Perla jurídica
Aunque la tradición del país obliga a prolongar durante largos años juicios cuyo desahogo agotaría escasas semanas, detrás de la década que lleva el pleito entre la familia Blanco y la cadena Gigante hay un inédito en la bitácora: la repetición del procedimiento.
A escasos milímetros de llegar a la meta, pues, los actores fueron obligados a regresar al punto de arranque, al detectarse una grave omisión en el juicio: soslayar el testimonio de un actor central en el diferendo: el despacho auditor Galaz, Gómez Morfín, Chavero Yamasaki, conocido hoy como Deloitte.
De acuerdo al pacto firmado por las partes al cerrarse la operación de compra de los almacenes Blanco, éste actuaría como una suerte de garante del sano ejercicio del depósito de garantía otorgado a Gigante, en afán de cubrir posibles vicios ocultos detectados por la auditoría de compra respectiva. El monto en la mesa, a título de depósito mercantil, negociado personalmente por Estanislao (?Tanis?) Blanco y Ángel Lozada Gómez, fue de 150 millones de pesos, destinados a cubrir pasivos no registrados al 31 de diciembre de 1992.
Entregados los recursos el nueve de febrero de 1993, la firma de autoservicio tenía tres años para ubicar los supuestos esqueletos en el closet? o regresarlos íntegros.
Ahora que de acuerdo a la cláusula cuarta del contrato, ?en caso de mora en la devolución del depósito, Gigante pagará intereses moratorios sobre la cantidad que resulte de multiplicar por dos el rendimiento que produzcan Cetes en 28 días al momento del pago?. El propio documento señalaba que de ubicarse pasivos ocultos, el despacho señalado se obligaba a notificarlos para su aprobación al vendedor con 48 horas de antelación a la fecha del pago, exhibiendo las facturas correspondientes.
El caso es que Estanislao Blanco no fue informado de pago alguno en su momento? por más que al intentar recuperar los recursos se encontró con una larga lista de cuentas pagadas que habían reducido el depósito a sólo 27 millones. En ningún caso se exhibieron las facturas correspondientes.
El testimonio, pues, de Galaz, Gómez y Morfín, Chavero Yamasaki era toral para determinar quién tenía la razón en el diferendo que Gigante llevó a los tribunales.
Lo inaudito del asunto es que solicitado el testimonio del despacho por parte de Blanco, el juez de la causa rechazó la posibilidad sin mayor argumento que su autoridad.
Bajo ese prisma, el togado resolvió dejar a salvo los derechos de las partes? a lo que apelaron una y otra.
La balanza, entonces se inclinó hacia Blanco, condenándose a Gigante a pagarle 90 millones de pesos más los intereses pactados en el contrato de depósito, es decir Cetes a 28 días por dos. Inconformes, las partes se amparan contra la resolución, topándose ahora con la anulación del juicio?por no haberse recabado el testimonio del despacho Galaz, Gómez Morfín, Chavero Yamasaki.
La paradoja del caso es que el juez que dictó la resolución es el mismo que en su momento negó la comparecencia, lo que constituye una colosal perla de la justicia a la mexicana. El togado, por lo pronto, ya fue demandado. Ahora que en el resbalón se fueron tres años.
El caso es que repuesto el procedimiento, el despacho contable admitiría que el informe sobre el supuesto pago de deudas ocultas por 123 millones de pesos no fue elaborado por él, sino transcrito de acuerdo a lo dictado por Gigante. Ellos, pues, no aprobaron ni autorizaron pago alguno, concretándose a elaborar el reporte final. Más aún, señala a la letra que los procedimientos seguidos para redactar el texto ?no constituyen un examen practicado de acuerdo a las normas de auditoría generalmente aceptadas?.
En abundancia, señaló que no le constaba que Gigante le hubiera hecho ninguna reclamación de pasivos a Blanco. Sin embargo, en una de sus respuestas al interrogatorio del juez el despacho admitiría haber interpretado el Contrato de Depósito Mercantil, lo que contraviene el artículo 185 del Código Civil del Distrito Federal.
Lo increíble del asunto es que habiéndose solicitado a la defensa de las partes tramitar la elaboración de un peritaje para solventar la certeza de sus reclamaciones, la novedad fue de que una y otra le daban la razón a Blanco, pidiéndose, no obstante, una tercería? que también apuntó hacia la causa de éste.
Pese a ello, y a contrapelo de las normas jurídicas, el juez de la causa, tras anular olímpicamente el tercer peritaje, exigió un cuarto? cuya validez rechazó un tribunal tras la apelación de Blanco al absurdo.
De hecho, la sentencia señala letra a letra que el juez actuó fuera de la ley?con cuya prueba en la mano Blanco lo demandó. Como lee usted, pues, la justicia está en el pantano.
Y aún hay más.
Balance general
La posibilidad de que la Procuraduría General de la Justicia atraiga la investigación sobre el asesinato de Francisco Obel Villarreal Ontelo, quien fuera director de Operaciones de la empresa Integradora de Servicios Operativos (ISOSA), a pretexto de que el delito se realizó con un arma de uso exclusivo del ejército, es un signo más de que el asunto huele mal.
Se diría que hay una poderosa fuerza tratando de dejar sin respuesta las miles de interrogantes que existen aún sobre la empresa a la que se protegió de una indagación de la Auditoría Superior de la Federación bajo el alegato de que se derivó de un fideicomiso privado? creado con recursos públicos.
La firma nació en 1993 tras integrarse en Nacional Financiera el fideicomiso Aduanas I alimentado con recursos derivados del pago de derechos de cruce del puente internacional Solidaridad, ubicado en Anáhuac, Nuevo León. El primer director de la empresa con etiqueta de pública fue Lorenzo Hernández, actual secretario particular del secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, quien mandó crear el fideicomiso como Subsecretario de Ingresos.
El despacho que legalizó la incorporación de ésta como fiduciaria lo encabezaba el ex secretario de Gobernación, Santiago Creel, quien sería por años apoderado de la firma.
Lo curioso del caso es que destinada ésta a cubrir los honorarios de los despachos aduaneros que realizan las revisiones de segunda instancia de los pedimentos que cruzan las garitas, utilizando los recursos del cobro de Derechos de Trámite Aduanero, parte de éstos se desvían hacia fines distintos. Estamos hablando, por ejemplo, de los premios para los programas de concurso denominados Boletazo, que apuntan a incentivar el uso de tarjetas de crédito, y que en teoría deberían cubrir los bancos beneficiados.
Más allá, el dinero cubre los honorarios de algunos de los asesores del Secretario de Hacienda.
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Anticipado desde hace varias semanas en este espacio, el veto del presidente Vicente Fox a las reformas al Código Fiscal aprobadas por el Congreso que permitían la deducibilidad en el consumo de gasolina sin exigencia al calce de pago con tarjeta de crédito se constituye como el gran obstáculo para el nuevo contrato de franquicias de Pemex con las gasolineras.
La promulgación del nuevo esquema habría sido fijado por éstas como condición para aceptar el marco, dada la exigencia de invertir en el cambio de dispensarios. La paradoja del asunto es que la exposición de motivos de los legisladores para derogar la medida, es decir el que no se haya instrumentado previamente la plataforma para implementarla, permanece intacta.
El 70 por ciento de la red sigue sin aceptar el pago electrónico.
La pregunta, pues, es si se trata de berrinche o capricho.
albertobach@yahoo.com.mx
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