Organizada minuciosamente la logística para dar el cerrojazo con el sexenio al capítulo Fobaproa, bajo el absurdo de que el país requiere mirar hacia delante? aunque lo hayan dejado tuerto, la operación la frustró un inoportuno pie por parte de un grupo plural de senadores.
Lo patético del asunto, para la causa foxista, es que el obstáculo lo promovió el senador panista Luis Alberto Rico Samaniego, es decir la liebre saltó por donde menos se esperaba.
Más grave aún, hete aquí que el jaque, con proa hacia el secretario de la Función Pública, Eduardo Romero Ramos, lo avalan dos de sus paisanos: los senadores panistas Javier Corral y Jeffrey Max Jones, con la amenaza de hacerle la guerra en su propia tierra de soslayar la justicia.
El eje de la ofensiva, como usted sabe, es una denuncia ante la dependencia contra la Junta de Gobierno del Instituto para la Protección del Ahorro Bancario, a quien se acusa de violar los artículos quinto y séptimo transitorios de la Ley para Protección del Ahorro Bancario.
La manzana de la discordia es la decisión del órgano colegiado encabezado por el secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, de asumir como deuda pública los 72 mil 700 millones de pesos que la auditoría realizada por el canadiense Michael Mackey calificó como ?créditos reportables? o irregulares.
De acuerdo al artículo quinto transitorio del ordenamiento señalado, de ubicarse irregularidades en las cuentas del Fobaproa por parte de una auditoría externa, los involucrados estarían sujetos a las consecuencias jurídicas y económicas a que hubiera lugar.
El caso es que tras una Controversia Constitucional promovida por el Congreso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la única auditoría válida para evaluar los términos del rescate bancario era justo la realizada a petición de la Cámara de Diputados por el auditor canadiense.
El antecedente, además, se remonta a la aprobación de un punto de acuerdo promovido por los panistas en el 2003, en el que se exigía que cualquier revisión a las cuentas del Fobaproa por parte de despachos externos u órganos oficiales partiría de las conclusiones de Mackey, en la lógica de reforzarlas o enriquecerlas.
La premisa era simple: Se trata de recuperar el máximo de recursos, o si lo prefiere de hacer menos onerosa para el país la carga de los vencimientos de los Pagarés Fobaproa con que el Gobierno asumió los pasivos? a espaldas del Congreso, por cierto.
El punto de acuerdo, discutido originalmente en Los Pinos, se confeccionó en una reunión a la que acudieron representantes de las Secretarías de Hacienda, y Función Pública, además de los abogados de los bancos en su doble cachucha de legisladores, es decir Diego Fernández de Cevallos y Fauzi Hamdán.
Como se recordará, entrampado el PRI en 1999 ante la presión del gobierno zedillista por convertir en deuda pública los Pagarés Fobaproa y el escándalo desatado ante la revelación de que el banco Unión había integrado al montón préstamos cruzados con empresas canalizadoras con que su presidente, Carlos Cabal Peniche, había apoyado sus campañas, éste optó por dejarle la salida a la bancada panista? con quien alcanzaría mayoría.
De la alianza, presionada desde la dirigencia del partido por Felipe Calderón Hinojosa y avalada por el entonces precandidato del blanquiazul a la Presidencia de la República, Vicente Fox Quesada, surgiría la propuesta para una Ley de Protección de Ahorro Bancario que le daría sustento al IPAB.
Lo curioso del caso es que se realizaron 23 versiones del artículo quinto transitorio antes de llegar a la definitiva, con la novedad de que el ajonjolí del mole fue el abogado Diego Fernández de Cevallos, pese a que en aquel entonces no tenía la condición de legislador.
Y lo curioso del caso, por lo demás, es que durante años los bancos promoverían uno y otro amparos contra la pretención de realizarse nuevas auditorías a las cuentas del Fobaproa, bajo el alegato de que la revisión ya se había realizado.
La de Mackey, pues, era la buena? por más que también se oponían con toda su fuerza a que los despachos de auditores nacionales que intervinieron en la revisión entregaran a la Cámara de Diputados sus papeles de trabajo.
Finalmente, tras convencerlos de que les convenía más abrir un nuevo expediente para taparle el ojo el macho, optaron por avalar las auditorías GEL (Gestión, Existencia, Legalidad) cuyo modelo lo fijó, por votación dividida, la Junta de Gobierno del IPAB.
El resultado derivó en un parto de los montes, con la novedad de que los banqueros decidieron por sí mismos castigarse?sacando de la montaña de préstamos los más escandalosos. Por ejemplo, los autoconcedidos por los accionistas de Banamex para adquirir paraísos turísticos como El Tamarindo en Nayarit.
A quién le importa si los Bank?s Reports de Mackey señalaban que ni éste ni Bancomer tenían derecho a participar en el rescate bancario por mantener un nivel de reservas preventivas adecuadas. A quién le importa si uno y otro en plena crisis de pagos tuvieron recursos para repartir utilidades. Por lo pronto, el cielo se les vino encima a los panistas que promovieron la demanda, a quienes se acusa de lanzar más leña a la hoguera electoral, o si lo prefiere ver la procesión y no hincarse.
Lo cierto es que aún cuando la denuncia, avalada por el priísta Jorge Abel López; los perredistas César Raúl Ojeda, Antonio Soto, Miguel Ángel Navarro y Serafín Ríos, además de los panistas Wadi Amar Shabshab y Guillermo Hebert, se presentó el nueve de junio pasado ante el temor de prescripción, se acordó hacerla pública hasta después de los comicios ?para no contaminar el proceso?.
Jaque al carpetazo.
Balance general
La noticia es que la Comisión Tripartita para la Cooperación Ambiental aceptó reponer el expediente de la denuncia planteada por la comunidad de El Hospital, Morelos, contra la empresa alemana Basf, a quien acusa de daños irreversibles en la salud de sus habitantes por el abandono de residuos tóxicos de una planta productora de pigmentos químicos.
El órgano derivado del Tratado de Libre Comercio de América del Norte había cerrado el caso ante una inexplicable solicitud del representante de los afectados, justo cuando se había emitido una recomendación al gobierno mexicano para atenderlo. El caso es que por decisión unánime del poblado se ratificó en todos los términos la denuncia.
El problema es que el organismo por estatutos debe iniciar de cero, es decir volver a realizar un análisis preliminar del daño provocado.
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Quien se encuentra en aprietos al no alcanzar la posibilidad de obtener un escaño en el Senado de la República por la vía plurinominal es el dirigente del Sindicato de Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social, Roberto Vega Galina.
El golpe llega justo cuando se inicia el proceso de sucesión en el organismo laboral, debilitándose su posibilidad de influir en la elección de los integrantes de la planilla oficial.
De hecho, pareciera inminente el arribo de la corriente metropolitana de la línea dura, quien por lo pronto está reviviendo un viejo proceso avalado por el presidente de la Comisión de Honor y Justicia, Armando Ovalle, quien pedía la expulsión de Vega Galina, acusado de malversación de cuotas por 237 millones de pesos.
El acusador se convirtió en acusado, decretándose su expulsión en una asamblea extraordinaria realizada hace dos años.
El problema es que el primero de junio pasado la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje ordenó la reinstalación de Ovalle en el cargo, calificando de ilegal la asamblea.
Y el problema, por lo demás, es que la sucesión en el sindicato se empalma con la revisión contractual prevista para octubre próximo.
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