Sí, pero no
La inminencia de las vacaciones de Semana Santa está logrando el milagro de destrabar en el Senado de la República una iniciativa que parecía destinada a la congeladora ante la presión de los grupos empresariales más poderosos del país: las reformas a la Ley Federal de Competencia Económica.
El problema es que en la prisa por ganarle tiempo al tiempo, los legisladores están cediendo la mesa a los cabilderos de empresas como Fomento Económico Mexicano, Teléfonos de Mexico, Grupo Modelo, Cementos Mexicanos, Vitro? y Televisa.
De hecho, el desmantelamiento amenaza con dejar sin uñas a la Comisión Federal de Competencia, el órgano responsable de hacer cumplir el ordenamiento, al despojarla de las facultades que preveía la reforma.
De entrada, por ejemplo, ésta no podrá revisar los libros de compañías acusadas de prácticas monopólicas recurrentes, digamos concertación de precios, otorgamiento de subsidios indirectos para desplazar a la competencia o reparto del mercado, sin que exista una orden judicial al calce. Más allá, la dependencia en lucha contra las prácticas anticompetitivas no podrá dar cauce a una denuncia si no existe interés jurídico por parte del querellante, es decir si no resulta parte afectada? por más que cualquiera lo es en su calidad de consumidor.
Y si le seguimos, se elimina la posibilidad de cárcel para los directivos o funcionarios de empresas hegemónicas que se nieguen persistentemente a colaborar en una investigación, y desaparece la alternativa de los testigos protegidos, es decir empresas o personas físicas que habiendo participado en una práctica monopólica decidan denunciarla? a cambio de una sanción simbólica.
Más allá, se acota la posibilidad de que la Comisión Federal de Competencia pudiera ordenar el desmantelamiento de una empresa que persista en prácticas monopólicas en abuso de su condición dominante, es decir vender una planta o algún otro fragmento de la infraestructura para impedir la asfixia de la competencia. A quién le importa si la práctica tiene 120 años utilizándose en países como Estados Unidos, Francia o el Reino Unido.
De la furia con que las firmas hegemónicas pelean la reducción del supuesto incendio a una simple llamarada de petate, habla la acusación lanzada contra uno de los autores de la iniciativa, el diputado panista Jorge Luis Hinojosa, de ser juez y parte.
Textualmente se señala que el legislador por Nuevo León pactó empujar la iniciativa a cambio de ocupar un lugar en el pleno de la Comisión Federal de Competencia. Más allá, se acusa abiertamente al presidente de la Comisión Federal de Competencia, Eduardo Pérez Motta, de jugar al todo o nada, es decir pasa tal cual la iniciativa o se queda en la congeladora.
?Ya no escuche razones?, se quejan empresas de Monterrey.
Estirada, pues, la liga al máximo, se llegó a decir que a la CFC le urgía aplicar el mayor número posible de sanciones pecuniarias, dado que los recursos se integrarían a su patrimonio, y que la posibilidad de los llamados testigos protegidos abría la posibilidad de venganza contra las firmas hegemónicas.
El caso es que en el río revuelto llegó a las Comisiones que analizan la alternativa un documento del Consejo Coordinador Empresarial en que se asumían a la letra las descalificaciones a la propuesta.
De entrada, se alerta contra el concepto de ?responsabilidad solidaria? contenido en la iniciativa, es decir asumir que directivos y funcionarios se coludieron para instrumentar alguna práctica anticompetitiva.
Más allá, se rechaza el que la autoridad antimonopolio pueda hacer una visita de inspección a las empresas sin el respaldo de una orden judicial, y el que las multas apunten a reforzar los programas de la propia dependencia.
Lo cierto es que el consenso de los legisladores señala que los recursos serán destinados, en tal caso, a promover acciones a favor de la competitividad.
Y lo cierto es que diluir el alcance de la reforma es soslayar la existencia de concentraciones prohibidas por la Constitución, lo mismo en el ramo de las telecomunicaciones que en la producción de cemento, bebidas carbonatadas, cerveza, además de la intermediación financiera, cadenas de autoservicio y distribución de programas televisivos.
Más aún, el peligro es que México se coloque al margen de las legislaciones de países con los que mantiene relaciones comerciales y de inversión, con el consiguiente peligro de que éstos lleven sus reclamos a instancias internacionales.
¿No pactaron Estados Unidos y Canadá con nuestro país empatar las leyes antitrust a la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte? ¿Nos quedamos con la pura finta?
Balance general
La sorpresa para los privatizadores de Aeroméxico, es que la línea aérea española que originalmente se había asociado con el empresario Olegario Vázquez Raña para pujar por ésta, está analizando pelear nuevamente por su cuenta? con un par de socios nacionales.
Como usted sabe, de acuerdo a la Constitución el capital extranjero sólo puede aspirar al 25 por ciento de las acciones de una línea aérea nacional.
Y como usted sabe, aunque la empresa Air Europa había afinado días antes su oferta por la línea aérea insignia del país con Vázquez Raña, los abogados de éste la plantearon extemporáneamente, lo que ocasionó la ruptura de las partes.
El retraso, según ello involuntario, fue de 15 minutos.
El caso es que la posibilidad de un postor en firme está alterando los planes de la Secretaría de Hacienda de desincorporar a la empresa por la vía de la colocación de sus acciones en la Bolsa Mexicana de Valores. Por lo pronto, sin embargo, en la reunión de ayer del Consejo d Administración de la firma en proceso de venta no se tocó el punto.
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A la callada, uno de los acuerdos pactados entre México y Estados Unidos en la cumbre celebrada la semana pasada en Cancún, fue mantener en funcionamiento el Banco de Desarrollo de América del Norte? aunque sometiéndolo a un proceso de reajuste para hacer más expedito su funcionamiento.
Como le comentábamos hace unos días, la Secretaría de Hacienda quería retirar el capital de la instancia crediticia binacional para otorgarle sus funciones al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras).
Creado en el marco de los acuerdos paralelos a la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el objetivo del banco es apoyar proyectos orientados a mejorar la infraestructura ambiental fronteriza.
El capital semilla aportado por nuestro país fue de 152 millones de dólares, que se han multiplicado con el apoyo a 29 proyectos de abasto de agua potable, drenaje, residuos sólidos y calidad del aire.
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La noticia es que el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes Públicos (SAE), realizó ayer la madre de todas sus ventas de inmuebles incautados por insolvencia de tenedores de hipotecas.
Estamos hablando de un lote de cinco mil 800 activos, que representan el 40 por ciento de la cartera de la dependencia de la Secretaría de Hacienda encabezada por Luis Miguel Álvarez Alonso.
Lo inaudito del asunto es que el pago por la totalidad de los bienes fue de sólo 365 millones 650 mil pesos, es decir 271 mil 450 pesos por unidad.
Sin embargo, la instancia asegura que logró el precio más alto en eventos similares. El comprador fue una empresa de razón social Compañía Dimensión Asesores, cuyo capital se asegura es 100 por ciento mexicano.
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