Ratificada su seriedad al firmarse el convenio por segunda ocasión, esta vez ante el presidente Vicente Fox, industriales y comerciantes inician a partir de hoy un experimento innovador en el país: la posibilidad de autoregulación para dirimir sus diferencias.
El escenario se planteó como antídoto frente a la exigencia del Congreso de expedirle una ley que le pondría los puntos a las íes frente al tradicional jaloneo entre tiendas de autoservicio y sus proveedores.
Nosotros, pues, podemos solitos.
De hecho, uno de los puntos del pacto de kilométrico nombre (Convenio de Concertación para la Mejora Contínua de Prácticas Comerciales Competitivas y de Fomento a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa), habla de resolver las diferencias "bajo un principio de comunicación y entendimiento recíproco y preferentemente sin intervención de terceros, ya sean administrativos o judiciales".
Más aún, el documento plantea que cuando una diferencia no se resuelva, no obstante los esfuerzos para evitar la controversia o para procurar la avenencia, "las partes libremente y de buena fe podrán establecer un mecanismo amistoso de solución con el auxilio de un tercero que sea experto y neutral".
Cualquier cosa antes de acudir a los tribunales.
La fórmula mágica para arreglar los problemas por la vía interna se plantea con la constitución de un mecanismo de arbitraje integrado como un subcomité del Comité Ejecutivo Permanente creado para administrar el pacto, en el que habrá diez representantes de industriales y comerciantes, además de otro por parte de la Secretaría de Economía.
El mecanismo plantea una serie de filtros. De entrada, las controversias se plantearán originalmente ante el organismo empresarial al que pertenezca el agraviado, quien en tal caso lo turnará al órgano responsable de emitir una resolución, y en su caso una recomendación.
Ahora que el documento plantea una serie de reglas para armonizar la relación entre las grandes cadenas de autoservicio y los industriales que las proveen, "a fin de evitar lesionar la eficiencia y competitividad de las empresas".
Las primeras están obligadas, por ejemplo, a pagar puntualmente las facturas presentadas, respetando los plazos convenidos, y a no efectuar unilateralmente descuentos o reducciones de precios; a abstenerse de devoluciones o rechazos, "a menos que éstas sean imputables a los proveedores o se hayan convenido en forma previa".
Más allá, jamás un autoservicio podrá vender productos por abajo del precio de adquisición, ni podrá presionar a un proveedor inconforme con suspender la compra o hacerle descuentos por "gastos de promoción o mercadotecnia", ni negociará la compra de productos de manera individual, condicionando la adquisición de algunos de ellos a la de otros.
Por su parte, los industriales se comprometieron a surtir de manera completa y oportuna los pedidos solicitados por los compradores; a entregar bajo el mismo rigor los productos negociados como ofertas al consumidor, además de renegociar la mercancía en lo individual, sin condicionar la venta de un artículo a la compra de otro.
Adicionalmente, los productos a entregar deberán cumplir de manera estricta con las leyes en materia de etiquetado, además de respetar las especificaciones de calidad convenidas con el comprador y abstenerse de presionar a las tiendas frente a algún eventual diferendo, con la suspensión de la entrega de productos, cargos por promoción o mercadotecnia o aumento de precios.
Una y otra partes, en paralelo, se obligan a manejar con absoluta transparencia sus listas de precios, a fin de clarificar los descuentos.
Firmado, entre otros organismos, por la Concamín, la Concanaco, el Consejo Nacional Agropecuario, la Canacintra, la Cámara de Comercio capitalina, la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD), el Consejo Mexicano de la Industria de Productos de Consumo (ConMéxico) y la cadena Wal Mart, el convenio de autorregulación habla de analizar y acceder a mejoras prácticas comerciales.
La rendija se abrió con la firma en Guadalajara, el 19 de junio de 2000, de un "Acuerdo de Prácticas Comerciales para la Competitividad", al que signaron la Concamín, el Consejo Nacional Agropecuario, ConMéxico, la Cámara de Conservas Alimenticias y la ANTAD, de la que no se escindía aún Wal Mart.
El documento hablaba de profundizar sus alcances para llegar a un esquema de autorregulación a imagen y semejanza de los que se han instrumentado exitosamente en docenas de países.
Sí se puede.
Balance general
En alarde de reflejos, al día siguiente del debate, muy temprano, el secretario de Energía, Fernando Canales Clariond, rechazaba la acusación de que durante la gestión de su antecesor en el cargo, Felipe Calderón Hinojosa, se le habían otorgado contratos en el sector energético a su cuñado, Diego Hildebrando Zavala.
Más cautelosos, Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad harían lo propio hasta bien entrada la tarde.
El problema es que uno y otros se equivocaron.
En noviembre de 2003, fresca aún la adquisición de la compañía Metrodata por parte del llamado cuñado incómodo, la principal empresa pública del país le otorgó al menos un contrato a la firma especializada en software, vía su filial PMI Comercio Internacional.
La empresa la habían comprado en octubre Zavala y socios que lo acompañaban a una ex funcionaria de IBM llamada Victoria Sáenz.
La gestión como secretario de Energía de Calderón Hinojosa terminó en mayo de 2004.
Lo curioso del caso, por lo demás, es que entre los socios de Zavala en su entramado de empresas figura sólo una persona física más: el ex banquero José Madariaga Lomelín, quien años antes se asociaría con Raúl Salinas De Gortari para crear la empresa fabricante de camiones Masa.
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Una pregunta recorre las grandes ligas del sector empresarial: ¿A qué le tiró el PRI al proponer ante la Comisión Permanente del Congreso una iniciativa de sólo nueve párrafos cuyo objetivo sería la nacionalización de Teléfonos de México?
La propuesta, como usted sabe, la presentó el coordinador de la bancada tricolor ante el órgano legislativo, Heliodoro Díaz, en prenda quizá de que no era vacilada? por más que a estas alturas su destino lógico será la congeladora.
¿Se trató de un mensaje cifrado a Carlos Slim? ¿De una maniobra desesperada del ex partido oficial al justificar el acto para repartir las ganancias entre los pobres?
¿Teatro de lo absurdo?
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Pese a la obtención de un incremento de seis por ciento directo al tabulador y de dos por ciento en materia de prestaciones, el Sindicato de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana decidió mantener la huelga en Minera de Cananea.
La extensión del pliego petitorio contra el Grupo México de Germán Larrea Mota Velasco habla de reconocerse el liderazgo de Napoleón Gómez Urrutia; de respetar la autonomía sindical, y de liberar a los líderes de la sección 298 de Nacozari, aduciendo que están presos por defender los legítimos derechos de sus representados.
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A la callada, la Concamín está revisando sus representaciones ante diversos organismos públicos, en afán de replantear los nombramientos aprovechando la coyuntura del cambio de gobierno.
La intención es entronizarlos durante el periodo de transición que se prolonga de julio a noviembre.
La cúpula industrial participa en el Seguro Social, Infonavit, bancos de desarrollo y empresas paraestatales.
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