Aunque mantienen firme su decisión de adoptar el próximo año las nuevas reglas de capitalización de los bancos derivadas del Acuerdo de Basilea, las autoridades financieras del país abrirán una rendija para evitar un tránsito traumático.
Estamos hablando de colocar en escena un transitorio que permita un esquema de gradualismo, a pretexto de la necesidad de adaptar los sistemas a las nuevas exigencias de lo que se conoce como Basilea II. La tregua podría estirarse hasta el 2009.
Como le comentábamos la semana pasada, dada la aparición de un nuevo escenario de riesgos, con énfasis en el operativo, las señales apuntan a una carambola de varias bandas contra la totalidad del sistema financiero del país.
De entrada, los expertos prevén que los bancos gigantes le tendrán que pedir a sus matrices una nueva inyección de reservas. El problema, naturalmente, sería para los pequeños o los de reciente aparición, cuyos dueños no tienen cajas de caudales tan abultadas.
Más allá, pareciera imposible que las sociedades crediticias pudieran sostener su oferta de créditos hipotecarios a tasa fija de diez,11 ó 12 por ciento, frenándose, de pasadita, el boom de créditos al consumo.
Y es que, bajo el marco de Basilea II, más allá de los riesgos de los créditos en sí y los que plantea el propio mercado, se incluye un capítulo de riesgos operativos, es decir a menor control de los bancos, mayores reservas.
Ahora que en la sofisticación se reclama realizar complejos cálculos sobre las posibilidades de incumplimiento de cada uno de los acreditados sobre la base de su historial a cinco años, o sobre la severidad de la pérdida de ocurrir un default... lo que implica una revisión exhaustiva de las garantías dejadas en prenda. El problema, ¡válgame Dios!, es que no existen suficientes bases de datos.
De acuerdo a las cuentas de los profesionales, bajo el nuevo escenario se mantendría una exigencia de reservas preventivas para préstamos comerciales o productivos de ocho por ciento pero crecerían a 30 en el caso de hipotecarios y llegarían a 75 por ciento en el de los orientados al consumo. Naturalmente, para cualquier crédito cuya calificación alcanzara la etiqueta de difícil cobro, el reclamo llegaría a 100 por ciento.
Lo curioso del caso es que algunos funcionarios estiman que el trance no sería tan doloroso como prevén los propios banqueros, dado que tras la crisis de pagos de 1995 y el consiguiente estallido del sistema, la lección obligó a duplicar y a veces triplicar el monto mínimo de reservas... digo, por si las moscas.
El caso es que la prisa de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para que se acelere la adopción del esquema es que Canadá y las naciones de la Unión Europea se integrarán a él en 2007. Y como aquí opera el Scotiabank-Inverlat, los españoles Bilbao Vizcaya-Bancomer y Santander-Serfin, además del inglés HSBC...
Como le comentábamos, Estados Unidos aplazó su arribo hasta 2008, a pretexto de tener espacio para adaptar la maquinaria de sus dos mil 500 bancos, en tanto la totalidad de naciones de América Latina se van al 2009.
El problema es que a nueve meses del banderazo para la carrera de obstáculos no se han cocinado las reglas... con la novedad de que éstas deben ser aprobadas por la Comisión de Mejora Regulatoria, cuyo trámite tarda un mínimo de tres meses.
Y el problema, es que cada uno de los bancos está obligado a certificarse previamente para demostrar que está en opción de competir. En pleito, pues, contra el reloj, la autoridad afloja las riendas, o si lo prefiere, le inyecta pasiflorine a la angustia.
Balance general
A diez días de vencerse el plazo fijado por el Senado de la República para que las cadenas de autoservicio, sus proveedores y los micro, pequeños y medianos comercios pacten un acuerdo que logre el milagro de armonizar intereses, lo que permitiría enviar a la congeladora la Ley de Establecimientos Mercantiles y Promoción del Pequeño Comercio, la montaña pareciera más empinada que nunca. No hay acuerdo, pues, entre las partes.
De entrada, mientras la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales trata de meterle zancadilla a su ex socio, la cadena Wal-Mart, al Consejo Mexicano de la Industria de Productos de Consumo pareciera importarle más la protección de los intereses de sus agremiados que el resto de los proveedores.
Y a la Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México no hay poder humano que la convenza de que con un simple pacto de cuates se podría frenar la expansión acelerada de las cadenas. Más aún, la Canacintra ya abrió fuego contra la Concamin, al considerar que no se está peleando por las industrias que están al margen de la lista de proveedores en el juego de las cadenas de competir con supuestas marcas propias.
Como usted sabe, la cadena Wal-Mart tiene una expansión de dos por ciento anual, lo que le permite arrebatarle una rebanada igual de mercado a la competencia. Por lo pronto, el reloj sigue caminando.
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En lo que constituye ya un enfrentamiento frontal contra la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el grupo ICA de Bernardo Quintana Isaac se está amparando contra la decisión de la dependencia de seguir adelante en el proceso para la adjudicación de la concesión para construir y operar la carretera de cuota Querétaro-Irapuato.
Como usted sabe, la constructora había solicitado no convocar a una segunda licitación hasta no resolverse el recurso de inconformidad planteado contra su descalificación en la primera, alegando haber planteado la mejor oferta.
El asunto se vuelve más dramático si se considera que ICA no se inscribió a la reposición del concurso, dejándole el campo libre al consorcio integrado por las españolas FCC Construcción y Acciona; Impulsora para el Desarrollo de América Latina de Carlos Slim, y Parque Reforma de Manuel Arango.
Lo cierto es que en afán de ganar tiempo... o quizá doblegar por cansancio a ICA, la Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT) le había exigido documentar con mayor amplitud su inconformidad... entregando 13 copias de cada documento.
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La ganancia real del Grupo Modelo, tras el fallo arbitral que le dio la razón en su pleito con la firma distribuidora de su producto en Estados Unidos, Gambrinus, es que ésta no le podrá cobrar los cargos adicionales que le exigía para terminar el contrato vigente hasta el 31 de diciembre de este año. La relación seguramente se cortará a partir de entonces. La paradoja del caso es que la firma la fundó un ex ejecutivo del emporio cervecero mexicano.
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Aunque este año no plantea abrir nuevas plazas, el cálculo del grupo Homex habla de alcanzar un crecimiento de 15 por ciento en sus ventas, dada su diversificación geográfica.
La firma opera Casas Beta, cuyos recursos territoriales, jura, le dan para dos años, considerando un porcentaje de 80 por ciento para interés social y 20 por ciento para medio.
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En el insólito, hete aquí que el Instituto Mexicano para la Competitividad que encabeza Roberto Newell está proponiendo la desaparición de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, esgrimiendo como causal que el sector ya no requiere ser regulado. Que cada quién haga lo que quiera, pues.
A quién le importa si Teléfonos Mexicanos mantiene su dominancia en cinco mercados; si no hay reglas para que las empresas de televisión por cable operen servicios de telefonía, o que las firmas de teléfonos móviles rechacen interconectar a Nextel.
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