Palos de ciego
Obstinado, al precio que sea, en engordar el expediente que le permita consignar a Napoleón Gómez Urrutia, a quien desconoció previamente como líder del Sindicato Minero, el gobierno está dando palos de ciego, uno de los cuales golpea la credibilidad del sistema bancario del país.
Hete aquí que en afán de ubicar supuestas complicidades del hijo de Napoleón Gómez Sada, de quien heredó el trono, se ubicó una línea de investigación sobre el Scotiabank Inverlat, a quien se acusa de haber entregado olímpicamente, a contrapelo de las reglas, recursos integrados a un fideicomiso, a cambio de presuntas mordidas.
La acusación no es menor, dado que coloca en tela de duda la certeza del manejo de este tipo de instrumentos, creados lo mismo para solventar el pago de deudas que para resguardar herencias o garantizar legados.
Por lo pronto, la sospecha mantiene en el limbo a dos funcionarios de la intermediaria de capital canadiense, justo los responsables del área de fideicomisos: Jorge Gómez Moreno y Felipe Alberto López López, ambos con una larga antigüedad en el banco.
De la certeza del Ministerio Público Federal sobre un supuesto soborno a los indiciados para traspasar los recursos a dos cuentas del sindicato, habla un exhorto a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para rastrear posibles cuentas bancarias a su nombre y de sus familiares en primer grado, además de indagar posibles propiedades en el país y el exterior, por más que las propias pesquisas internas del banco los encontró limpios.
El asunto se remonta a la privatización de dos empresas públicas, realizadas ambas en el sexenio salinista por el Grupo Industrial Minera México. Estamos hablando de Minera de Cananea y Mexicana de Cobre, a cuya vera se coronaría como rey del cobre al dueño original de la firma: Jorge Larrea Ortega.
Hete aquí que el principal obstáculo que enfrentaba la Secretaría de Hacienda para ubicar compradores era el oneroso contrato colectivo de una y otra paraestatales que el sindicato se negó a flexibilizar, lo que obligó a liquidarlo? a costillas del gobierno. Las compañías, pues, se declararon en quiebra.
El problema era que existía el peligro de un éxodo de trabajadores especializados, lo que ponía en riesgo la viabilidad de las principales productoras de cobre del país, lo que obligó a plantear un incentivo.
Aquellos que decidieran contratarse con el nuevo patrón tendrían una participación conjunta de 5% en el capital de las firmas. Los papeles, o en su caso los recursos, se depositarían en un fideicomiso del entonces Multibanco Comermex, creado ex profeso. El fideicomisario sería el Sindicato de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana.
El problema es que entre el dicho y el hecho debieron pasar 14 años, decenas de demandas, presiones y aún una prolongada huelga para que el Grupo Industrial Minera México cumpliera el
compromiso. Así, en octubre de 2004 el fideicomiso, signado con el número F/9645-2, le vendió las acciones al grupo Industrial Minera México y una de sus filiales, American Sales Company, quienes le pagarían en total 55 millones de dólares, incluídos réditos. Los recursos, cubierta la primer etapa de reparto entre los trabajadores, se depositaron en cuentas del sindicato quien, de acuerdo a lo pactado a la constitución del fideicomiso, se encargaría de prorratear el resto. Aparentemente el remanente, extinguido el fideicomiso por instrucción de su Comité Técnico el 24 de enero de 2005, fue de 35 millones de dólares.
De acuerdo a las cuentas del sindicato, de los 20 millones de billetes verdes restantes, 13 millones 682 mil se entregaron a los trabajadores con derecho a recibir el beneficio o sus herederos que validaran sus derechos, y el resto fue para cubrir gastos y costas de los juicios entablados contra el Grupo Industrial Minera México.
Lo cierto, a contrapelo de la opinión de los abogados de Scotiabank/Inverlat, para Elías Morales, el líder del Sindicato Minero que reconoce el gobierno, el movimiento fue ilegal, dado que la intermediaria tenía obligación de vigilar la entrega total de los recursos. Estos, pues, no eran ya del sindicato, sino del propio fideicomiso.
De hecho, éste fue quien presentó el 20 de enero pasado la querella que mantiene en jaque al banco canadiense, quien hasta hoy mantiene en alto no sólo su certeza de haber actuado en consonancia con la ley, sino la defensa irrestricta de sus funcionarios, tope en lo que tope.
El asunto, como lee usted, saca chispas.
Balance general
Más de lo mismo: Por lo pronto, desatada la cacería por la Procuraduría General de la República, las miras apuntan a una docena de empresas privadas nacionales y extranjeras que según ello le habrían ayudado a Napoleón Gómez Urrutia a lavar el remanente de los recursos obtenidos ilícitamente.
La lista la encabeza Altos Hornos de México, propiedad del Grupo Acerero del Norte de Alonso Ancira y Xavier Autrey. Más allá, la presunta red se extiende a Aceros Nacionales, Minera de Cobre, Seguros Argos, Walter Lee Asociates, Productora de Céspoles, Comextra y Digital Media Technologies. Más aún, el blanco incluye a las joyerías Rudy Montalvo, ubicadas en Mc Allen, Texas.
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El meollo del comportamiento alocado de los mercados bursátiles y cambiarios del país en los últimos días hay que ubicarlo, paradójicamente, en una señal contradictoria de la Reserva Federal de los Estados Unidos.
Hete aquí que originalmente el organismo que actúa como banco central había señalado que sus restricciones en materia de política monetaria se habían agotado al estabilizarse las tasas de interés en una banda de entre cinco y 5.25 por ciento?
El caso es que dos días después cambió de parecer: el piso no es muy sólido todavía? lo que colocó los nervios de punta a los inversionistas, en previsión de que podría haber algún movimiento económico inesperado.
Así las cosas, al menor signo de desequilibrio se desata el furor por deshacerse de apuestas? y viceversa.
Lo curioso del caso es que la descompostura de la brújula le puso un alerta de prudencia a los apostadores nacionales, que se querían comer de un bocado el piso de remates.
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Aunque la recaudación total esperada por la cadena de tiendas Famsa por su oferta primaria de acciones en los mercados internacionales prevista para este fin de semana es de 236 millones de dólares, no todos llegarán por la vía de las ventanillas bursátiles.
Una parte la colocará directamente la firma Fondos Tepazeca, en la que tienen intereses el apostador internacional George Soros y el empresario mexicano Fernando Chico Pardo, además de Monterrey Venture Holdings, afiliada a los fondos de pensiones de General Electric. De acuerdo al prospecto de venta, Famsa emplearía los recursos para apuntalar su expansión, incluída la creación de un banco.
El intermediario para la colocación en México es el banco Bilbao Vizcaya/Argentaria, en tanto en el exterior lo sería Credit Suisse.
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Sometida a una brutal presión por parte del gobierno federal y el Grupo Industrial Minera México y para obligarla a lanzar la fuerza pública estatal para romper la huelga de la Mina San Martín, ubicada en Sombrerete, la gobernadora perredista de Zacatecas, Amalia García, les dio una formidable lección de prudencia a uno y otro. Digamos que la funcionaria le apostó al diálogo? y ganó.
En el camino, debió realizar tareas que abandonó la Secretaría del Trabajo, al permitir que la firma encabezada por Germán Larrea Mota Velasco dejara inconclusa la revisión contractual que provocó el emplazamiento a huelga. El capricho le costó a la firma 55 millones de dólares.
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