De confirmarse las expectativas del Grupo Maseca, en los próximos días el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en Materia Administrativa le concederá una suspensión definitiva contra una resolución de la Comisión Federal de Competencia que impide su expansión.
La manzana de la discordia es la pretención del imperio nixtamalero encabezado por Roberto González Barrera de adquirir una serie de activos de Agroinsa de México? que a juicio de la dependencia le darían un perfil abiertamente monopólico.
De haberse concretado la operación, las dos firmas alcanzarían en conjunto ventas por un monto superior a los dos mil 226 millones de pesos anuales.
El pleito cumplió hace días un año en la mesa, en medio de acusaciones a la CFC de violar la Constitución, negar la alternativa ficta y soslayar los argumentos de defensa de la agraviada.
Hete aquí que consultada la dependencia el 14 de julio de 2005 sobre la posibilidad de la concentración, el pleno de ésta la rechazó cuatro meses después bajo el argumento de rebasar los parámetros permisibles en materia de poder sustancial de mercado.
Más aún, el matrimonio de las firmas acumularía tal poderío, que podría, en su momento, poner barreras al ingreso o expansión de competidores potenciales.
De hecho, el razonamiento del pleno de la CFC en su reunión del diez de noviembre de 2005 señalaba a la letra que aún los competidores actuales no tendrían el suficiente poder para contrarrestar el team Gruma/Agroinsa? con la novedad de que la primera está aliada con la firma más poderosa en los Estados Unidos, es decir Archer-Daniels Midland.
Juntas las firmas concentrarían una parte importante de la demanda de maíz blanco comercial, lo cual las colocaría en opción de fijar precios a las cosechas nacionales.
Por si fuera poco, se aducía textualmente que Gruma ?tiene la capacidad de celebrar convenios con el objetivo de condicionar la venta de harina de maíz, así como maquinaria y refacciones a tortilleros para que éstos se sujeten a ciertas conductas?.
La exposición de motivos hablaba de que con la adquisición por parte de Gruma de las plantas de harina de maíz de Agroinsa en Nuevo León y Guanajuato, ésta alcanzaría dos áreas de influencia regionales en el Noreste y el Occidente/Centro.
La primera alcanza los estados de Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila y parte de San Luis Potosí, Zacatecas, Veracruz, Chihuahua y Durango.
La segunda Guanajuato, Michoacán, Jalisco, México y parte de San Luis Potosí, Querétaro, Distrito Federal, Hidalgo, Aguascalientes, Morelos, Colima, Veracruz y Nayarit.
La operación incluía también la adquisición de una planta de harina de trigo en Nuevo León, cuya área de influencia se ubicó también en la región Noreste, con alcance a los estados de Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila y parte de San Luis Potosí, Zacatecas, Veracruz, Chihuahua y Durango.
Lo curioso del caso es que en su alegato de defensa Maseca habla de que su interés por Agroinsa de México se centraba estrictamente en esta última planta, no tanto en las de harina de maíz.
El caso es que la firma presentó un recurso de inconformidad contra la negativa, señalando que la CFC había realizado una indebida definición de mercado relevante y poder sustancial; que violaba tres artículos constitucionales, y soslayaba la alternativa ficta, es decir el dar por aprobada una solicitud cuando la autoridad rebasa el plazo de Ley para contestarla.
El alegato se centraba en que la resolución se le comunicó a Gruma el 21 de noviembre del año pasado, es decir dos días antes de vencerse el lapso? por más que ésta se había desahogado 11 días antes.
En el primer caso, además, se hablaba de que la CFC omitió analizar las ganancias que tendría la concentración en materia de eficiencia, y no acreditó que la transacción le conferiría a Gruma posibilidades de realizar prácticas monopólicas.
En el segundo, se aludía concretamente a la inconstitucionalidad de la Ley Federal de Competencia, que a juicio de los abogados de la firma es violatorio de los artículos cinco, 14 y 16, lo que rechazó la CFC, argumentando que en todo caso es facultad de la autoridad judicial pronunciarse sobre la materia.
La impugnación, pues, fue rechazada por el pleno de la dependencia en una reunión celebrada el cinco de abril pasado, obligando a Gruma a recurrir al amparo.
La operación cuyo último capítulo está por escribirse, se había pactado en 224 millones de pesos.
¿Será melón? ¿Será sandía?
Balance general
Al margen del destino de la denuncia administrativa interpuesta por un grupo plural de senadores ante la Secretaría de la Función Pública contra el pleno de la Junta de Gobierno del Instituto para la Protección del Ahorro Bancario, éste colocará ante la Procuraduría General de la República una querella penal.
El texto está en el proceso final de afinación.
Como le comentábamos el martes pasado, la acusación habla de haberse violado los artículos quinto y séptimo transitorios de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, que obligaban a fincar responsabilidades a quienes hubieran colocado créditos irregulares a la montaña del rescate bancario, previa realización de una auditoría.
Bien, pues ésta la realizó el despacho del canadiense Michael Mackey por mandato de la Cámara de Diputados, ubicando un monto de 72 mil 700 millones de pesos de lo que calificó como préstamos ?reportables?, es decir denunciables.
La revisión fue avalada por la Suprema Corte, tras una Controversia Constitucional promovida por el Congreso.
El caso es que la plana mayor del IPAB, encabezada por el secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, decidió incluir el monto como deuda pública.
La demanda involucra también al secretario ejecutivo del organismo, Mario Bouregard, quien con éste acumularía tres procesos.
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La noticia es que el Consejo Promotor de la Competitividad de la Salud, un organismo privado presidido por el presidente de Nadro (Nacional de Drogas), Pablo Escandón Cusi, le está proponiendo al Instituto Mexicano del Seguro Social privatizar parte de sus servicios médicos y la totalidad de la distribución de sus medicinas.
A cambio se pide transferir el 80 por ciento de la cuota para los seguros de salud que pagan empresas y trabajadores.
El organismo se encargaría de crear una red para otorgar consultas médicas básicas, operando en la otra cara de la moneda con la infraestructura farmacéutica.
Además de Nadro, firma propietaria de las Farmacias De Dios, París y Nosarco, en el organismo participan la mayorista de medicamentos Casa Saba, antes Casa Autrey, así como las Farmacias Benavides y del Ahorro, en paralelo a los laboratorios Columbia, Silanes, Eli Lilly, Merck y Wyeth.
En su consejo directivo están representadas también empresas gigantes como Nestlé, Modelo y el grupo financiero Banamex, así como el Grupo Ángeles de Olegario Vázquez Raña.
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A sólo un año cuatro meses de incursionar en Panamá, el Banco Azteca ha logrado una inaudita expansión, acumulando ya 31 sucursales que atienden a 46 mil clientes.
La meta es llegar a 40 antes de finalizar el año.
La cartera de préstamos de la intermediaria propiedad del Grupo Salinas de Ricardo Salinas Pliego alcanza ya 18 millones de dólares, en tanto la captación llega a dos millones, con una cartera de 19 mil chequeras o cuentas.
En este tenor, otra de las filiales del grupo, la cadena de tiendas Elektra, quien llegó apenas en diciembre pasado, alcanza ya siete puntos de venta, con dos más en perspectiva.
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