Exhibíamos hace unos días en este espacio la triste condición en que se ubicaba el gobierno ante una conminación de la Comisión Trilateral para la Cooperación Ambiental para que se investigara un añejo problema de degradación ambiental en agravio de un poblado del estado de Morelos
La determinación del organismo integrado en extensión de los acuerdos derivados del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, exigía a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales responder ?por omisiones en la aplicación efectiva de la legislación ambiental?. Más aún, se daba un plazo perentorio de 60 días para ofrecer una respuesta ?oficial y pormenorizada?.
La vela en el entierro de la instancia era una denuncia documentada por la representación de los pobladores de la comunidad de El Hospital, en la que se ubicaba como responsable a la firma alemana Basf, quien mantuvo en el lugar durante 25 años una planta productora de pigmentos. El extenso documento analizado por la CEC (por sus siglas en inglés), hablaba de daños a la salud de 100 familias, cuyos problemas, provocados por la exposición de plomo y cromo, oscilaban desde la aparición de tumores hasta saturnismo y retraso mental.
Bien, pues hete aquí que la tarde en que hicimos público el asunto desapareció de la página de internet de la Comisión para la Cooperación Ambiental el texto de la determinación. La explicación, al día siguiente, planteaba una inaudita reversa: se retira el documento por haberse retractado el denunciante.
Se rajó, pues, el representante de la comunidad afectada, Carlos Álvarez? horas antes de presentar su renuncia.
Más aún, el texto de la retractación exonera a Basf de cualquier responsabilidad en el asunto, exhibiendo como supuestas pruebas estudios realizados por autoridades ambientales del país en los que se califican como ?normales? los problemas sanitarios en el poblado.
Éstos derivan de que los niños acostumbran morder lápices coloreados con pigmentos químicos, o por el uso, sin la previa curación, de cazuelas de barro barnizadas con sustancias impregnadas de metales pesados. Quién les manda, pues, ser ignorantes. A quién le importa si hace 15 años se expidió una norma para prohibir la fabricación de lápices con el veneno en la piel.
El caso es que tras el balde de agua helada en el rostro, los habitantes de El Hospital nombraron de emergencia una nueva representante, quien de inmediato acudió a replantear la denuncia, punto por punto, ante la comisión trilateral.
El problema es que, de acuerdo con sus propias reglas, ésta está obligada a reponer el procedimiento, lo que podría consumir meses o quizá años. Por lo pronto, mientras la Procuraduría Federal para la Protección del Medio Ambiente, la Comisión Nacional del Agua y el gobierno estatal se lanzan la bolita para evaluar los daños provocados, entre otros, por un desagüe clandestino de residuos que dejó Basf a su salida del poblado, la firma alemana se amparó para no pagar la multa simbólica que se le aplicó. Estamos hablando de un millón 870 mil pesos, además de exigirle un plan de remediación de la zona afectada, cuyo perímetro alcanza 40 mil metros cuadrados.
Lo curioso del caso es que la empresa quiere comprar el casco de la ex hacienda El Hospital donde se asentó su planta de pigmentos hasta hace nueve años. ¿Puras mentiras?
Balance general
Retomada por los tres principales aspirantes a la Presidencia de la República la idea de un aeropuerto alterno al de la ciudad de México, aunque con distintas posibilidades de sede, a la llegada del equipo de transición del presidente electo, es decir, cuando se tengan que realizar en la mesa los trazos para pasar del dicho al hecho, saltará inevitablemente un capítulo en el olvido: el financiamiento. ¿Se acuerda usted que antes de que los machetes de los habitantes de San Salvador Atenco abortaran la posibilidad de construir la nueva terminal en la zona de Texcoco, se habló de que la inversión inicial sería mixta, es decir, la mitad la pondría el gobierno y el resto los particulares?
Bien, pues la aportación pública inicial se calculó en 370 millones de dólares? que el gobierno recibiría vía la bursatilización o venta en los mercados de la recaudación a futuro por los derechos de uso de la terminal aérea que se le cobran a los usuarios, es decir el famoso TUA? por diez años. El caso es que la operación se realizó en su momento, depositándose los recursos en un fideicomiso que, hasta la fecha, inexplicablemente no ha sido extinguido, pese a que su objeto resultó estéril al desecharse el proyecto. ¿Qué pasó con el dinero?
De hecho, dado que el pago de los usuarios se comprometió para causas distintas al mantenimiento y costo de servicios del aeropuerto, está latente la exigencia de cobrarle 15 dólares a cada pasajero para cubrir el costo de la revisión de seguridad a que se obligó México tras los atentados terroristas de hace cuatro años en Estados Unidos.
El jaloneo, lo verá usted, será de escándalo. Por lo pronto, mientras Roberto Madrazo y Felipe Calderón coinciden en insistir en la zona de Texcoco para la terminal alterna, Andrés Manuel López Obrador habla de Tizayuca, en Hidalgo.
n n n
Por cierto, aunque la información oficial hablaba de que el gobierno federal, es decir, Aeropuertos y Servicios Auxiliares, le cedió la administración de la terminal aérea de Toluca al del estado de México, aunque manteniendo una parte del capital, lo cierto es que ésta se turnará a la causa privada.
El operador real de las pistas donde despegan la mayoría de las nuevas empresas aéreas de bajo costo será una empresa española, concretamente OHL (Obrascón, Huarte y Lain), firma que representa en nuestro país el ex secretario del Patrimonio Nacional, José Andrés De Oteyza Fernández.
n n n
Detrás de la sorpresiva petición al gobierno federal del gobernador de Sonora, Eduardo Bours, para que se otorgue una nueva toma de nota en favor de Napoleón Gómez Urrutia como dirigente del Sindicato de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana, está el temor ante una amenaza que llegó de allende la frontera.
Hete aquí que la Federación Internacional de Trabajadores de las Industrias Metalúrgicas y los sindicatos de trabajadores mineros de Estados Unidos y Canadá, juraron instrumentar una campaña para boicotear el turismo hacia la entidad federativa del norte del país, con afán de presionar el reconocimiento del líder minero. La exposición de motivos habla de una represalia por haber sido un juez local quien expidió una orden de aprehensión contra Gómez Urrutia, después de que dos federales se negaron a hacerlo al no sustentar sus acusaciones la Procuraduría General de la República.
n n n
Con una larga tradición de 81 años en el mercado, el grupo Chocolate Ibarra está retomando, tras un impasse de un lustro, su asalto a los mercados externos, con énfasis en el de migrantes mexicanos en Estados Unidos, por más que las baterías se enfocan también hacia China.
La compañía con sede central en Guadalajara, que ha trascendido ya a tres generaciones de la familia propietaria, se metió al escenario global durante 65 años, convirtiéndose en pionera en el país. La firma 100 por ciento mexicana ha logrado combinar la tradición con la innovación en sus productos.
Su producción alcanza 12 mil toneladas de chocolate de mesa y nueve mil 500 en polvo, con una nómina de 800 empleos directos.
albertobach@yahoo.com.mx
barrancoalberto@prodigy.net.mx
