Descartada la posibilidad de un incremento en las cuotas obrero-patronales, el Instituto Mexicano del Seguro Social cifra su apuesta a la sobrevivencia en un incremento en el subsidio gubernamental; la subrogación de sus servicios; el traspaso de fondos de sus seguros, y su propia reorganización.
La exposición de motivos califica el primer escenario como contraproducente, dado que se provocaría mayor informalidad, es decir habría un éxodo de afiliados.
Y aunque del otro lado de la moneda la recaudación se multiplicaría al afiliarse al 48 por ciento de la población no inscrita, se calcula que bajo el escenario actual de incorporación los gastos serían mayores a los ingresos, dada la raquítica percepción salarial del universo.
Sin embargo, el organismo reclama una revisión del marco legal para definir el status de miles de trabajadores que supuestamente no mantienen una relación laboral con sus contratantes.
Estamos hablando, por ejemplo, de los comisionistas que trabajan para compañías de seguros o empresas de venta directa al hogar como Omnilife, Avon, Stanhome, Andrea, además de los trabajadores reclutados por empresas outsourcing.
El cálculo habla de al menos un millón 350 mil.
Más allá, la demanda planteada en el documento ?Informe al Ejecutivo Federal y al Congreso de la Unión sobre la situación financiera y los riesgos del Seguro Social? habla de una eventual afiliación obligatoria de los trabajadores que trabajan por su cuenta? para lo cual se multiplicarían los esfuerzos a favor de la simplificación.
Ahora que aún con el ingreso masivo de afiliados, el Seguro Social plantea abiertamente una mayor aportación gubernamental. De hecho, se habla de proveer la misma cuota fija orientada al Seguro de Enfermedades y Maternidad hacia el ramo más vulnerable del esquema, es decir el de Gastos Médicos de Pensionados.
De acuerdo a las cifras exhibidas, para que éste alcanzara un equilibrio se reclamarían ingresos equivalentes a cinco veces los que permite la Ley.
Y si le seguimos, se exige que el gobierno federal aporte la misma cantidad que el organismo tripartita hacia el fondo para enfermedades de alto costo: cánceres, diabetes, hipertensión, insuficiencia renal?
Más aún, se advierte que dada su situación financiera el Instituto no está en posibilidad de asumir el 100 por ciento del costo de operar las nuevas unidades construídas.
Una parte, pues, la asumiría el erario público.
Llama la atención, además, que, pese a las críticas de la oposición legislativa, el organismo vuelva a hablar de subrogación de sus servicios, si bien acotándola a ?casos especiales?.
La sorpresa mayor, empero, salta con la afirmación de que los fondos de dos de los cinco seguros del esquema, el de Invalidez y Vida y el de Riesgos de Trabajo, están sobrados en su proyección actuarial. Textualmente se habla de que el primero sólo reclamaría el 62.5 por ciento de sus ingresos por ley, y el segundo 77.2.
Se podría, pues, traspasar los sobrantes hacia los fondos deficitarios? por más que la operación reclamaría modificar la ley.
Por lo pronto, se habla de rebalancear las primas para transferir al Seguro de Enfermedades y Maternidad el 0.5 y el 0.73 por ciento del Seguro de Invalidez y Vida y el de Riesgos de Trabajo. Desde otro ángulo, aunque se habla de una solución definitiva al régimen de jubilaciones y pensiones de los propios trabajadores del organismo, revisando la edad de retiro; años de aportación, y la tasa de contribución, se plantea abiertamente la contratación externa de terceros, si bien en ?casos especiales?.
Por lo pronto, la promesa plantea una reorganización institucional, ?para operar con criterios de productividad, eficiencia, eficacia y costo-beneficio?, además de la incorporación de equipo médico con nuevas tecnologías que resulten costo-efectivas. Alquilar los aparatos por ejemplo.
Adicionalmente, se propone revisar la normatividad, procedimientos, organización, contrato colectivo ?y otros elementos que impiden operar a bajo costo?.
De hecho se habla de modificar la Ley del Seguro Social para permitir una reorganización operativa, ?manteniendo principios de la seguridad social, pero adaptados a la situación financiera del presente y el futuro?.
Como lee usted, la cuesta es más que empinada.
Balance general
Empantanadas las pláticas entre la fracción del Sindicato de Trabajadores Mineros y Metalúrgicos de la República Mexicana que mantiene fidelidad a Napoleón Gómez Urrutia y el grupo Industrial Minera México para evitar el cierre de la mina la Caridad, principal sustento de su filial Mexicana del Cobre, la firma habla de cerrar otra, en este caso su carta estelar: Minera de Cananea.
Intermediada la posibilidad de arreglo por el gobernador de Sonora, Eduardo Bours, ésta se trabó al negarse la empresa encabezada por Germán Larrea Mota Velasco a retirar demandas de robo contra los dirigentes del sindicato.
Lo peor del caso es que ahora es el otro grupo, encabezado éste por Elías Morales, al que reconoce la Secretaría del Trabajo, quien reclama ser el interlocutor en la negociación.
Por lo pronto, el grupo de Gómez Urrutia está gestionando un amparo contra la intención de la Procuraduría General de la República de catear la sede del sindicato, bajo el supuesto de que éste es objeto de una persecución política por parte de la Secretaría del Trabajo.
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A cinco meses de la sentencia absolutoria de un Tribunal Colegiado de Jalisco a favor de su ex distribuidor Elie Oscar Michel Guerrero, a quien había acusado de extorsión, el grupo fabricante de suplementos alimenticios Omnilife no ha podido recuperar los 900 mil dólares que le entregó para probar el ilícito.
La empresa encabezada por Jorge Vergara había sido amenazada por éste de divulgar que los productos que expende le habían provocado un padecimiento ?casi cancerígeno?.
El caso es que para el tribunal que revisó en segunda instancia el asunto, el dinero había sido otorgado por la firma a título de indemnización por rescindirle al acusado el contrato de distribución tras 14 años de ejercer la tarea. Michel Guerrero había sido sentenciado originalmente a una pena e cuatro años tres meses de prisión, tras un juicio que se desahogó en un lapso record: dos meses.
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El primer toro que enfrentarán los nuevos integrantes del pleno de la Comisión Federal de Telecomunicaciones encabezada por el ex senador panista Héctor Osuna, es el reclamo de las empresas de telefonía fija que compiten con Telmex, es decir Avantel, Alestra, Axtel, MCM Telecom, Protel I-Next, Bastel, Gtel, Marcatel y Maxcom, para que exista equidad en la extensión del esquema ?El que llama paga? a todo el país.
Concretamente se alega que son excesivas las tarifas de interconexión que cobran las firmas de telefonía móvil a las fijas. Mientras éstas mantienen una tarifa de 11 centavos por minuto, las otras cobran 1.54 pesos por terminar las llamadas en su red.
El año pasado, para no ir lejos, la factura fue de 11 mil millones de pesos.
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De acuerdo a un correo electrónico que nos envió el director de Comunicación y Relaciones Institucionales de Banamex, José Ortiz Izquierdo, carecen de sustento las versiones que hablan de negociaciones de un grupo de ex accionistas de Banamex encabezados por Roberto Hernández, el presidente actual de la intermediaria absorbida por el Citigroup, para adquirir el Banco Mercantil del Norte.
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