En un eslabón más de los tiempos de cinismo que corren, Petróleos Mexicanos analiza la posibilidad de ampararse contra el artículo 40 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, que cancela la posibilidad de tareas de cabotaje a las navieras extranjeras con embarcaciones extranjeras.
La empresa más representativa de México, pues, abogando por las grandes firmas navieras internacionales que se disfrazan de locales para competir deslealmente por sus contratos.
El artículo de la discordia, derivado del ordenamiento aprobado por el Congreso en el pasado periodo ordinario de sesiones que entró en vigor el 1 de julio pasado, un mes después de su publicación en el Diario Oficial, le enmendó la plana al 34 de la Ley de Navegación vigente desde 1994.
Mientras éste extendía la posibilidad de abrir el escenario cuando no existieran embarcaciones mexicanas disponibles en igualdad de condiciones técnicas o cuando impere una causa de interés público a navieras extranjeras con embarcaciones extranjeras, el nuevo habla de acotar la prelación a navieros mexicanos con embarcación extranjera bajo contrato de arrendamiento o fletamento a casco desnudo, o navieras mexicanas con embarcación extranjera bajo cualquier contrato de fletamento.
Naturalmente, en su primera parte el artículo 40 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos señala a la letra que ?la operación y explotación de embarcaciones en navegación interior y de cabotaje estará reservada a navieros mexicanos con embarcaciones mexicanas?.
Ahora que el artículo 41 abre la posibilidad de otorgar contratos a navieros extranjeros, ?siempre y cuando se hubiera agotado el procedimiento de licitación con la prelación dispuesta en el artículo anterior?. Dicho en lenguaje llano, éstos debieron haber cruzado por un concurso en que participen firmas nacionales, sin cuyo requisito no se podría abrir otro de carácter internacional.
Digamos que en el peor de los escenarios, es decir sin empresas nacionales a la vista, Petróleos Mexicanos no tendría problema para cubrir sus rutas de abasto internas, con énfasis en los off shore que se realizan en las plataformas petroleras al servicio de Pemex Refinación, y sin embargo quiere certeza total? para favorecer la piratería.
Lo cierto es que la navegación mercante de México, con Transportación Marítima Mexicana en la proa, se ha desarrollado a contrapelo de las trampas para escatimarle contratos a los que legítimamente tiene derecho.
Estamos hablando, por ejemplo, de contratos apócrifos de arrendamiento financiero que no cumplen con los requisitos mínimos previstos en la ley, pese lo cual el gobierno les permite izar la bandera mexicana en sus mástiles.
En la gran mayoría de los países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), a la que pertenece el nuestro, las tareas de cabotaje están reservadas para sus nacionales, al ubicarse el sector como estratégico y de seguridad nacional.
De hecho, los países que compiten deslealmente con el nuestro al realizar tareas de cabotaje no dejan una sola rendija a la reciprocidad.
Así, en Estados Unidos la Jones Act no sólo exige que la navegación interna la realicen buques de su propia bandera, sino que la construcción de éstos se haya realizado en astilleros nacionales y naveguen con marinos nacionales.
En la Unión Europea, a su vez, sólo los barcos de sus estados miembros tienen luz verde, en tanto en Bahamas la Ley de Registro de Embarcaciones y Ley Mercantil de Navegación exige barcos nacionales y tripulación nacional, con la novedad de una generosa entrega de subsidios.
En Brasil, a su vez, la Ley de Navegación acota la posibilidad a embarcaciones nacionales de empresas nacionales, tripuladas por nacionales, en tanto Grecia hace lo propio apoyada en un Decreto Legislativo ubicada con los números 187/32.
A quién le importa que el artículo 28 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público señale a la letra que ?podrá negarse la participación a extranjeros en licitaciones internacionales cuando el país del cual sean nacionales no tenga celebrado un tratado con México que permita un trato recíproco a sus propios proveedores de bienes y servicios?. El hecho, además, es que a diferencia de la mayoría de los países desarrollados o en proceso de desarrollo, los navieros mexicanos no cuentan con ningún subsidio o subvención, y su marco tributario, en contraste con los transportistas terrestres, no tiene prebenda alguna.
La paradoja del caso es que los barcos extranjeros a los que contrata Pemex Refinación amparados en supuestos contratos de arrendamiento financiero respaldados por empresas fantasma que se crean con un capital social de 50 mil pesos, no renuncian a su bandera propia, lo que los convierte en rivales de los navíos mexicanos a nivel interno y externo. Todo, pues, para el vencedor aunque navegue con patente de corso.
Balance general
Esta semana el controvertido grupo industrial Minera México formaliza una oferta para adquirir la empresa estadounidense Phelps Dodge ubicada en Phoenix, Arizona, cuyo valor de mercado alcanza 16 mil 600 millones de dólares.
La mira de la firma encabezada por Germán Larrea Mota Velasco se ubica en 54 por ciento de participación que mantiene la compañía codiciada en la Sociedad Minera Cerro Verde, el tercer productor de cobre más grande de Perú.
Como usted sabe, el eje del grupo México se ubica en la firma del país andino Southern Cooper, propietaria de la principal mina de cobre de éste. A la empresa mexicana se le ubica como la séptima productora de cobre del mundo.
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A la callada, el gobernador del Banco de México, Guillermo Ortiz, ocupó hace unos días la silla que mantuvo acéfala durante ocho años la Junta de Gobierno del Instituto para la Protección del Ahorro Bancario.
Como recordará usted, aunque el lugar tenía un letrerito que lo reservaba para el gobernador del Banco de México, existía un artículo transitorio en la Ley para la Protección del Ahorro Bancario que impedía expresamente a Ortiz ocupar la representación.
El artículo fue derogado hace unos días a presión de los panistas? es decir los mismos que lo impusieron.
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El cañonazo que lanzó Comercial Mexicana hace unos días al asociarse con Cetelem, una firma europea especializada en créditos al consumo, para crear una empresa conjunta denominada Prestacomer, cuyo objeto será la administración de tarjetas de crédito para consumo exclusivo de la cadena, obligó a Wal-Mart a descubrir sus cartas.
La cadena líder en el país había planteado hace seis meses una solicitud para abrir un banco? que entre otras cosas le permitiría administrar créditos al consumo en sus propias tiendas y sus filiales Suburbia, Vips y El Portón. Adicionalmente, la intermediaria manejaría la nómina de la principal empleadora del país.
Como usted sabe, la cadena de tiendas departamentales Famsa ya tiene su banco propio?. que operará en noviembre.
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Pese a todo, la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de ordenar un recuento y cómputo parcial de casillas ante evidentes irregularidades soslayadas por el Instituto Federal Electoral en la elección presidencial, no sólo pone en entredicho la costosa campaña de éste para avalar la supuesta transparencia del proceso, sino coloca en ridículo a sus corifeos que apresuraron el aplauso.
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