En copia fiel del original que se extiende a lo largo y ancho del país, el gobierno estatal perredista de Baja California Sur enfrenta un conflicto con el federal que coloca en el aire la posibilidad de un desarrollo turístico y, en la carambola, está mosqueando alternativas de inversión.
La manzana de la discordia es un terreno de playa ganado al mar de 942.97 metros cuadrados, ubicado en el llamado Balneario Palmilla del municipio San José del Cabo, que la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales le vendió a una sociedad inmobiliaria.
Estamos hablando de la firma Palmilla San José Inmobiliaria, representada por José Andrés Liceaga, quien lleva más de 18 años de presencia en la zona.
La operación, concretada en el 2005, ha sido objetada por los gobiernos municipal y estatal, encabezado uno por Luis Armando Díaz y otro por Narciso Agundez Montaño, ambos de filiación perredista, bajo el argumento de cancelarse la posibilidad de una playa pública? como se ha venido haciendo desde hace 30 años en la zona paradisíaca de Los Cabos.
De hecho, se da el caso que en algunos lugares ondea olímpicamente la bandera de los Estados Unidos.
Adicionalmente, se aduce que los terrenos objeto del pleito se contraponen a una superficie donada por un particular al municipio en 1978.
Lo cierto, sin embargo, es que el desarrollo turístico-inmobiliario planeado en la Playa Palmilla no cancela la posibilidad de acceso de los habitantes del lugar. Más aún, en prenda de buena fe frente a la politización del asunto, la inmobiliaria ha ofrecido invertir dos millones de dólares en un proyecto de ampliación de playa que alcanzaría siete mil 650 metros cuadrados, equivalentes al 58 por ciento de la superficie actual.
La propuesta habla de construir instalaciones públicas para un mayor disfrute, es decir regaderas, baños, palapas, juegos infantiles, palapas de fileteo para los pescadores que atracan en la zona, estacionamiento y hasta un bordo para prevenir inundaciones ante el peligro que representa un arroyo que desemboca en el mar.
Y lo cierto, además, es que según un peritaje realizado por el gobierno federal, la superficie en disputa no empata con el terreno que supuestamente se entregó en donación.
Aún así, de acuerdo a la promesa de donación notariada dictada en 1978 por el propietario del terreno, Manuel González Canseco, ésta sería válida a condición de que éste se destinara para la construcción de un balneario y centro de recreación popular? cuyas instalaciones jamás se construyeron.
Lo curioso del caso es que anexo al documento cuya fe pública la otorgó el notario Armando Antonio Aguilar Rubial, se presentó un mapa cuya configuración no corresponde a la de la época.
Y lo curioso, además, es que en septiembre de 2002 Palmilla San José Inmobiliaria, cuyas inversiones en la zona sobrepasan los mil millones de dólares, adquirió un restaurante en un predio anexo a la Playa Palmilla, lo que le obligó a pagar los derechos derivados de la concesión federal, sin que el municipio haya colocado objeción alguna a la operación.
En prenda de certeza, desde 1999 la Secretaría del Medio Ambiente había notificado a los gobiernos estatal y municipal que los terrenos que adquiriera más tarde la inmobiliaria ?habían sido ganados al mar?, y se situaban en una superficie distinta a la que en una época fue propiedad de Manuel González Canseco.
El expediente tiene el número SRN-DG2F-2224/99 de la Secretaría de Recursos Naturales y Pesca, nombre anterior al de la Semarnat.
El hecho es que en febrero de 2003 la inmobiliaria tramitó ante ésta la compra de los terrenos, de conformidad con la Ley de Bienes Nacionales, lo que obligó a la dependencia a hacer pública la intención, en afán de que se plantearan, en su caso, las objeciones correspondientes.
Estas jamás llegaron a la mesa ni por parte del gobierno estatal ni del municipal.
El contrato, pues, se formalizó en noviembre del año pasado. El problema surgió cuando la empresa solicitó a la Dirección de Catastro Municipal la emisión del número de identificación correspondiente, lo que fue negado bajo el argumento simple de que existía superposición con predios propiedad del municipio.
Textualmente, el documento señalaba que ?es necesario agotar los procesos correspondientes para tener la certeza de las características cualitativas y cuantitativas de la propiedad raíz??.
Sin embargo, la inmobiliaria planteó un recurso de revisión que permanece en el aire. Por lo pronto, el municipio ha detenido la construcción del bordo que permitiría contener las aguas del arroyo que desemboca al mar, en previsión de una inundación. Y por lo pronto, el malestar está ahuyentando proyectos que se cocinaban en la zona.
Balance general
La posibilidad de que se le finquen responsabilidades por el desgajamiento del cerro Necaxaltépetl en el municipio de Nueva Necaxa, cuyo alud de 100 mil metros cúbicos arrasó con un trailer, un autobús de pasajeros y seis automóviles que circulaban en la carretera México-Tuxpan, provocando cuatro muertos y 15 lesionados, cinco de ellos de gravedad, mantiene a dieta de té de tila a los principales directivos del grupo ICA.
La empresa, a juicio de los peritos, sobreexplotó las vetas de balastro del cerro desquebrajado, lo que habría provocado la catástrofe.
De hecho, una de las líneas de investigación de la Procuraduría General de la República apunta a la extracción inmoderada de materiales del cerro para construir la carretera? por más que otra habla de una posible falla geológica en el lugar.
El caso es que el eje de la negligencia, de comprobarse ésta, se ubicaría en la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, quien le vendió a la constructora 500 mil metros cúbicos de balastro.
Lo inaudito del asunto es que, previo a la operación, la Comisión de Reforestación y Saneamiento de las Presas del Sistema Hidroeléctrico había advertido del grave riesgo que se corría con la sobreexplotación.
Peor aún, hete aquí que los funcionarios que pusieron el alerta fueron despedidos sin mayor explicación.
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A propósito de ICA, finalmente, a contrapelo de la tradición que obliga al retiro a los 65 años, Bernardo Quintana Isaac fue ratificado como su presidente por la asamblea de socios, aún cuando ya no tendrá en paralelo la dirección general.
Ésta la ocupará el ex vicepresidente de Finanzas, José Luis Guerrero.
La compañía pasa de sociedad anónima a sociedad anónima bursátil, lo que la obligó al cambio de estatutos. En consonancia a su nuevo status que empata con lo dispuesto en la nueva Ley del Mercado de Valores, se designó como consejeros independientes a Francisco Garza Zambrano, Luis Rubio Friedberg y Guillermo Haro Bélchez.
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A diferencia de los últimos tres años, esta vez el premio ?Eugenio Garza Sada? que entregan la empresa Fomento Económico Mexicano y el Instituto Tecnológico de Monterrey no fue para un solo empresario, sino para dos: Jorge Del Rincón Bernal y Mario Lozano González.
Este último se entregó en forma póstuma.
Adicionalmente, se reconoció la labor de la organización altruista ?Nuestros pequeños hermanos?.
La presea la han ganado anteriormente Lorenzo Servitje Sendra, Andrés Marcelo Sada Zambrano, Isidro López Del Bosque y Federico Terrazas Torres.
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