Fieles a la consigna de no hacer olas en la antesala del proceso electoral, los titulares de la Secretaría de Energía y de Petróleos Mexicanos aplazaron una semana la reunión convocada como urgente para analizar los pros y contras de mantener vivo el gasoducto de Venta de Carpio a San Juan Ixhuatepec
A quién le importa si la promesa oficial hablaba de emitir una resolución antes de finalizar el mes, ante la presión de tirios y troyanos que sienten amenazadas sus vidas? o sus negocios.
La estrategia es idéntica a la utilizada para provocar un supuesto impasse en el conflicto al interior del Sindicato de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares, al rechazar la Secretaría del Trabajo la posibilidad de una nueva toma de nota en favor de Napoleón Gómez Urrutia, pero dejando abierta una rendija para aclarar algunos puntos oscuros del quórum de las asambleas en que se ratificó su liderazgo.
Quién quita y para entonces se cansan los trabajadores de sus paros ilegales? o tal vez se apresa a Gómez Urrutia.
El caso es que si el gobierno optara por mantener en operación el ducto de 18 kilómetros tendría que ordenar el desalojo de las cientos de viviendas irregulares asentadas ilegalmente sobre éste? y de optar por lo contrario, enfrentar la ira de las seis poderosas empresas gaseras a las que abastece.
Lo curioso del caso es que la de la prisa era la empresa paraestatal, quien colocó el asunto en la mesa del debate hace dos años, acuciada por el impacto en la opinión pública de las escenas de horror de la explosión del 19 de noviembre de 1984, revividas al cumplirse 20 años de la tragedia.
Tenemos indicios ?señaló entonces la empresa pública a las 30 empresas ubicadas en San Juan Ixhuatepec? de que no está garantizada totalmente la seguridad. El punto de apoyo de Pemex se sustentaba en una recomendación de la propia Subdirección de Ductos de Pemex Gas y Petroquímica Básica, solicitando abiertamente la cancelación del gasoducto.
El documento, apuntalado con un análisis de riesgo y consecuencias (Oficio SD/2003, fechado el 27 de octubre de 2003 y dirigido a la Subdirección de Gas LP), fijaba como fecha máxima para cerrar el telón el mes de diciembre de 2005.
Y aunque las firmas Gasomatic, Unigas, Vela Gas, Bello Gas, Gas Metropolitano y Gas y Servicios se movilizarían rápidamente para realizar un análisis paralelo avalado por ex técnicos de la paraestatal, en que se descartaba cualquier amenaza de riesgo, del otro lado, a querer o no se reforzaron las evidencias.
Invitado en calidad de tercero en discordia el Batelle Memorial Institute de Estados Unidos para evaluar la integridad mecánica y el riesgo del ducto, así como las consecuencias sobre la población en caso de una falla, sus conclusiones empataban con las de la Subdirección de Ductos. Aunque la integridad mecánica del ducto es adecuada, el riesgo de una falla podría ser de consecuencias catastróficas tanto para la población como para Pemex.
El documento, guardado bajo siete llaves como secreto de Estado, alertó de un aire enrarecido en San Juan Ixhuatepec, en medio de olores a ácido y podedumbre, que se vuelve insoportable en la cercanía del Polígono de Seguridad, justo donde están la planta distribuidora de Pemex y las gaseras.
El hecho es que colocado de espaldas al callejón, Pemex enfrenta hoy las debilidades de antaño de sus funcionarios, como el haber soslayado un ?Acuerdo para la reubicación de plantas de almacenamiento de gas LP ubicadas dentro de poblaciones?, expedido por la entonces Secretaría de Comercio y Fomento Industrial el 21 de noviembre de 1986, es decir dos años después de la explosión en el poblado conocido coloquialmente como San Juanico.
El ordenamiento exigía la salida, en un plazo máximo de un año, de las plantas almacenadoras del combustible ubicadas a una distancia menor de 100 metros de las construcciones destinadas a habitación, reuniones públicas o centros de trabajo, ?medidas del tanque de almacenamiento o zona de trasiego más cercana a éstas?.
A contrapelo, pues, de sus propias reglas, el gobierno pactó con las gaseras un convenio para permitir su permanencia en la zona, a cambio de la exigencia de ciertas medidas de seguridad. La exposición de motivos hablaba de que al fin y al cabo la explosión de 1984 se dio en la planta de Pemex, no en alguna gasera.
Así, de cerrarse el gasoducto el abasto tendría que realizarse vía el transporte terrestre del producto? lo que multiplicaría por 100 el peligro de explosiones. Por lo pronto, hay que hacer tiempo.
Balance general
En afán de librar la acusación de tráfico de influencias y ejercicio indebido de atribuciones y facultades que le fincó ante la Procuraduría General de la República una comisión especial de la Cámara de Diputados, el ex director general de Pemex Refinación, Juan Bueno Torio, exhibe un oficio en el que se excusa de intervenir en la adjudicación de contratos a empresas propiedad de sus familiares.
Dirigido al entonces director general de Pemex, Raúl Muñoz Leos, el documento, fechado el 23 de abril de 2003, se refiriere concretamente a dos firmas: Transportadora y Distribuidora Isabel y Desarrollo Turístico del Golfo, en el que cabe el Hotel Crowne Plaza Torremar Veracruz.
El texto habla de que la primera ha venido trabajando con la paraestatal a lo largo de 25 años, y la segunda por más de diez.
El problema es que el hoy candidato panista a un escaño en el Senado por Veracruz no incluyó en la provisión a otras compañías ligadas a su familia, a las que Pemex Refinación les otorgó contratos durante su gestión. Estamos hablando, por ejemplo, de Autotransportes de México, propiedad de su cuñado José Juan Ortiz Ríos; de Fletera Continental de Líquidos, de un hermano de éste, o de Turbogeneradores, de Luis Torio Ramos.
En total fueron 158 las adjudicaciones otorgadas a firmas de la familia de Bueno Torio durante su gestión, la mayoría por vía directa.
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Sin contabilizarse aún la parte más álgida de la guerra entre el Sindicato de Trabajadores Mineros y Metalúrgicos y el grupo Villacero, propietario, entre otras, de la Siderúrgica Lázaro Cárdenas Las Truchas, la caída en la producción de acero líquido del país es dramática.
Estamos hablando de 5.1 por ciento al primer cuatrimestre del año, en un escenario en que durante marzo, los primeros días de los paros ilegales en apoyo de Napoleón Gómez Urrutia que afectaron también a la empresa Mittal Stell, el descenso fue de 13.1 por ciento.
Al mes siguiente se alcanzó 20 por ciento, al contabilizarse un millón 144 mil toneladas, frente al un millón 510 mil del mismo mes en 2005.
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Latente la posibilidad de una ley que prohíba la venta de alimentos chatarra en las escuelas, el grupo Pepsico lanzó ayer un programa denominado ?Vida Saludable?, que aleja sus productos de la clasificación despectiva.
La oferta, aplicable a los artículos englobados en las marcas Gamesa-Quaker, Gatorade, Pepsi, Sabritas y Sonric?s, habla de enriquecerlos con jugos, aguas saborizadas sin calorías, bebidas funcionales, botanas con mayor valor nutrimental y porciones limitadas; alimentos fortificados con vitaminas y minerales, y eliminación de ácidos grasos en las galletas. Casi el paraíso. Más allá, se habla de un programa de activación física y fomento a la alimentación correcta, que alcanzará a un millón de niños.
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