Puntilla
Como era previsible dada la tibia argumentación planteada por el gobierno, la Organización Mundial de Comercio rechazó el recurso de inconformidad de México frente a la exigencia de desmantelar el impuesto especial aplicable a las empresas refresqueras que utilicen alta fructosa
Colocada con desgano al cinco para las 12 del vencimiento del plazo previsto, se diría que la carta se jugó para perder, tras las infructuosas gestiones con el Congreso para desmantelar el tributo a tasa de
20%, vigente hace cuatro años.
De hecho, como recordará usted, a unos meses de su aprobación el régimen foxista, en atropello de la Constitución, había suspendido durante seis meses la vigencia del tributo, lo que provocó una Controversia Constitucional que ganaron los legisladores.
En esa misma ruta el gobierno planteó a su vez una Controversia Constitucional contra la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar aprobada hace un año, cuyo objetivo era promover un escenario para la modernización y reconversión de los ingenios.
De hecho, subjudice aún el asunto, pese a que los cañeros han creado sus comités locales del sistema-producto para estimular la competitividad y ordenar la producción, el gobierno no tiene para cuando hacer su tarea nacional.
Como usted sabe, el ordenamiento aprobado sin el concurso de los legisladores panistas se planteó en reacción a la derogación del Decreto Cañero que declaraba de interés público la siembra, cosecha e industrialización de la caña de azúcar, y permitía ubicarle un precio de referencia de acuerdo con las condiciones del mercado.
Y si le seguimos, en los últimos cinco años se han multiplicado los estímulos para los productores que orientan sus tierras hacia la siembra de maíz amarillo o dulce, es decir el que permite la elaboración de alta fructosa.
Más aún, de acuerdo con la Ley de Desarrollo Rural Sustentable en vigor, para considerar factible la siembra de caña de azúcar se requiere un promedio mínimo de cosecha de 120 toneladas por hectárea? cuando la producción promedio es de 70, con la novedad de que 80% de los productores trabaja en menos de seis hectáreas, algunas ubicadas en laderas.
Se diría, pues, que el gobierno le apuesta más al edulcorante de jarabe de maíz que al azúcar de caña, por más que tras de la industria se generan directa o indirectamente 450 mil empleos, y por más que la producción local de alta fructosa la realizan empresas estadounidense, importándose el resto de la demanda? de Estados Unidos.
De hecho hace unos días, reunidos en insólito bloque propietarios de ingenios y productores de caña, le reclamaron al secretario de Agricultura, Francisco Mayorga, una definición clara de la posición del gobierno frente al futuro de la industria. La gota que derramó el vaso fueron las inauditas subastas que está realizando el Fideicomiso de Empresas Expropiadas del Sector Azucarero (FEESA) de existencias de azúcar en bodegas, colocando en la mesa un precio base de 250 pesos por tonelada? cuando el precio mínimo es de 260.
El remate del año, pues, en un escenario en que los propios ingenios expropiados están realizando importaciones compulsivas de azúcar proveniente de Guatemala y otros países centroamericanos.
Ahora que la respuesta del funcionario fue que se realizaría un censo para ubicar con certeza los niveles de producción; las existencias en bodega; los excedentes reales para exportación a Estados Unidos, tras la oferta de aceptar uno a uno sobre la importación de alta fructosa; la vocación de las tierras donde se siembra caña de azúcar? Y después veremos?
Lo curioso del caso es que mientras nuestro país pareciera hacer esfuerzos desesperados por achicar o de plano desaparecer la industria, en Brasil, considerado el máximo productor del planeta, se acaban de abrir 16 nuevos ingenios cuya producción equivale a la mitad de la nuestra. Globalmente el país carioca produce siete tantos más que México.
Más aún, en intento de diversificar la industria, esa nación ha vuelto obligatorio el uso de etanol, es decir alcohol de caña, como oxigenante de las gasolinas, en proporción de cinco por ciento.
Más aún, sin ser un gran productor de azúcar, Colombia ha hecho lo propio, en este caso en una proporción de dos por ciento.
En México, tras los esfuerzos del gobierno cardenista de la ciudad de México desde hace ocho años por obligar a Pemex a utilizar el producto, éste le ha dado una y otra largas al asunto. Más aún, la pretensión es que se prohíba vender el alcohol de 96 grados en las farmacias.
Digamos que la ratificación de la OMC a la exigencia de desmantelar el impuesto a la alta fructosa se plantea como la puntilla para la industria azucarera que pareciera ser el patito feo del país.
Balance general
Más de lo mismo: Lo curioso del caso es que la argumentación de la OMC señala que el daño provocado a la producción de jarabe de maíz de alta fructosa de Estados Unidos (EU) por el tributo de la discordia representó una caída de seis por ciento en sus exportaciones, frente a los argumentos de que éstas se habían reducido a la mitad.
El costo anual para las refinerías de maíz dulce lo estimó el organismo en 944 millones de dólares, es decir la vigésima parte de las ventas en su país de una empresa como Archer Daniels Midland.
Como usted sabe, la mitad de las refresqueras nacionales se ampararon contra el tributo.
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En lo que pareciera un sesgo inesperado del caso Napo, hete aquí que la Procuraduría de Justicia del DF investiga una supuesta complicidad de funcionarios o empleados del Scotiabank/Inverlat en la sustracción de la totalidad de los recursos depositados en un fideicomiso a su cargo.
Estamos hablando de los 55 millones de dólares pagados por la Compañía Industrial Minera México de Germán Larrea Mota Velazco, por el paquete de cinco por ciento de las acciones de la Minera de Cananea que pertenecía a los trabajadores.
El dinero, o mejor dicho lo que quedó de él, a contrapelo de las reglas con que se constituyó el fondo en 1989, pasó a la cuentas del Sindicato de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares que encabezaba hasta hace unos días Napoleón Gómez Urrutia.
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Finalmente, tras 16 años de controversias, ayer los secretarios de Economía de México, Sergio García de Alba, y de Comercio de Estados Unidos, Carlos Gutiérrez, firmaron en Washington el Acuerdo sobre Comercio de Cemento que le pone punto final a las cuotas compensatorias aplicadas a nuestras exportaciones por supuesta práctica de dumping o precio inferior al del mercado de origen.
En el largo jaloneo, como recordará usted, un panel de solución de controversia de la Organización Mundial de Comercio (OMC) determinó que el país del norte no tenía razón en aplicar la sanción, que sin embargo no fue desmantelada?
Más aún, hace cinco años cuatro gobernadores de allende el Bravo le exigieron a la Casa Blanca cerrar el capítulo ante una grave escasez de cemento. Y ni así.
Finalmente el milagro lo logró la reconstrucción de los daños ocasionados por el huracán Katrina.
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Lo que no se dice en la catarata de cifras alegres que muestra el gobierno al inicio de la semana dedicada a la industria automotriz, es que en paralelo a un incipiente crecimiento de las exportaciones de vehículos se ha desatado una catarata impresionante de importaciones procedentes del cono sur del Hemisferio.
Para no ir lejos, por cada coche que le vende México a Brasil, este país nos envía 55.
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