Calificado de vacilada por algunos analistas, lo cierto es que el conflicto legal que enfrenta al Scotiabank de Canadá contra un grupo de ex accionistas de Inverlat, el banco al que fusionó a su férula, poco a poco lo está colocando de espaldas al callejón.
De entrada, a contrapelo del optimismo con que los banqueros del país de la hoja de arce preveen el desenlace del asunto, es decir desecharlo por ?notoriamente improcedente?, éste fue avalado por el juez de la causa en Nueva York, tras un riguroso examen de su consistencia.
Para el togado, pues, sí existía causa. Más allá, resulta significativo que un despacho de abogados de los Estados Unidos se haya lanzado a la pelea sin exigir sus honorarios por delante, es decir a la esperanza de una jugosa comisión al triunfo de la querella.
¿Usted cree que sacrificaron así como así sus tarifas de tanto por hora sólo por simple amor al arte? El eje de la pelea que se ventila en las Cortes de la llamada ?urbe de hierro?, es la exigencia de los compradores originales de la intermediaria que sustituyó al Multibanco Comermex, alguna vez propiedad de Eloy S. Vallina, de hacer valer el compromiso de mantener a su nombre una rebanada del capital del banco tras su venta al Scotiabank de Canadá.
La manzana de la discordia es el nueve por ciento de las acciones, cuyo monto se calcula en unos 400 millones de dólares. El promotor del pleito es Alejandro Creel Cobián, un ex funcionario de Inverlat al que al parecer despidieron de mala manera los canadienses al asumir el control, nombrado más tarde vocal independiente del Instituto para la Protección del Ahorro Bancario.
Al camión se han subido 90 ex accionistas, con énfasis en familiares de Xavier Autrey, a quien se designó como presidente del banco a la salida de Agustín F. Legorreta, el banquero que encabezó su compra al gobierno salinista; el ex vicepresidente del propio Inverlat, Marcos Katz, y el presidente del Grupo Azucarero México, Juan Gallardo Thurlow.
El conflicto, naturalmente, remite a la forma en que fue vendido el banco a los canadienses, tras detectar su insolvencia la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
Como recordará usted, el Scotiabank había llegado al país en la fase previa al estallido de la crisis de pagos desatada en la carambola de la macrodevaluación del inicio del gobierno zedillista, con la adquisición del cinco por ciento de Inverlat.
El caso es que en la disyuntiva de intervenirlo al agotarse la posibilidad de más inyecciones de capital por parte del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) y declararse en insolvencia los accionistas para hacer nuevas aportaciones en restitución de las reservas preventivas perdidas, el gobierno zedillista se sacó de la manga una salida: enamorar a los canadienses.
El requerimiento hablaba de un golpe de confianza hacia la comunidad financiera internacional si se lograba que el Scotiabank asumiera el control de la intermediaria.
El caso es que aunque aceptó la invitación, el banco no quiso arriesgarse a jugar entero el volado, es decir compraría Obligaciones Convertibles en Acciones por el 45 por ciento del capital? que en un lustro serían canjeables, o redimidas.
Dicho con todas las letras, si al término del plazo no se vislumbraba la posibilidad de negocio, la inversión se levantaría de la mesa con los intereses correspondientes, y asunto que terminó mi hermano.
Ahora que si para entonces el sol brillaba en todo lo alto, el Scotiabank asumiría la mitad del capital, con miras a extenderlo al 100 por ciento.
Por lo pronto, se aceptó que los ex accionistas conservaran el nueve por ciento del porcentaje accionario, previo cernimiento de quienes se consideraran ?elegibles?.
La condición para mantenerse en línea pese a que se había agotado totalmente el capital aportado, era no haberle causado algún quebranto a éste por autopréstamos en cartera vencida o por decisiones favorables a la causa de los ?cuates?.
El plazo para otorgar la prebenda, una vez asumida la mayoría del capital por parte de los canadienses, venció hace año y medio? lo que justifica el que hasta hoy se esté planteando el pleito. Ahora que en el camino, aunque el banco canadiense le compró a los ex accionistas parte del porcentaje, se justificó el no llegar a la totalidad por falta de una lista en firme de los supuestos ?elegibles?.
Lo inaudito del caso es que el Scotiabank terminó por comprar el banco en 600 millones de dólares, es decir cinco veces menos de los que vale hoy.
El asunto, pues, está más caliente de lo que se calibraba.
Balance general
¿A quién le cree usted?
Hace unos días el ex subgerente General de la empresa peruana Ajegroup, la matriz de la firma Ajemex, fabricante de la popular Big Cola, José Luis Medina Mosto, denunció una amenaza de muerte por parte de algún supuesto personero de la firma.
Textualmente, tras recordarle que tenía una linda familia y una linda esposa y señalarle que ?no vale la pena que te arriesgues a perderla?, se le conminaba ?a dejar de joder a los señores y a la compañía?.
Más aún, la voz a la que se identificó ?con acento peruano?, señaló textualmente que se callara la boca o lo mandarían suicidar. La denuncia se planteó en la delegación Puebla de la Procuraduría General de la República, donde vive el ex funcionario cuyo ámbito de acción alcanzaba México, Venezuela, Perú y Costa Rica.
Este había sido despedido el 15 de abril pasado, presentando una querella laboral el 12 de mayo, en demanda de una indemnización de 2.5 millones de dólares por los años en nómina.
La versión de la empresa encabezada por Carlos Añanos Geri, es que Medina Mosto está involucrado en un fraude contra ésta, lo que no le da derecho a ninguna indemnización. De hecho, dice, debería darse de santos de no ir ala cárcel.
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En más de lo mismo del cuesta abajo en su rodada ante sus graves problemas financieros, la tercera calificadora de deuda de Estados Unidos, Fitch Ratings, degradó la calidad crediticia de dos programas de Certificados Bursátiles de por Ford Credit de México.
De la calificación A- se les bajó a BBB+, con perspectiva negativa. Adicionalmente, se mantiene intacta la triste condición de BB- para otras emisiones de corto plazo por un global de tres mil 566 millones de pesos que autorizó la Comisión Nacional Bancaria y de Valores el 24 de agosto de 2005.
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Quien peleará ferozmente la presidencia de la Comisión de Energía de la Cámara de Senadores es el ex director general de Pemex Refinación, Juan Bueno Torio, a quien se otorgó una curul de primera minoría por su natal Veracruz.
La intención es simple: atajar desde ahí los intentos de priístas y perredistas para abrir una investigación en su contra por su sospechosa gestión? y de pasadita bombardear al director general de Pemex, Luis Ramírez Corzo. De hecho, la compaña contra éste ya se cocina por la vía de filtraciones a los medios.
