Colocada de espaldas a la pared, la Secretaría del Trabajo podría repetir a la letra el episodio que generó el conflicto al interior del Sindicato de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares, en cuya secuela se cumplen ya 115 días de paro ilegal en la Siderúrgica Lázaro Cárdenas-Las Truchas
El jaque, ahora, apunta hacia el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, cuyo líder, Roberto Vega Galina, podría ser desconocido en calca fiel del original a cuya vera se dejó en el aire a Napoleón Gómez Urrutia.
Como en este caso, la solicitud de borrar la toma de nota proviene del Consejo de Honor y Justicia del organismo de representación laboral. Como en este caso, se acusa a Vega Galina de soslayar la rendición de cuentas sobre el patrimonio de los trabajadores, con la diferencia de que si a Napoleón II, sucesor por derecho de sangre del trono sindical que detentaba su padre, Napoleón Gómez Sada, se le exigían informes por 55 millones de dólares, con el dirigente del SNTSS el monto alcanza el equivalente en pesos a 70 millones de billetes verdes.
La diferencia, además, es que si a Gómez Urrutia se le llevó al cadalso solito, con Vega Galina la pretensión es colectiva. La solicitud entregada en la Oficialía de Partes de la dependencia encabezada por Roberto Salazar Sáenz, exige la destitución, además, del secretario del Interior, Valdemar Gutiérrez Fragoso; del secretario de Conflictos, Roberto Andrade González; del secretario del Trabajo, Federico Arellano Parra, y del secretario de Asuntos Técnicos, José Arturo Varela López.
El problema es que al primero de ellos se le ubica como el más viable sucesor de Vega Galina en octubre próximo, cuando se termina su periodo. Y el problema, además, es que la sucesión se enpalma con la revisión del contrato colectivo celebrado con el Instituto Mexicano del Seguro Social, en un escenario en que está pendiente aún la modificación del régimen de jubilaciones y pensiones de los trabajadores activos, para evitar la quiebra del organismo.
Ahora que Vega Galina enfrenta dos procedimientos: uno por malos manejos y otro por traición.
En el primer caso se le acusa de encubrir y proteger al ex secretario general del sindicato, Fernando Rocha Larráinzar, presuntamente involucrado en una malversación de fondos sindicales por 20 millones de pesos, además de la pérdida total del fondo de resistencia.
Según el grueso expediente con que se armó el procedimiento, a la llegada de Rocha Larráinzar, sucesor de Antonio Rosado García, había en caja 219 millones 778 mil 774 pesos, al margen de las cuotas sindicales, fondos de ayuda sindical y seguro de mutualidad o prestaciones del IMSS, que se habían depositado en bancos.
El dinero desapareció misteriosamente. Y aunque el Comité Ejecutivo encabezado por Vega Galina realizó una auditoría, el resultado nunca se dio a conocer a los trabajadores. Más aún, tampoco en cuatro años de gestión Vega Galina ha rendido cuentas del patrimonio generado.
El segundo procedimiento enderezado contra Vega Galina y en este caso ocho integrantes del Comité Ejecutivo Nacional, habla de haber firmado con el Seguro Social, a espaldas de los trabajadores, un convenio para modificar el régimen de jubilaciones y pensiones en el Contrato Colectivo de Trabajo, a contrapelo del artículo 137, fracción VI de los estatutos del sindicato, que prohíbe a la letra ?la celebración de acuerdos privados con la empresa que perjudiquen a la colectividad?.
El compromiso, cuyo texto dimos a conocer en este espacio, no se cumplió. Sin embargo, a juicio de los reclamantes, le abrió la puerta al IMSS para promover una reforma a la Ley del Seguro Social que permitió modificar el esquema para los trabajadores de nuevo ingreso. Adicionalmente, se acusaba al Comité Ejecutivo Nacional de incluir en la estructura de la dirigencia sindical a personas ajenas a éste, entre ellos Héctor Ulises García. Más aún, se exhibía un documento de la Secretaría del Trabajo en que se negaba la toma de nota a cinco nuevos dirigentes, argumentando que las carteras no estaban contempladas en el ordenamiento interno.
El caso es que el 13 de julio de
2004 un grupo de trabajadores disidentes, en alianza con sindicalistas de la capital y el estado de México, presentó una demanda de destitución de Vega Galina y compañía ante el Consejo de Honor y Justicia, acusándolos de Emalos manejos y traiciónE.
Aceptada por éste la demanda, el organismo encabezado por Armando Ovalle Zavala anunció el desconocimiento de los acuerdos? sin que la sanción tuviera eco en la Secretaría del Trabajo, que se concretó a señalar que ?ha sido y será respetuosa de la vida interna de las organizaciones sindicales?.
Más aún, la dependencia cerró los ojos cuando se destituyó a Ovalle Zavala y al secretario del Consejo de Honor y Justicia, Jorge Gómez Corona, ?por excesos y traición?.
Peor aún, tampoco movió un dedo cuando éstos y el resto de los integrantes del órgano fueron inhabilitados para participar en el sindicato, como preámbulo para su expulsión, decretada ésta en un Consejo Extraordinario? cuya figura no existía en los estatutos.
El caso es que tras un farragoso procedimiento judicial, Ovalle logró no sólo la rehabilitación de sus derechos, sino su restitución como presidente de Honor y Justicia.
Y va por la revancha.
Como lee usted, pues, el jaque para un segundo Napoleonazo pareciera no tener salida.
Balance general
Pues hete aquí que el organismo denominado Sélider que promueve los spots con que se bombardea el plantón de la Coalición Por el Bien de Todos en reclamo de un recuento voto por voto, casilla por casilla, fue fundado en 1988 por el actual jefe de asesores del secretario de Gobernación, Carlos María Abascal Carranza.
Estamos hablando de ex presidente de la Concamín y ex funcionario de Cementos Mexicanos, Javier Prieto De la Fuente.
Los spots, como usted sabe, exigen la destitución del jefe de Gobierno, Alejandro Encinas.
La historia del grupo que promueve el liderazgo juvenil con ramificaciones en Colima, Sinaloa, Oaxaca, Tabasco, Guanajuato, Baja California y Estado de México, la cuenta Prieto De la Fuente en su libro "Piel de Líder" publicado en 1998 por "Panorama Editorial".
A Javier Prieto De la Fuente se le ubica como Secretario de Economía en la eventualidad de que el candidato panista, Felipe Calderón Hinojosa, fuera reconocido como ganador de la elección presidencial.
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A la callada, la firma líder de telefonía inalámbrica en el país, Telcel, le acaba de ganar un amparo al gobierno federal que le permite reducir el monto del pago de derechos por explotación del espectro radioeléctrico.
El ahorro de la firma de Carlos Slim Domit, sólo este año, será de mil 200 millones de pesos.
El litigio se agotó en cuatro años.
Las ventas de Telcel, cuyo número de clientes alcanza ya 34 millones, alcanzaban en junio pasado 50 mil 161 millones de pesos.
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Pian pianito Televisa está explotando el permiso que le otorgó el ex secretario de Gobernación, Santiago Creel, para abrir 48 centros de juegos y apuestas en el país.
La firma de Emilio Azcárraga Jean está por abrir el segundo de ellos, con tres mil metros cuadrados de superficie, ubicado en fase de preoperación.
La inversión fue de cuatro millones de dólares.
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