Otra que se va
En lo que podría representar un ?doble play? para las empresas gigantes, cancelada la posibilidad de la ?ley Hamdán? a cambio de un acuerdo de buena conducta entre las cadenas de autoservicio y sus proveedores, la ofensiva apunta ahora a desaparecer de la mesa una propuesta de reforma a la Ley Federal de Competencia .
El argumento esgrimido en un feroz cabildeo es más que simple: el país no está preparado para adoptar experiencias audaces recogidas del plano internacional. Dicho con todas las letras, no podemos aspirar a leyes de primer mundo con un aparato de justicia de quinta.
El resquemor de empresas como Teléfonos de México, Cementos Mexicanos, Femsa, la Cervecería Modelo, Televisa, Industrias Monterrey o Vitro, apuntaba a tres espadas de Damocles: la posibilidad de cárcel para quienes se negaran a transparentar sus libros en una investigación por supuestas prácticas monopólicas; la adopción de la figura de testigo protegido, y la posibilidad de ordenar la desincorporación de activos cuando una empresa abuse persistentemente de su poder sustancial en un mercado relevante.
Estamos hablando, en este último caso, de dotar de uñas al organismo antitrust mexicano, en un escenario en que las penalidades frente a prácticas de asfixia parecieran irrelevantes. La alternativa existe desde hace un siglo en la legislación de Estados Unidos (EU), por más que sólo se ha aplicado en su extremo en un par de casos.
En 1910, por ejemplo, le cayó su peso a la firma petrolera Standard Oil, a quien se obligó a vender parte de sus plantas, en tanto en 1980 le tocaría el turno a American Tobacco; en 1990 a la empresa de telefonía AT&T, y hace tres años a Microsoft, la compañía productora de software más grande del mundo.
En el anterior, a su vez, hablamos de ofrecer inmunidad a quienes habiendo participado en una práctica monopólica absoluta o relativa: la constitución, por ejemplo, de un cártel para fijación de precios o para reducir la oferta en un escenario de gran demanda, decidieran denunciar el ilícito a la autoridad. Lo dramático del asunto es que sin la posibilidad de la reforma, la dependencia se mantendrá indefensa ante la alternativa de las firmas en proceso de investigación o sancionadas de recurrir al amparo, tras la rendija que abrió la Corte de Justicia de la Nación al calificar de inconstitucional una parte de la Ley Federal de Competencia Económica.
Digamos que la iniciativa colocada en la mesa de la Cámara de Diputados por dos legisladores de Nuevo León: el panista Jorge Luis Hinojosa Moreno y el priísta Eduardo Alonso Bailey Elizondo, apuntaba, justo, a llenar los huecos.
La paradoja del caso es que frente al activismo desbordado de sus técnicos que han satanizado la iniciativa, los principales accionistas de las empresas que representan han expresado su respaldo ante los funcionarios de la Comisión Federal de Competencia (CFC). Uno de ellos, por ejemplo, ha señalado estar dispuesto a hacer público su respeto por el ordenamiento para evitar, dice, que se mantengan las interpretaciones sesgadas.
Estamos hablando del presidente de la principal empresa de bebidas en el país, Femsa, José Antonio Fernández, conocido como El Diablo.
Más aún, la oferta del presidente del Consejo Coordinador Empresarial, José Luis Barraza, habla de integrar un frente común con la autoridad para defender el proyecto ante las comisiones de la Cámara de Diputados que lo analizan.
¿Sí, pero no?
Lo cierto es que de ceder los legisladores, como apuntan los signos, a las presiones de los detractores de la reforma, se perdería una oportunidad de oro para que la Cámara de Diputados se saque la espina por el inaudito fast track con que se aprobó la reforma a la Ley Federal de Radio y Televisión... que se atoraría, finalmente, en el Senado. De ocurrir el milagro, la CFC que encabeza Eduardo Pérez Motta estaría facultada para abrir una nueva investigación, en este caso con acceso directo a la contabilidad y aun al proceso de distribución, cuando tras la aplicación de una sanción subsistiera una práctica anticompetitiva de una firma hegemónica.
De hecho, habría competencia para que la dependencia antitrust realice visitas in situ, en afán de evitar la falsificación o alteración de documentos exhibidos como pruebas de descargo.
Más allá, se podría imponer de entrada una multa a una empresa denunciada, a título de medida precautoria o preventiva que actuaría como freno para impedir la persistencia de la práctica ilícita objetada durante el largo proceso. O qué, ¿hágase la globalización en los bueyes de mi compadre?
Balance general
A la callada, las empresas extranjeras radicadas en México incrementaron en 123% el monto de las ganancias que enviaron a sus matrices durante 2005. Estamos hablando de 2 mil 548 millones de dólares.
En el último lustro, de acuerdo a los registros del Banco de México, los envíos de utilidades al exterior alcanzaron 7 mil 843 millones de dólares, equivalentes al 44% de inversión externa captada por el país el año pasado.
La explicación de los analistas es simple: no es que las firmas estén ganando más, simplemente ha crecido su ámbito.
El año pasado, para no ir tan lejos, el capital externo entró a Minera México, y se engulló a Hylsamex, a Transportación Ferroviaria Mexicana, a la Hipotecaria Nacional, a Conductores Camesa, a Velcom y al Grupo Editorial Expansión, entre otras empresas.
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Aunque su venta se realizó al margen de la Bolsa Mexicana de Valores, por más que estemos hablando de una de sus emisoras, hete aquí que el cambio de manos de Mexicana de Aviación no tuvo efectos fiscales.
Dicho con todas las letras, el Grupo Posadas pagó sólo los 165.5 millones de dólares pactados... y la distribución de los recursos ante sus accionistas, es decir el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario, Nacional Financiera y un par de bancos, se realizó sin retención alguna.
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Inesperadamente el viernes pasado, aprovechando el punto de asuntos generales de la orden del día, el presidente del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, Claudio X. González, tomó la palabra para despotricar contra la directiva del Club de Industriales, que a su juicio violó las reglas del juego en la presentación del proyecto económico del candidato de la Alianza por el Bien de Todos, Andrés Manuel López Obrador, realizada tres días antes en el recinto. Según el ex asesor de Inversión Extranjera del ex presidente Carlos Salinas de Gortari, se actuó con demasiada complacencia para el ex jefe de Gobierno, al permitírsele un formato en que se omitió la participación de los empresarios asistentes para plantear un debate. La filípica se prolongó durante diez minutos.
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De acuerdo al Índice de Precios Metropolitano de Consultores Internacionales, la inflación durante el segundo mes del año se ubicó en sólo 0.12 por ciento, con lo que el acumulado se situó en 0.62. Anualizada, medida febrero-febrero, la tasa se situó en 2.62. El rubro del gasto familiar más afectado fue Cuidado Personal, con un promedio ponderado de incremento de 0.98 puntos, en tanto Salud creció 0.82, y Ropa y Calzado 0.44. En contraste, no se registró variación en Transportes y Comunicaciones y Gastos Diversos.
Metidos al detalle, crecieron los precios del limón 41.32 por ciento; ropa interior para hombres, 30.47 por ciento; cebolla, 19.11 por ciento; frutas frescas, 12.74 por ciento; blanqueadores, 12.07 por ciento; plátano tabasco, 9.45 por ciento, y consultas dentales, 8.32 por ciento.
Del otro lado de la moneda bajó el costo al público de la papaya (14.43 por ciento), tomate rojo (13.85 por ciento), artículos para el cuidado personal (12.84 por ciento), tomate verde (8.72 por ciento ) y verduras (7.63 por ciento).
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