Una de dos: el virtual secretario de Hacienda del próximo gobierno, Agustín Carstens, lanzó la pedrada a nombre del Fondo Monetario Internacional, o simple y llanamente se salió del guión a efecto de desmarcarse de quienes lo ubican como alfil de la causa empresarial
El caso es que el hasta hace unos días número tres de la instancia financiera multinacional, habló en una de sus primeras declaraciones como el seguro sucesor de Francisco Gil Díaz, de la urgencia de combatir los monopolios en el país, señalando específicamente que impiden la competencia y distorsionan la economía.
El señalamiento, de hecho, congeló la ovación con que el más poderoso segmento del empresariado había recibido la designación.
Lo interesante del asunto es que éste llegó a unas semanas de que trascendiera que el presidente Vicente Fox había planteado una Controversia Constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, poniendo en entredicho la validez jurídica de las reformas a la Ley Federal de Competencia Económica aprobadas por el Congreso? tras haberlas promulgado.
Digamos que a la luz del día el titular del Ejecutivo colocó su firma en el Decreto que volvía ley el ordenamiento, y en la noche se arrepintió. La paradoja del caso es que el Fondo Monetario Internacional se había ido con la finta al incluir a la ley antimonopolios como uno de los grandes logros del foxismo, en su evaluación sobre la economía mexicana correspondiente a 2006.
La impresión general es que el presidente de la República habría cedido a la presión de al menos tres empresas a las que el ordenamiento les había picado el hígado: Teléfonos de México, Cementos Mexicanos y Fomento Económico Mexicano.
Colocado en la mesa por la Procuraduría General de la República y admitido por la ministra Olga Sánchez Cordero, el reclamo impugnaba cuatro artículos del ordenamiento: el 31, 37, 26 bis y 33 bis.
El primero de ellos faculta a la Comisión Federal de Competencia a realizar visitas domiciliarias a las empresas sujetas a un procedimiento por supuestas prácticas monopólicas, en afán de revisar in situ alguna documentación. A la letra, el artículo de la discordia señala que ?en donde se presuma que existen elementos necesarios para la debida integración de la investigación, la Comisión podría solicitar visitas de verificación sólo respecto de datos y documentos que haya requerido anteriormente en el curso de la investigación?. Naturalmente, el texto prevé la exigencia de una autorización por escrito de una autoridad judicial competente.
El caso es que para la PGR la disposición es contraria al artículo 16 de la Constitución, que acota la posibilidad de órdenes de cateo en materia penal a la jurisdicción de los jueces, dejando a las autoridades administrativas sólo la posibilidad de verificar el cumplimiento de los ordenamientos sanitarios o de policía y buen gobierno.
El segundo artículo impugnado plantea la posibilidad de condenar a las empresas reincidentes en una práctica monopólica a la desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones que le quiten poder sustancial de mercado.
La alternativa regiría cuando la infractora haya sido sancionada previamente y el castigo hubiera derivado en una ejecutoria, además de que la reincidencia incida en el mismo mercado relevante. El caso es que la impugnación del gobierno habla de violar las garantías individuales.
El tercero de los artículos en entredicho le fija al Senado de la República la facultad de sancionar, es decir posibilidad de vetar, los nombramientos de los comisionados que integrarían el pleno de la instancia en lucha contra los monopolios, lo que según la PGR sólo es válido en los casos expresamente previstos por la Constitución.
Finalmente, se objeta el artículo 33 bis que plantea la posibilidad de testigos protegidos, es decir abatir al mínimo las sanciones a los agentes económicos que habiendo participado en una práctica monopólica absoluta decidan denunciarla? y cooperar en la sustanciación del proceso.
La alternativa existe en prácticamente todas las leyes antitrust de los países desarrollados y en proceso de desarrollo, con la novedad que el TLCAN plantea la exigencia en homologar leyes que incidan en un flujo justo de mercancías.
Lo cierto es que la filípica de Carstens llega en medio de un alud de críticas sobre la inacción del país frente a la presencia de empresas con poder sustancial para manipular el mercado, vertidas en el marco del Día Mundial de Competencia, cuya voz cantante la llevó el gobernador del Banco de México, Guillermo Ortiz.
La andanada apuntó a cuatro sectores específicos: telecomunicaciones, transportes, energía y servicios financieros. Más aún, el dardo se clavó justo en el centro de un blanco? de críticas sobre una resolución judicial que desmiente que Teléfonos de México sea un monopolio.
¿Sería consigna? ¿Sería simple ocurrencia?
Balance general
Más de lo mismo: por lo pronto, la sorpresa llegará a la Cámara de Diputados en los próximos días, cuando la fracción parlamentaria del PRI plantee una iniciativa para consolidar lo que ubica como Comisión Especial de Competitividad y Desarrollo Regional.
La exposición de motivos habla a la letra de ?acabar con los monopolios empresariales, revisar las condiciones de competitividad de las empresas, eliminando los obstáculos que puedan impedir su desarrollo, además de examinar el marco jurídico de la Comisión Federal de Competencia para dotarla de mayores facultades?.
¡Pácatelas!
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En lo que pareciera una vuelta de tuerca de cara a su reconversión hacia sus objetivos sustantivos, el Consejo de Administración del grupo Desc, encabezado por Fernando Senderos Mestre, aprobó proponer a su asamblea de socios la venta de la totalidad de sus negocios inmobiliarios. La paradoja del caso es que el origen remoto del imperio industrial fundado por Manuel Senderos Irigoyen fue justo el renglón inmobiliario. Desc fue pionero en la creación del segmento residencial conocido como Bosques de las Lomas.
La escisión incluiría justo los fraccionamientos Bosques de las Lomas y Bosques de Santa Fe en la capital del país, además de los desarrollos turísticos Punta Ixtapa en Guerrero y Punta Mita en Nayarit, así como los segmentos comerciales Arcos Bosques Corporativos y Santa Fe.
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Tras semanas después el mercado accionario no ha logrado digerir la operación por medio de la cual los hermanos Canales Clariond se convirtieron en socios mayoritarios de la empresa Industrias Monterrey (IMSA), al comprarle 43 por ciento del capital a sus primos, Eugenio y Benjamín Clariond Reyes Retana.
La operación, lo recordará usted, se realizó vía la empresa Tarida.
La familia del secretario de Energía, Fernando Canales Clariond, tiene hoy 88 por ciento de la siderúrgica que en los últimos cinco años osciló entre comprar Altos Hornos de México para convertirse en el rey del acero en México, o venderse a alguna firma de Estados Unidos.
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En exceso de lo que lo obliga el título de concesión otorgado, el grupo aeroportuario del Pacífico, que encabeza Carlos del Río, invertirá 600 millones de pesos en la remodelación y ampliación de la terminal de los Cabos, Baja California Sur.
Las obras se desarrollarán entre 2007 y 2008.
albertobach@yahoo.com.mx
barrancoalberto@prodigy.net.mx
