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EMPRESA | Sigue la mata?

ALBERTO BARRANCO

Sigue la mata?

La paradoja del caso, derrotado el gobierno en su batalla por validar la expropiación de 27 ingenios realizada en el primer año del sexenio, es que el trago amargo se habría evitado con sólo una revisión mínima del estatus jurídico en que se ubicaban éstos.

La paradoja del caso, derrotado el gobierno en su batalla por validar la expropiación de 27 ingenios realizada en el primer año del sexenio, es que el trago amargo se habría evitado con sólo una revisión mínima del status jurídico en que se ubicaban éstos.

Dicho con todas las letras, podría haber asumido la mayoría del capital de las unidades productivas y con ello la posibilidad de tomar decisiones, con sólo hacer efectiva la cláusula de un contrato de fideicomiso.

El 51 por ciento de las acciones de los cuatro grupos expropiados, es decir el Consorcio Azucarero Escorpión, el Grupo Azucarero Mexicano y los Grupos Santos y Machado, se había depositado en garantía de adeudos pendientes con la Financiera Nacional Azucarera en liquidación, en el Banco Internacional, luego Bital y hoy HSBC.

Si, como señalaba la exposición de motivos del Decreto Expropiatorio, los ingenios carecían de potencial de pago, la lógica era que el acreedor asumiera las garantías.

Tan fácil que habría sido?

Ahora que, ya metidos en dislates, los abogados (?) que redactaron el documento que firmaría el presidente Vicente Fox el tres de septiembre de 2001, metieron dos cachirules en la lista, es decir expropiaron un par de ingenios que ya estaban en poder del gobierno.

Las unidades, incautadas previamente por falta de pago de deudas con la propia Finasa por la Secretaría de Hacienda, de hecho, estaban en proceso de venta por parte del Fideicomiso Liquidador de Instituciones Financieras y Organismos Auxiliares (Fideliq), hoy el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público (SAE).

De hecho, uno de ellos ya fue desincorporado. El caso es que ya picados en las metidas de pata, los expropiadores colocaron en la misma canasta, con una lógica indescifrable, lo mismo al Grupo Azucarero Escorpión que le debía a todo el mundo, incluído el Seguro Social y el Banco Nacional de Comercio Exterior, que al Grupo Azucarero México que había saldado su deuda con la Financiera Nacional Azucarera.

Más aún, al menos tres de los ingenios de este consorcio, propiedad de Juan Gallardo Thurlow, habían sido modernizados, lo que garantizaba su capacidad para hacer frente al resto de sus adeudos. De hecho, no tuvo problema alguno para vencer en los tribunales al gobierno, bajo la simple estrategia de obligarlo a demostrar la utilidad pública de la medida.

Y si le seguimos, la Secretaría de Agricultura, junto con Hacienda, Economía y la Función Pública las instancias que instrumentaron la medida de fuerza, no tomó la mínima precaución de hacer públicos los inventarios de los ingenios expropiados? lo que le habría evitado la catarata de litigios que preparan los grupos afectados por concepto de daños y perjuicios. ¿Quién garantiza que las existencias de azúcar a la toma de las unidades productivas son las que señala el gobierno? ¿Y el estado de la maquinaria y equipos? ¿Y los contratos pendientes? ¿Y los saldos de caja?

Del otro lado de la mesa, ¿cómo demostrará a su vez el gobierno la validez de supuestas inversiones realizadas para mantener en operación a los ingenios? ¿Cómo justificará los pagos realizados a favor de los cañeros? ¿Las operaciones con descuentos a ciertos clientes?

Más allá, en convocatoria al absurdo, los ingenios expropiados se colocaron en dos fideicomisos con etiqueta de privados radicados en Nacional Financiera? a los que se inyectó recursos públicos.

La maniobra le cerró la puerta a la supervisión sobre la justeza del gasto por parte no sólo de la Auditoría Superior de la Federación o de la Secretaría de la Función Pública, sino del propio órgano de control interno de la Secretaría de Agricultura, a la que se sectorizaron las unidades? y de la que saldría el capital-semilla.

Bajo esa cobija, hete aquí que la devolución de cuatro de sus ingenios al Grupo Azucarero México se realizó como una simple operación entre particulares. Más aún, como tal se aceptó la dación en pago de los otros dos, por adeudos en cartera vencida con el Banco Nacional de Comercio Exterior, por más que su viabilidad era incierta.

Bajo esa cobija, más allá, no hubo transparencia en los motivos de la renuncia abrupta del primer administrador del Fideicomiso de Empresas Expropiadas del Sector Azucarero (FEESA), ni de la razón por la que se destituyó al que tomó la estafeta?

Naturalmente, se guardó bajo siete llaves el nombre de los intermediarios que asumieron la comercialización del azúcar producida, pese a las sospechas de jugosos negocios alternos. Crónica de una muerte anunciada.

Balance general

Pendiente aún el desenlace del recurso de inconformidad y la reclamación ante el órgano de control interno de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes planteados por el consorcio integrado por las empresas españolas Acciona y FCC Construcción contra su descalificación para concursar por el contrato-concesión del libramiento ?Arco Norte? de la metrópoli, el escándalo ya tiene consecuencias.

Hete aquí que dos de las firmas participantes en la polémica licitación, que según la dependencia ganó el consorcio integrado por la Impulsora del Desarrollo de América Latina y la Promotora Inbursa de Carlos Slim Helú, han manifestado su intención de no pelear por otros contratos.

Estamos hablando de las empresas Autoroutes Du Sud de la France e Itinere Infraestructura.

La primera, de capital francés, peleaba a la par de la Consultora Norberto Odebretch y Omega Corporation, y la segunda, de capital brasileño, al lado del grupo ICA.

Como le hemos comentado en este espacio, los españoles presentaron una oferta 12 por ciento inferior a la de las firmas de Slim, con la novedad de que el costo de peaje para la carretera de 224 kilómetros, era de 70 centavos por cada uno de ellos, frente a los 1.04 pesos que pretende cobrar la firma ganadora de la licitación.

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Le comentábamos hace unos días que según el cálculo de la Secretaría de Hacienda el Instituto Mexicano del Seguro Social podría atemporar el brutal recorte de 26 mil millones de pesos en su presupuesto para este año, si se combatieran a fondo la corrupción y los excesos? además, naturalmente, de cobrar las cuantiosas cuotas obrero-patronales que se arrastran. Bien, pues hete aquí que sigue la mata dando.

Tenemos reportes de que la Delegación del Instituto en Sinaloa dejó caer durante los últimos tres meses del año el inventario de medicinas y equipos, con objeto de provocar compras de emergencia a precios muy superiores a los de los proveedores habituales.

Naturalmente, la sospecha habla de una jugosa comisión de por medio. El desabasto apuntó desde los equipos de venolinosis para aplicar sueros, hasta las jeringas para enfermos hospitalizados, pasando por agujas deshechables.

¿Borrón y cuenta nueva con la administración entrante?

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La firma de telefonía Axtel que encabeza Tomás Milmo Santos incrementó el año pasado sus ingresos en 25 por ciento, al alcanzar 606 mil líneas en operación. El monto global fue de cuatro mil 967 millones de dólares.

albertobach@yahoo.com.mx

barrancoalberto@prodigy.net.mx

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