieron de agotarse dos jornadas consecutivas de trabajo de 18 horas en conjunto, a la que acudieron, además de los legisladores, los presidentes de la Comisión Federal de Competencia y del Consejo Coordinador Empresarial, así como representantes de las empresas Fomento Económico Mexicano, Grupo Alfa, Teléfonos de México y Cementos Mexicanos.
El humo blanco surgió el jueves a las 15 horas. Colocada la perinola en el ?todos ponen?, cada parte debió ceder? para ganar.
Ganaron las firmas gigantes al exigirse que las visitas domiciliarias en el marco de una investigación por supuestas prácticas anticompetitivas requieran de una orden judicial tramitada por la Comisión Federal de Competencia.
Ganó ésta, al incrementarse en cuatro tantos las multas que podrá imponer a los infractores, en un horizonte en que la más leve, por declaraciones falsas a la autoridad antimonopólica, equivalía a 30 mil 500 veces el salario mínimo general del Distrito Federal, y la más alta, por actos de abierta rebeldía, de un millón 500 mil tantos.
Dicho con todas los números, el monto crece en banda de 122 mil a seis millones de salarios mínimos.
Adicionalmente, frente a la curiosa objeción de las empresas hegemónicas de que si el monto de las penas pecuniarias iba a las arcas de la CFC ésta se ensañaría para engordarlas, los legisladores asistentes a las maratónicas reuniones de la semana pasada decidieron que los recursos engrosarían los presupuestos de los programas en favor de la micro, pequeña y mediana empresa.
Lo cierto es que el dinero se iba a la Tesorería de la Federación? cuando se lograba cobrar, dado que la autoridad local responsable del ejercicio no tenía ningún incentivo para presionar. Los recursos, ahora, los cobrará directamente el Sistema de Administración Tributaria.
Desde otro ángulo, ganan los empresarios cuando se elimina la posibilidad de que cualquier persona pueda plantear una demanda por supuestas prácticas anticompetitivas de una firma, sin tener vinculación jurídica, es decir sin ser directamente afectado.
En contraparte, gana la Comisión Federal de Competencia al elevarse a rango de ley la posibilidad de los testigos protegidos, es decir el ofrecer inmunidad a quien habiendo participado en una práctica monopólica decida denunciarla? a cambio de una sanción simbólica.
Ganan los empresarios al borrarse del ordenamiento la figura de responsabilidad solidaria para directivos de una empresa hegemónica que abuse de su condición dominante, pero gana la Comisión Federal de Competencia (CFC) al estipularse que los diferendos se plantearán sólo ante autoridades judiciales, no ante el Tribunal Fiscal de la Federación.
El asunto no es mínimo, dada la posibilidad de encadenar uno y otro amparos en el juego dual de los pleitos colocados en diferentes escenarios.
Ahora que, en el mismo tenor, la Comisión Federal de Competencia logró que varios de los artículos integrados al reglamento de la Ley Federal de Competencia Económica se integraran a ésta, lo que anula las lagunas que permitían colar amparos a granel.
Por lo demás, la Ley exige la vinculación del organismo en todos los procesos que tengan relación con la competencia, es decir la expedición de leyes, la apertura al sector privado de nuevos escenarios para servicios al público, o el otorgamiento de concesiones? entre ellas naturalmente, las relativas a frecuencias de radio y televisión.
Digamos que a los legisladores les llegó en bandeja de plata la oportunidad de reivindicarse frente al escándalo desatado a la aprobación del ordenamiento.
Te quito aquí; me quitas allá.
Balance general
En el inaudito de la temporada, la asamblea de accionistas de Teléfonos de México aprobó invertir hasta el escándalo de cinco mil millones de dólares en la recompra de acciones propias en el corto y mediano plazo.
Como recordará usted, aunque originalmente la privatización de la firma se pactó vía un paquete de control equivalente a sólo 4.5 por ciento del capital, pian pianito el grupo encabezado por Carlos Slim Helú ha extendido su dominio con una y otra recompra, hasta llegar a 38 por ciento del total.
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Mal y de malas, a la empresa Siemens le salió el tiro por la culata al intentar revocar una sanción que le había interpuesto el órgano de control interno de la Secretaría de Salud por utilizar documentos apócrifos para ganar una licitación pública.
Hete aquí que el castigo se le ratificó? corregido y aumentado. Si originalmente se le había impuesto una inhabilitación de tres meses para participar en concursos públicos, además de una multa de 65 mil pesos, ahora ésta es de 88 mil y el paréntesis de cuatro meses.
El pecado de la multinacional fue exhibir un supuesto certificado de no adeudos fiscales que la autoridad hacendaria no reconoció.
El requisito se había planteado como condición para obtener un contrato de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos médicos del Hospital Juárez.
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Tras la carambola de tres bandas que le permitió entrar de golpe a República Dominicana, Venezuela y Puerto Rico, adjudicándose sendas compañías telefónicas de cada uno de los países que mantenía en su poder la firma Verizon, el magnate Carlos Slim tiene la mira puesta en Canadá.
El coqueteo se inició hace unos días cuando, el empresario asistió a la ?Latin America Investment Summit?, al calificar al mercado del país septentrional como el de mayor potencial de crecimiento.
La paradoja del caso es que América Móvil, la firma del tercer hombre más rico del mundo estaba en la pelea contra la propia Verizon por la firma colombiana de telefonía celular Colombia Móvil, conocida como OCA. La subasta la ganó la Telefónica de España.
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Por aquellas cosas raras de la vida, hete aquí que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes adoptó un nuevo esquema de pago para sus 25 mil trabajadores denominado Meta 4, que a nivel interno se cacareó como la maravilla de la administración moderna.
El caso es que en los primeros dos meses de vigencia de la supuesta maravilla de maravillas bautizada por el personal como ?Mete las 4?, los pagos otorgados no concordaban con los montos habituales, y para colmo no se entregó comprobante alguno de percepciones y retenciones.
El problema es que el papelito lo exige el Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) para dar servicio. Con la novedad de que a la ventanilla de vigencia de derechos tampoco habían llegado las constancias respectivas, lo que obligó a los trabajadores a recurrir a médicos u hospitales privados.
Desde otro ángulo, al no haberse individualizado los pagos realizados, hete aquí que quienes tenían préstamos del ISSSTE o del FOVISSSTE (Fondo de Vivienda del ISSSTE) se les cobraron recargos.
Y si le seguimos, hasta hoy no hay constancia de pago de cinco quincenas al fondo para el retiro que administra la empresa Met Life. El aplauso, como podrá colegir, es unánime.
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