Segunda campal
De cumplirse a la letra el compromiso pactado con la Secretaría de Gobernación, la siguiente campal en el Senado de la República, una vez desahogada la reforma a Ley Federal de Radio y Televisión, apuntará a modificar el marco jurídico para otorgar autonomía operativa a Petróleos Mexicanos.
El punto álgido de la propuesta de reformas a las leyes orgánicas de Petróleos Mexicanos y de la Administración Pública Federal se ubica en la posibilidad de que la paraestatal pueda cotizar en el piso de remates de la Bolsa Mexicana de Valores.
La alternativa habla de colocar gradualmente hasta el 20 por ciento del capital, cuyo monto se calcula conservadoramente en 180 mil millones de pesos.
Sin embargo, aunque los papeles, enlistados bajo la figura de Certificados de Aportación Patrimonial de la serie B, es decir con derechos corporativos pero sin posibilidad de voto, apuntan al gran público, la intención es concentrarlos en inversionistas institucionales, con énfasis, lo adivinó usted, en las Administradoras de Fondos para el Retiro.
De acuerdo a lo previsto, ningún inversionista en lo individual podría acumular más del 0.5 por ciento de cada emisión.
Los papeles se depositarían en un fideicomiso privado administrado por Nacional Financiera, quien emitiría constancia de cada una de las acciones afectadas.
La iniciativa, colocada en la mesa por el senador zacatecano Genaro Borrego Estrada en abril del año pasado, parecía haber naufragado en las últimas semanas, tras circular entre los integrantes de las cuatro comisiones que la analizan un documento en que la califican de inconstitucional.
La tesis es simple: No es posible que una mayoría simple de una y otra Cámaras legislativas pudiera dar paso a un escenario contrario a lo previsto en el espíritu del artículo 27 de la Constitución, que le otorga a la empresa pública carácter de monopolio de Estado.
Lo cierto es que de acuerdo a la exposición de motivos de la propuesta, justo el párrafo cuarto del propio artículo abre la coyuntura para abrir el capital a los particulares sin lesionar el carácter de organismo descentralizado de Pemex, ni afectar los derechos de propiedad y control del gobierno federal. Lo curioso del caso es que el texto lo redactó un abogado penalista, no un constitucionalista. Estamos hablando, concretamente, del Procurador de Justicia de Baja California Sur.
Y lo curioso del caso, además, es que quien empujó la zancadilla fue el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, vía su tesorero, el senador Ricardo Aldana.
El inaudito Kramer contra Kramer se explica ante la posibilidad, prevista en la iniciativa, de reducir de cinco a sólo dos el número de representantes sindicales en el Consejo de Administración de la paraestatal, en un escenario en que más temprano que tarde tendrá que analizar éste la posibilidad de modificar el Contrato Colectivo. El eje central del ejercicio será un nuevo escenario para jubilaciones y pensiones ante una triste realidad: la empresa pública arrastra un faltante de reservas para atender las demandas de 35 mil millones? de dólares.
Se habla de tú con el Seguro Social, pues. Lo cierto, de ahí la prevención de la instancia de representación laboral de mantener sus alfiles, es que una buena parte del hoyo negro se explica por una mala apuesta de la paraestatal en la compra de Bonos Carreteros emitidos para indemnizar a las empresas constructoras que operaban las carreteras privadas de cuota construídas en el gobierno salinista.
La paradoja del caso, más allá, es que al sindicato le irritó la idea de emitir una serie especial de acciones para su causa, ante la posibilidad de que la paraestatal le ofreciera adelantarle dividendos cuando solicitara préstamos o prerrogativas como las que abrieron la puerta al escándalo Pemexgate.
El hecho es que la empresa pública cabildeó ante los legisladores para modificar la iniciativa en cuanto a la composición del Consejo. El sindicato tendrá cuatro asientos, apenas uno menos de los que ocupen los consejeros independientes.
El gobierno, a su vez, se quedaría con dos, y la empresa pública tendría, tres, uno de ellos con carácter de presidente.
La posibilidad de resurrección de la iniciativa le inyectó optimismo a la paraestatal frente al peligro en que se ubica de alcanzar un escenario de quiebra técnica ante su grave sobreendeudamiento, que pone en entredicho su calidad crediticia.
Para no ir lejos, la empresa pública arrastra facturas de Proyectos de Impacto Diferido en el Registro del Gasto por el inaudito de 133 mil 800 millones de dólares. Y para qué le seguimos.
¿Segunda campal en puerta?
Balance general
Aunque en el papel Sergio Autrey recibirá 350 millones de dólares por su 80 por ciento del capital de Satélites Mexicanos por parte de la firma Medcom Sat de Clemente Serna Alvear, en la práctica los recursos se irían de inmediato hacia los acreedores de la compañía.
Concretamente los recibirían los tenedores de un bono de deuda en larga cartera vencida, con lo que el débito total de la empresa a nivel privado se reduciría de 800 a 500 millones de dólares, de los cuales 223 están en default.
Los otros 50 millones de billetes verdes se utilizarían a título de abonito para saldar la deuda de SatMex con el gobierno.
La razón de lo que parece una clásica manita de puerco frente a los graves aprietos de la firma ubicada en concurso mercantil, son sus pérdidas operativas recurrentes desde hace tres años, y la extinción de la vida útil de sus satélites Solidaridad II y Satmex V, prevista para 2009 y 2012 respectivamente? digo si no hay fallas previas.
Más allá, SatMex ha peridido una parte sustancial de su cartera de clientes ante el surgimiento de firmas rivales como Panamsat e Intelsat, cuya tecnología es más avanzada. Y aunque en mayo se lanzará desde la Guyana Francesa el satélite Satmex VI, que entraría en escena en otoño, hasta hoy no hay un solo cliente interesado en contratar sus servicios.
Más aún, de decretar el Instituto Mexicano de Concursos Mercantiles la inviabilidad de la empresa, sus propietarios perderían automáticamente la concesión, lo que implicaría recibir como única contraprestación la liquidación de sus activos.
Bajo la posibilidad que encabeza Serna, Autrey se mantendrá como socio minoritario con el 20 por ciento, del capital? sin mayor responsabilidades en el pago de las deudas. Lo tomas, pues, o lo dejas.
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Prevista para el lunes pasado la resolución de la Secretaría del Trabajo sobre si se acepta o se rechaza una nueva toma de nota, es decir restituir el reconocimiento como secretario general del Sindicato de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de Napoleón Gómez Urrutia, ésta se aplazó para mañana, jueves.
El asunto, cuyo sustento es el acta de una asamblea extraordinaria en lo que en el papel estuvieron representadas 95 por ciento de las secciones, quienes manifestaron su respaldo al dirigente, lo analiza el subsecretario del Trabajo, Emilio Gómez Vives.
Lo curioso del caso es que según los dirigentes sindicales que entregaron el documento, el funcionario les ofreció gestionar la descongelación de las cuentas del organismo. Más aún, la oferta fue inhabilitar al secretario general reconocido por la dependencia, Elías Morales Hernández.
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La sorpresa llegó ayer al rechazar los Comités de Auditoría y Partes Relacionadas de la cadena de tiendas Elektra una oferta de Televisión Azteca para intercambiar sus acciones de la sociedad denominada Comunicaciones Avanzadas que actúa como Controladora de Azteca Holdings, por Certificados de Participación Ordinaria de la propia televisora.
La firma mercantil había adquirido el 35.9 por ciento del capital de la sociedad que mantiene a su vez el 56.2 por ciento del capital social de TV Azteca. Electra, pues, se mantiene con una participación indirecta de 18.1 por ciento en la televisora del Ajusco.
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