En lo que constituye la última y nos vamos en los desencuentros crónicos entre la Presidencia de la República y el Congreso, el gobierno está intentando meter reversa a un ordenamiento aprobado por inaudita unanimidad de una y otra Cámaras Legislativas.
Estamos hablando de la Ley Federal de Competencia que entró en vigor el 29 de junio pasado, un día después de su publicación en el Diario Oficial? previo Decreto Presidencial de promulgación.
Se diría, pues, que el Ejecutivo no leyó el dictamen previo de la Secretaría de Gobernación, o que una vez firmado el documento cedió a las presiones de las empresas hegemónicas, con énfasis en Teléfonos de México y Fomento Económico Mexicano, que se oponían a la legislación.
El caso es que 10 días después de la promulgación del ordenamiento la Procuraduría General de la República interpuso una Controversia Constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, alegando inconstitucionalidad en cinco de sus artículos.
El reclamo fue admitido la semana pasada por la ministra Olga Sánchez Cordero. Entre los artículos impugnados destaca el 31, por el que se faculta a la Comisión Federal de Competencia (CFC) a realizar visitas domiciliarias a las empresas sujetas a un procedimiento por supuestas prácticas monopólicas, en afán de revisar in situ alguna documentación.
Textualmente el artículo de la discordia señala que ?en donde se presuma que existen elementos necesarios para la debida integración de la investigación, la Comisión podrá solicitar las visitas de verificación sólo respecto de datos y documentos que haya requerido anteriormente en el curso de la investigación?. Previamente, señala el inciso I, se deberá recabar una autorización por escrito de la autoridad judicial competente, o si no la hubiera la del orden común, expresando el objeto y la necesidad. Más allá, el inciso II especifica que las visitas se practicarán en días y horas hábiles únicamente por el personal de la Comisión que la autoridad judicial autorice? aún cuando la diligencia podría realizarse también, si así lo decide el juez, en días y horas inhábiles.
El caso es que en su alegato la PGR señala que la disposición es contraria al artículo 16 de la Constitución, que acota la posibilidad de órdenes de cateo en materia penal a la jurisdicción de los jueces, dejando a las autoridades administrativas sólo la posibilidad de verificar el cumplimiento de los ordenamientos sanitarios o de policía y buen gobierno.
Más allá, la controversia planteada por el Ejecutivo objeta el artículo 37 del ordenamiento, que plantea la posibilidad de condenar a las empresas reincidentes en una práctica monopólica a la desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones que le quiten poder sustancial de mercado.
La alternativa regirá cuando la infractora haya sido sancionada previamente y el castigo hubiera derivado en una ejecutoria, además de que la reincidencia incida en el mismo mercado relevante.
De acuerdo con la PGR, la acción sería violatoria de las garantías individuales? por más que ésta existe en todas las leyes antitrust de los países desarrollados.
Más aún, de acuerdo con lo previsto en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, México está obligado a homologar sus leyes en la materia con las de Estados Unidos y Canadá.
Ahora que la impugnación apunta además a la exigencia, prevista en el artículo 26 del ordenamiento, de sancionar el Senado los nombramientos por parte del Ejecutivo de los comisionados que constituyen el pleno de la CFC. Dicho con todas las letras, la Cámara Alta tendría poder de veto.
De acuerdo con la PGR la facultad de verificación sólo podría conferirse a los legisladores en aquellos casos expresamente previstos por la Constitución. Finalmente, se objeta el artículo 33 bis tres que plantea la posibilidad de testigos protegidos, es decir abatir al mínimo las sanciones a los agentes económicos que habiendo participado en una práctica monopólica absoluta, decidan denunciarla? y cooperar en la sustanciación del proceso.
La paradoja del caso es que habiendo elaborado un anteproyecto de reforma a la Ley Federal de Competencia que atendiera las objeciones planteadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación que permitieron colar una catarata de amparos de supuestas infractoras, el gobierno decidió ceder la estafeta a los partidos políticos.
La alternativa también existe en todas las legislaciones avanzadas del mundo.
El proyecto de reformas definitivo lo plantearon dos legisladores, panista uno, priísta otro, tras abrirse una serie de consultas con las partes interesadas. ¿Firmó sin ver el presidente Fox?
Puñalada trapera.
Balance general
La noticia es que la CFC inició una investigación de oficio, esto es sin denuncia al calce, sobre supuestas prácticas monopólicas absolutas en el transporte de carga ferroviaria, fundamentalmente en materia de derechos de paso.
El procedimiento derivó de la consulta realizada por la dependencia encabezada por Eduardo Pérez Motta entre los usuarios, previo al rechazo de la concentración entre Ferromex y Ferrosur.
De acuerdo con el título de concesión con que operan los tres troncales en que se dividió a los ex Ferrocarriles Nacionales de México, éstos están obligados a ceder derechos de vía en las rutas cruzadas, previo pago de un derecho? que se volvió leonino.
La indagación apunta también a Kansas City Southern México, la dueña del otro troncal que había privatizado previamente Transportación Ferroviaria Mexicana.
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De acuerdo con versiones de los trabajadores de la mina Pasta de Conchos propiedad del grupo industrial Minera México, la verdadera intención de la empresa en los trabajos de remoción de escombros, más que rescatar los cuerpos de los 64 mineros que permanecen sepultados, es borrar las evidencias de negligencia en la trágica explosión de febrero pasado.
Dicho con todas las letras, al tiempo que se extrae la tierra se remodelan los túneles y aún se colocan dispositivos de seguridad que no existían en la etapa previa al percance. La providencia se justifica ante el procedimiento que abrió el gobierno de Coahuila contra el entonces delegado de la Secretaría del Trabajo en la entidad, quien firmó un acta de inspección en la fase previa a la explosión, en la que se avalaban medidas de seguridad. El funcionario fue transferido a Nuevo León.
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De acuerdo con el equipo de campaña de Mayer Zaga, las versiones que lo ubican como ?el patito feo? de la contienda por la presidencia de la Concamín son erróneas, dado que sólo los escrutadores saben quiénes tienen la mayor simpatía de Cámaras y Asociaciones industriales. Se trata, dice, de sembrar la percepción de que está derrotado de antemano.
El aspirante, por lo pronto, envió una carta a los presidentes de los organismos, cuyo último párrafo señala que ?soy un hombre de convicciones que no se detiene hasta ver realizados sus ideales?.
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La subsidiaria de envases de Norteamérica del grupo Vitro finalizó ayer exitosamente una colocación de deuda en la modalidad de Notas no Subordinadas Garantizadas de Corto Plazo por 110 millones de dólares. El plazo de amortización es de 12 meses, pactándose una tasa de interés de diez por ciento.
Los recursos permitirán prepagar un crédito pactado con el banco Credit Suise por 105 millones de billetes verdes.
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