Finalmente ganó la sensatez: abrumado por la carga de la evidencia, el gobierno soslayó la presión de las poderosas empresas gaseras instaladas en la zona, ordenando el cierre del gasoducto de 18.822 kilómetros que corre de Venta de Carpio a San Juan Ixhuatepec? temporalmente
La clausura durará el tiempo en que se tarde el gobierno del estado de México en desalojar a las 800 familias que se han instalado ilegalmente sobre el perímetro en que corre, a una profundidad de 12 metros, el tubo de 12 pulgadas de diámetro.
Digamos que otra vez, como se ha venido haciendo desde 1984, el gobierno le coloca un parche al escenario? mientras amaina la tormenta provocada, ahora, por un estudio del Batelle Memorial Institute de Estados Unidos, que advertía del riesgo inminente de una catástrofe.
¿Se acuerda usted que el 19 de noviembre de 1985, al cumplirse un año de la explosión en San Juan Ixhuatepec que provocó decenas de muertos y centenares de heridos, el gobierno expidió un acuerdo que ordenaba la reubicación de las plantas de almacenamiento de gas LP ubicadas dentro de poblaciones? ¿Se acuerda que el documento les daba un año para desactivar la bomba?
Bien, pues cuatro años después, soslayado olímpicamente el apremio, se firmaría un convenio con las firmas gaseras instaladas en el perímetro de la conflagración, es decir Gasomatic, Unigas, Vela Gas, Bello Gas, Gas Metropolitano y Gas y Servicios, para garantizarles su permanencia, a cambio de ciertas medidas de seguridad.
Estamos hablando, por ejemplo, de construir bardas de material incombustible, instalar sistemas de enfriamiento por aspersión de agua y por monitoreo con proa a los tanques de almacenamiento, o colocar alarmas tempranas.
El caso es que dos años más tarde, colocado nuevamente el tema en el centro de la opinión pública ante una nueva explosión en el área de válvulas de San Juan Ixhuatepec, ocurrida ésta el 23 de noviembre de 1990, el gobierno debió colocar otro parche.
En una acción de reflejos rápidos, pues, una semana después se firmaba un acuerdo entre los gobiernos federal y del estado de México, además de Petróleos Mexicanos y la representación vecinal de San Juan Ixhuatepec, para reforzar los programas de protección
social.
La aspirina, esta vez, fue una derrama millonaria para realizar obras de beneficio social en la zona, que oscilaban desde la ampliación de vialidades hasta la reubicación de familias que habitaban a la vera de las vías del ferrocarril México-Querétaro, pasando por construir una estación de bomberos, lo adivinó usted, en San Juan Ixhuatepec.
El hecho es que para entonces se habían instalado en el lugar dos docenas de empresas más, en paralelo a la terminal satélite norte de Petróleos Mexicanos y su cabezal de distribución de gas. Estamos hablando, entre otras, de Alcomex, Química Iberoamericana, Policyd, ICI Mexicana, Lind de México, Adydsa, Petroderivados e Ipecsa.
Y a lo mejor habrían pasado 20 años más de dejar pasar?dejar hacer, de no ser por la aparición, en septiembre de 2005, de un documento suscrito por la Subdirección de Ductos de Pemex Gas y Petroquímica Básica en que se apremiaba a la paraestatal a cerrar el gasoducto construído en 1961, ante el riesgo de provocar una catástrofe en zonas densamente pobladas.
El alerta roja obligó a Pemex a buscar una opinión neutral en el extranjero? que llegó con idéntica conclusión, sólo que corregida y aumentada.
Ahora que, cercadas a dos fuegos, las gaseras decidieron contratar a un grupo de ex funcionarios de la empresa pública para realizar un estudio similar en que se soslayaba el riesgo, por más que se advertía que la vida útil de los ductos es de 25 años, y el de la discordia tenía más de 40, aún cuando su mantenimiento excedía lo dispuesto en la norma, además de operar a una presión menor a su capacidad.
El documento, fechado en enero pasado y firmado por la razón social Ingenieros Químicos de Procesos, recomendaba que el ducto pasara a manos de las gaseras, quienes se encargarían de su sana operación.
Lo curioso del caso es que en la necesidad ingente de ofrecer tranquilidad, el texto argumentaba que los accidentes de tránsito en los Estados Unidos causan al menos 87 veces más fatalidades que los de los ductos; que éstos son 40 veces más seguros que los carros tanque de ferrocarril, y 100 veces más que los autotanques que transportan el producto por carretera.
Más aún, el documento concluía que, por lo demás, "no existe un programa o simulador que permita anticipar el impacto potencial en la población de un evento con fuga, ruptura y explosión", además de que "cuando se presenta una fuga las causas de ingnición pueden ser varias, desde eventos naturales hasta condiciones circunstanciales".
La pregunta es hasta cuándo aguantará el nuevo parche.
Balance general
Con el efecto de una descarga eléctrica directa al cerebro llegó a Televisa la noticia del rechazo a su propuesta de compra de Univisión por parte del Consejo de Administración de la principal cadena de habla hispana en los Estados Unidos.
El desconcierto de la firma de Emilio Azcárraga Jean y socios que le acompañaban en la frustrada aventura, se centra en la negativa de la empresa de discutir el alcance de su oferta? incluído el precio.
Como usted sabe, la postura planteada por el consorcio en el que cabían Bain Capital y Cascada Investments, firma relacionada con el rey del software, Bill Gates, era de 35.50 dólares por acción, es decir 50 centavos más de lo que ofrecía el otro grupo en la pelea, encabezado éste por el inversionista Haim Saban, pero 50 menos de los 36 que exigía la cadena como base para negociar.
Su pretención original llegaba a 40.
Los signos indican, sin embargo, que el problema no fueron los 50 centavos, sino la animadversión a la firma mexicana, a contrapelo de la máxima que señala que los negocios son los negocios.
De hecho, el mal ambiente al consorcio que llegaba con etiqueta de favorito provocó el retiro de tres de los fondos que lo integraban originalmente.
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El argumento esgrimido por el presidente del Consejo Cooordinador Empresarial, José Luis Barraza, para rechazar el exhorto del Instituto Federal Electoral, reforzado con dos llamadas telefónicas de su presidente, Luis Carlos Ugalde, para retirar los spots en que a pretexto de promover el voto se favorece la causa panista, es que no siendo político el organismo, éste no tiene jurisdicción sobre él.
Y háganle como quieran.
Más aún, en la obstinación de pelear la causa del aspirante Felipe Calderón, se han puesto oídos sordos a la petición de diálogo de Manuel Camacho Solís, uno de los operadores políticos del candidato Andrés Manuel López Obrador, contra quien apunta la embestida.
Lo cierto es que tras el activismo inusual de los empresarios Claudio X. González y Antonio Del Valle para convencer a la Mesa Directiva del organismo de lanzar la campaña, la cohesión de ésta se ha agrietado.
Mientras algunos opinan que se trata de una provocación innecesaria, otros, como los banqueros, se encogen de hombros señalando que a ellos ni los metan en la licuadora.
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Esta mañana se vence el plazo para cerrar la operación por medio de la cual Industrias Monterrey escinde de sus activos a su subsidiaria Verzatec, vía la entrega de las acciones de ésta a los accionistas de la primera.
El canje será uno a uno? para liquidarse posteriormente a precio de mercado.
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