Enardecidos por lo que califican de traición de su representante, los habitantes del poblado El Hospital, damnificados por daños ambientales provocados por la empresa alemana Basf, reclaman en su revancha ante la Comisión para el Desarrollo Ambiental castigo para el Gobierno de México.
Textualmente, en su petición para reponer un procedimiento cortado abruptamente en su fase final, que había iniciado el órgano trilateral derivado del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, se habla de falta de aplicación de las leyes ambientales y falta de aplicación efectiva de las leyes ambientales.
La catarata señala cuatro omisiones:
n No sancionar las acciones ilegales en que incurrió Basf Mexicana en su planta de pigmentos químicos asentada durante 25 años, de 1973 a 1997, en el casco de la hacienda de Nuestra Señora de La Concepción en el estado de Morelos.
n Soslayar las violaciones a diversas leyes, reglamentos y normas en materia ambiental que se asentaron en una auditoría ambiental realizada entre 1996 y 1997.
n No haber realizado los estudios o diagnósticos necesarios para dimensionar la magnitud, severidad, trascendencia ambiental y de salud por los daños causados a los habitantes del poblado aledaño a la planta.
n No haber ordenado las medidas de prevención y control necesarias para evitar la dispersión de la contaminación provocada por Basf Mexicana, por más que ésta se comprobó parcialmente durante los años 2000 a 2002, enviándose a un confinamiento de residuos peligrosos de Mina, Nuevo León, 11 millones 800 mil kilos de suelo.
El procedimiento iniciado por el órgano trilateral con sede en Montreal, Canadá, se cayó hace unas semanas al desistirse de la denuncia el representante de los damnificados, Carlos Álvarez? horas antes de presentar su renuncia. La reversa exoneraba a Basf Mexicana de cualquier responsabilidad, alegándose que la afectación en la salud de 100 familias, oscilando desde la aparición de tumores hasta saturnismo y retraso mental provocados por la exposición de plomo y cromo, ?eran normales?.
Vamos, el problema es que los niños acostumbraban morder lápices coloreados por pigmentos químicos, o por el uso, sin la previa curación, de cazuelas de barro barnizadas con sustancias impregnadas de metales pesados. Quien les manda ser ignorantes.
El balde de agua helada llegó justo cuando el órgano había enviado un escrito al gobierno de México conminándolo a que en un plazo no mayor de 60 días se ofrezca una respuesta ?oficial y pormenorizada? sobre las diligencias realizadas en diez años de denuncias. El texto hablaba de ?graves afectaciones? por contaminación de metales pesados, ?supuestamente a causa de la antigua operación de una planta productora de pigmentos?.
Más aún, se hablaba de la urgencia de responder ?por omisiones en la aplicación efectiva de la legislación ambiental?. El caso es que en la reposición de la denuncia, firmada ahora por Myredd Alexandra Mariscal Villaseñor, se hace un recuento pormenorizado del problema, a partir de la primera querella popular planteada en 1998.
El texto, enriquecido con evidencias técnicas avaladas por instituciones académicas, entre ellas la Universidad Autónoma Metropolitana, se habla del grotesco espectáculo que representó el que en su fase de mudanza la empresa le regalara plataformas, tambos, varillas, tarimas, ladrillos o cascajo contaminado a los habitantes de la población aledaña a su factoría, que algunos ocuparon para cimentar ampliaciones de sus viviendas.
Más aún, se habla de dos drenajes clandestinos instalados en la planta, con salidas uno hacia un arroyo que ingresa al poblado, y cuyas aguas se utilizaban para el lavado de ropa, trastes o incluso limpieza personal, y otro hacia el canal de riego del Espíritu Santo que permitía alimentar 40 hectáreas de cultivo.
Las descargas residuales tenían coloraciones azules, rojas y amarillas, producto de pigmentos inorgánicos a base de cromo, plomo, mobdileno y otros metales pesados.
Más allá de las fotografías y constancias notariales que prueban el asunto, el problema se detectó en un resumen ejecutivo del plan de acción de auditorías practicadas a Basf Mexicana entre 1996 y 97, bajo la supervisión de la empresa Oso Ingeniería. Adicionalmente, se comprobó la existencia de polvos fugitivos en la atmósfera aledaña a la planta, instalada en una superficie de cinco mil 300 metros cuadrados, sobre lo que alguna vez fue un ingenio azucarero.
Lo inaudito del asunto es que habiéndose planteado la exigencia de un Plan de Remediación o limpieza del lugar, ni la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales ni la Procuraduría Federal del ramo pudieron o quisieron obligar a Basf a cumplirlo a cabalidad.
Tampoco, naturalmente, hubo sanción alguna para los funcionarios omisos. Y aunque en afán de taparle el ojo al macho se le aplicó a la firma germana una multa de un millón 872 mil pesos, ésta se amparó para evitar su entero.
¿Nos esperamos a que desde Canadá se haga justicia?
Balance general
Finalmente la Comisión Federal de Competencia falló en contra de Telcel, a quien acusa de violar el artículo décimo de la anterior Ley Federal de Competencia Económica, al negarse a interconectar a la clientela de Nextel para envío de mensajes de texto.
La denuncia se presentó en noviembre del año pasado, previo a una resolución de la Comisión Federal de Telecomunicaciones que ordenaba a la totalidad de las firmas de telefonía inalámbricas a ofrecer el servicio, contra la que se ampararon Iusacell, Unefon y la propia Telcel, por más que Telefónica Móviles la aceptó sin aspavientos.
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Como se lo habíamos anticipado, la empresa constructora española OHL (Obrascón, Huarte y Lain) se convirtió en el socio mayoritario del Aeropuerto Internacional de Toluca, al adquirir el 49 por ciento de sus acciones.
La operación se pactó en mil 100 millones de pesos.
Aunque el gobierno mantiene un porcentaje mayor, hete aquí que éste se divide entre Aeropuertos y Servicios Auxiliares y el Estado de México, lo que deja la batuta a la firma española representada por el ex secretario del Patrimonio Nacional, José Andrés De Otezza. Los recursos se pagarán en abonos chiquitos a lo largo de un año.
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La salida negociada al conflicto laboral que paralizó durante mes y medio a la Minera de Cananea le permitió al grupo Industrial Minera México mejorar su calidad crediticia, confirmando Standard & Poor?s una calificación de BBB-, es decir a un milímetro de la solvencia plena.
El arreglo con la fracción del Sindicato de Trabajadores Mineros que se mantiene fiel a Napoleón Gómez Urrutia llegó tras la amenaza de la firma de Germán Larrea Mota Velasco de cerrar la planta reputada como la mayor productora de cobre en el país, con el 26 por ciento de la producción global de la empresa.
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De acuerdo a lo pactado en el contrato, la asociación a partes iguales entre el Grupo Modelo y la comercializadora global de cerveza Constellation Brands durará diez años, por más que las partes tienen opción de rajarse a los siete. El director de la firma conjunta será Bill Hackett, presidente del grupo Barton Beers de Constellation. La matriz se ubicará en Chicago, participando en el Consejo de Administración las dos empresas en forma paritaria. La firma se encargará de comercializar los productos estelares de Modelo en el mercado de Estados Unidos.
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