A tres meses de su anticipado retiro de la vida pública, el secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, logró cancelar el dolor de cabeza que le persiguió a lo largo del sexenio: los señalamientos de manejos irregulares en el fideicomiso Aduanas I, a cuya vera bailaban siete mil 800 millones de pesos
Constituido con recursos públicos en Nacional Financiera en 1994, cuando Gil Díaz era subsecretario de Ingresos, el órgano cobijó la constitución de la empresa Servicios Informativos e Integradora de Activos, conocida como ISOSA.
El caso es que, en votación dividida, la Suprema Corte de Justicia de la Nación le dio la razón al gobierno en una controversia constitucional promovida hace dos años contra el Congreso, al descalificar las acusaciones fincadas por la Auditoría Superior de la Federación, documentadas tras la revisión de las Cuentas Públicas correspondientes a 2001, 2002 y 2003.
El argumento mayoritario de los ministros señala simple y llanamente que el órgano de vigilancia de la Cámara de Diputados carecía de facultades para la indagación? por tratarse de un fideicomiso privado.
En actas quedó, empero, la réplica del ministro Genaro Góngora Pimentel, reprochando la legitimación ?de un manejo arbitrario de recursos que tiene carácter público y que se integraron en un fideicomiso para escapar a las supervisión de la auditoría?.
El señalamiento coincidió casi a la letra con una histórica resolución, en septiembre del año pasado, del pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), que ordenaba transparentar los contratos firmados por la dependencia con la empresa ISOSA, después de tres rechazos del Servicio de Administración Tributaria (SAT).
En el primero se alegaba que el fideicomiso se había constituido con patrimonio de particulares; en el segundo que no era de su competencia atender el reclamo, y en el tercero que la información era inexistente.
El hecho es que a juicio del organismo el fideicomiso sí tenía carácter público al mantener Nacional Financiera 99 por ciento de sus acciones, en tanto sus funcionarios y los de la Secretaría de Hacienda participaban en el Comité Técnico. Más aún, su relación con el SAT se deriva de una autorización, no un contrato.
La paradoja del caso es que aún cuando se le dio a la dependencia un plazo de diez días para transparentar la información, ésta jamás de hizo pública. Más aún, pese a que en agosto de 2004 se firmó un acuerdo entre las secretarías de Hacienda y la Función Pública para transparentar las entrañas de los fideicomisos constituidos con recursos públicos, la primera colocó en una isla a Aduanas I y Aduanas II, al ponerles etiqueta de intocables. Y háganle como quieran.
En este último fideicomiso participan los Consorcios de Comercio Exterior de Ciudad Juárez, Guadalajara, Matamoros, Mexicali, Nogales, Nuevo Laredo, Piedras Negras, Reynosa y Veracruz, así como el Consorcio de Comercio Exterior-Interior de México y Servicios Logísticos Aduaneros, actuando como fideicomisaria la Secretaría de Hacienda.
El hecho es que el fideicomiso Aduanas I se constituyó con los recursos derivados del pago de derechos para el cruce de los puentes internacionales creados por el gobierno salinista, en afán de proveer el pago a particulares que prestan servicio de procesamiento electrónico de datos, equipos y soporte técnico del sistema de aduanas del país.
Más tarde, durante el actual sexenio, se integró a la piñata un Derecho de Trámite Aduanero que se cobra a las empresas importadoras? contra el que se ampararon decenas de firmas hasta lograr su desaparición? que en la carambola colocó en la cuerda floja a la empresa ISOSA.
La cuota, integrada como ingreso fiscal, era el equivalente a ocho por ciento al millar sobre el valor de la mercancía, lo que abrió una laguna jurídica, dado que el trámite se realiza sobre la base del ingreso de los productos, no sobre su valor. Dicho con todas las letras, un tráiler podría pagar lo mismo 300 que tres mil pesos? por el mismo servicio. Se acabó, pues, el derecho constitucional de proporcionalidad.
El caso es que entre las irregularidades detectadas por la Auditoría Superior de la Federación se hablaba de que ISOSA había entregado facturas por 796.3 millones de pesos sin cumplir con los requisitos fiscales, al utilizar como razón social Importadora y Exportadora de la República Mexicana, de la que no aparecían ni su domicilio fiscal ni su Registro Federal de Contribuyentes. Adicionalmente, se hablaba del pago de 115 millones de pesos por concepto de una revisión de dos millones de pedimentos de importación? que nunca se realizó.
El escándalo alcanzó tal nivel de decibeles, que llegó a interpretarse como pleito personal entre el secretario de Hacienda y el auditor Superior de la Federación, Arturo González de Aragón. ¿Puros chismes?
Balance general
La noticia es que las empresas del grupo Salinas de Ricardo Salinas Pliego que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores, es decir Televisión Azteca, Elektra y Iusacell, solicitaron un amparo ante un juez federal contra la nueva Ley del Mercado de Valores.
Como recordará usted, el consorcio se opuso frontalmente a la aprobación del ordenamiento, lanzando una ofensiva de cabildeo en la fase de discusión en el Congreso, bajo el alegato de que atentaba contra el desarrollo del mercado.
En la exposición de motivos de una acción que sorprendió a propios y extraños, se aduce que el grupo está en favor de una ley que estimule el mercado y no lo inhiba; que proteja los derechos de las minorías en un esquema de transparencia y sin discrecionalidad, y que consolide un marco regulatorio que reconozca las particularidades del mercado mexicano.
El ordenamiento, aprobado en diciembre de 2005, entró en vigor en julio pasado, entre acusaciones de abrir un esquema de discrecionalidad; elevar los costos regulatorios, y cancelar derechos de las mayorías.
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Las señales indican que Monterrey se constituirá como fiel de la balanza en la elección del sucesor de León Halkin en la presidencia de la Concamin.
Como usted sabe, además de la Caintra de Nuevo León, las empresas de la capital del estado dominan las Cámaras del Cemento, Acero y Minería, constituidas como las mayores aportantes de la cúpula industrial. Y al parecer su corazón se inclina por el constructor Ismael Plascencia, a quien se vincula con el grupo en el poder.
Y aunque Jalisco cuenta con nueve votos, éstos se volcaron hacia el empresario textil Mayer Zaga. El favorito hasta hace unos días era el industrial de la confección, Salomón Presburguer.
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Curioso que la inversión en materia de construcción de vivienda en el país se haya volcado en el primer semestre del año, es decir en la fase previa al proceso electoral. El avance fue de 45.6 por ciento relación al monto aportado en el mismo lapso de 2005, para alcanzar 84 mil 172 millones de pesos.
Naturalmente, el Infonavit reforzó la oferta lanzando su resto en materia de créditos.
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El grupo financiero Banorte está convocando a una asamblea extraordinaria de accionistas con un solo punto en la agenda: la desincorporación del Banco del Centro, adquirido hace ocho años tras haber sido intervenido por el gobierno ante su insolvencia en materia de reservas preventivas.
El evento se realiza el jueves próximo.
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