Colocada en el callejón ante la contundencia de los argumentos de los denunciantes, la Secretaría de Economía está tratando de sesgar el blanco frente al procedimiento administrativo que debió abrir contra el Servicio Panamericano de Protección por violar la Ley de Inversiones Extranjeras.
En lugar de responsabilizar a los bancos foráneos instalados en el país de asumir ilegalmente el control de la firma transportadora de valores, se quiere responsabilizar a ésta? por permitirlo.
Haga de cuenta que se procesa a la piedra por romper el cristal.
Como usted sabe, de acuerdo al artículo cuarto de la Ley para Promover la Inversión Mexicana y Regular la Extranjera, la actividad que realiza la compañía conocida por sus siglas como Serpaprosa está reservada a mexicanos con cláusula de exclusión para extranjeros.
Y aunque se aduce que las sociedades crediticias extranjeras simplemente heredaron las acciones que tenían las nacionales tras su adquisición, hete aquí que uno de los artículos de la Ley de Inversiones Extranjeras estipula a la letra que no se puede adquirir acciones de una sociedad que a su vez es accionista de otra que se dedique al transporte nacional de pasajeros, turismo o carga.
Digamos que en el menos grave de los escenarios los bancos Citigroup, Bilbao Vizcaya/Argentaria, Santander Central Hispano, HSBC o Nova Scotia debieron colocar la participación accionaria que asumieron de la empresa transportista al adjudicarse a Banamex, Bancomer, Serfín, Bital e Inverlat, en un fideicomiso neutro? como en el que se ubica el porcentaje que mantiene desde el origen de la firma la estadounidense Brink's Incorporated.
Por lo pronto, en previsión de ubicar argumentos sólidos para justificar la graciosa huída del meollo del asunto, la Dirección General de Inversiones Extranjeras, sobre quién recayó la responsabilidad del procedimiento administrativo planteado a solicitud justo de la última de las firmas mencionadas, está aplazando tres semanas su resolución.
Prevista ésta para el viernes pasado, se está llevando hasta el próximo 20 de junio, a pretexto de que la firma transportadora de valores desahogue más pruebas a su favor.
El sainete, de acuerdo a lo previsto, culminará con la imposición de una multa al Servicio Panamericano de Protección? dejando en suspenso la responsabilidad de los bancos.
Como le comentábamos hace unos días, la denuncia la planteó a nombre de Nacional Financiera el apoderado legal del fideicomiso 245-5 del banco de desarrollo en que se ubican las acciones de Brink's Incorporated, equivalentes al 20 por ciento del capital de Serpaprosa.
La compañía estadounidense, reputada como líder mundial en transporte de valores, se incorporó como la principal inversionista de la empresa semanas después de su integración, ocurrida ésta el 22 de marzo de 1965.
Cobijada bajo una iniciativa de John S. Pewe, la firma nació con 54 trabajadores, 13 unidades blindadas? y sólo dos clientes.
El caso es que cinco años después la sociedad sería adquirida por 14 bancos nacionales, respetándose la participación de Brink's Incorporated.
El banco que entonces tenía el mayor porcentaje era Serfín, con el 13.11 por ciento, seguido del Multibanco Comermex y el Banco Nacional de México con el 9.82 por ciento cada uno; de Bancomer, con el 9.50, y del Banco Mexicano Somex y el Banco Del Atlántico, con el 6.58 por cabeza?
La única intermediaria oficial en la sociedad era Banobras, con el 0.24 por ciento.
Naturalmente, a la estatización, expropiación o nacionalización de la banca en 1982, el gobierno se volvió accionista mayoritaria de Serpaprosa, situación que se revertiría con la reprivatización decretada por el gobierno salinista? y que se modificó sustancialmente con el ingreso de los bancos extranjeros tras la crisis de pagos de 1985.
De hecho, en el 2002 el despacho Mancera, Ernest & Young, en su carácter de auditor independiente del Servicio Panamericano de Protección, había lanzado un alerta, señalando a la letra que "una parte significativa del capital social de la compañía se concentra indirectamente en poder de los inversionistas extranjeros, ya que éstos son propietarios actuales de los principales bancos nacionales, que a su vez son los principales accionistas de la firma".
La recomendación hablaba de una reestructura que "le evite situaciones legales a la empresa para continuar en el giro de autotransporte de carga federal, el cual se encuentra limitado a la inversión nacional".
El caso es que la petición concreta del fideicomiso de Nacional Financiera que concentra el capital de Brink's era la revocación de la autorización otorgada por la Dirección Nacional de Inversiones Extranjeras y/o la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras para que los bancos externos adquirieran a los nacionales.
Así de drástico.
Sin embargo, decíamos, para la Secretaría de Economía existe sólo el pecado, no el pecador.
Sí? pero no.
Balance general
La noticia es que los acreedores de la firma Satélites Mexicanos aceptaron finalmente firmar el convenio que permite la reestructura de la colosal deuda de ésta, lo que en la carambola le permitirá salir del Concurso Mercantil a que había sido emplazado; librar la posibilidad de llevar a sus últimas consecuencias la demanda de quiebra planteada ante los tribunales de Estados Unidos? y evitar su venta.
Como usted sabe, la empresa Medcom de Clemente Serna Alvear había presentado una oferta de compra que incluía, básicamente, la garantía de pago a los acreedores.
El documento que permitía a la familia Autrey Maza mantener el control del principal proveedor satelital del país lo presentó el viernes pasado el conciliador designado por el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil, Thomas Heather.
Este reivindica con la firma de una mayoría de acreedores reconocidos los términos planteados el 31 de mayo pasado para ubicar de lo perdido lo que aparezca.
La reestructura incluye los bonos conocidos como Senior Securited Alesting Rate Notes y Bonos Yield, cuyos plazos de amortización se vencieron en 2004.
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La consigna, vigente desde el 15 de mayo pasado a todas las dependencias públicas y entidades paraestatales, es enviar el mayor número de tarjetas para alimentar la participación del candidato panista a la Presidencia de la República, Felipe Calderón Hinojosa, en el debate de hoy en la noche.
Los textos incluyen cifras para defender los supuestos logros del gobierno foxista y para hacer frente a un eventual ataque por la vía de los flancos más débiles en materia social.
Estamos hablando, por ejemplo, de señalar que la dramática caída en el empleo registrada en los primeros tres años del gobierno tuvo su epicentro en el Distrito Federal.
Más aún, se incluyen, por si las moscas, denuncias de supuestas omisiones fiscales de los rivales a vencer.
La dependencia más activa en el tarjeteo, naturalmente, es la Secretaría de Hacienda.
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Umbral Capital, uno de los satélites de los fondos de inversión que maneja el ex secretario de Hacienda, Pedro Aspe Armella, dedicado a proveer capital de riesgo a proyectos de vivienda, acaba de firmar un convenio con la firma estadounidense Capital Internacional Private Equiyo Fund 1V, con lo que duplicó su capital.
La empresa le aportó 20 millones de dólares, es decir la misma cantidad que Umbral Capital, encabezada por el ex director general del Banco Internacional, Jaime Corredor Esnaola, ha invertido en sus dos años de existencia, ya en la adquisición sus reservas territoriales como en el financiamiento en su primera fase de 10 proyectos de vivienda de interés social, medio y residencial.
En total, con el apoyo de la firma se ha logrado construir tres mil 500 casas-habitación.
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