Tiro por la culata
Desatado el escándalo con la llegada a la barandilla judicial del pleito entre la cadena Gigante y la familia Blanco, los principales firmantes del contrato de la discordia, Ángel Lozada Gómez y Estanislao Blanco Caldevilla, decidieron llegar a un acuerdo que restañara las heridas de una añeja amistad.
La sorpresa fue que la condición del primero para soldar los eslabones era levantar la demanda? con la novedad de que había sido su empresa quien la interpuso.
Por aquellas cosas raras de la vida, pues, el asunto se fue a los tribunales sin la aprobación del dueño de la cadena de autoservicios que había adquirido en noviembre de 1992 a los Almacenes Blanco.
De mantenerse intacta la sentencia de segunda instancia que le obliga a pagar un supuesto remanente de 27 millones de pesos más intereses del saldo de los 150 millones depositados como garantía para cubrir vicios ocultos en los inventarios, Gigante estaría obligado a pagar 795 millones 967 mil 679 pesos.
El rédito pactado, como lo hemos comentado, es el equivalente al de Cetes a 28 días? multiplicado por dos. Ahora que de ganar Blanco el amparo interpuesto el lunes pasado contra la resolución, la cadena de autoservicios podría ser obligada a la restitución total del depósito más intereses, en cuyo caso la suma ascendería al inaudito de cuatro mil 422 millones 42 mil pesos, es decir algo más del valor en libros de la firma.
De ahí, pues, la ferocidad de un pleito en el que los jueces han inclinado dolosamente la balanza hacia Gigante. Para no ir lejos, el último que atendió el asunto invalidó sin más el peritaje de un tercero en discordia, es decir la instancia definitiva, que le daba la razón a Blanco, ordenando, en la aberración jurídica del milenio, un cuarto.
Firmado por el contador público René Oscos Basurto, el documento señala que Gigante incumplió el contrato mercantil pactado a la entrega del depósito, al no solicitar la validación de los supuestos esqueletos en el closet al despacho Galaz, Gómez Morfín, Chavero Yamasaki, ni haber solicitado éste la autorización del vendedor para realizar los pagos correspondientes.
Más aún, se subraya que la lista que en el papel convalida el pago de pasivos ocultos por 123 millones de pesos, no incluye ni las facturas ni las copias de los cheques, pólizas o comprobantes de pago.
Textualmente se señala que ?no existe evidencia alguna en original de pagos realizados por Gigante?.
Ahora que en su página 26 la sentencia del Tribunal de Justicia del Distrito Federal señalaría letra por letra que el despacho no cumplió el procedimiento a que estaba obligado por el contrato, enterándose de los pagos cuando Gigante los había realizado.
Sin embargo, en la página 45 se mutila una de las citas del contrato al sacarla de contexto, concluyendo, bajo ese prisma, que ?no se causa agravio a Blanco?.
Más allá, en una feria de contradicciones, en la página 52 se le da la razón a éste al señalar que no se tiene por devuelto el depósito, y por tanto se debe aplicar la cláusula cuarta del contrato, es decir el pago de intereses, por los 150 millones de la discordia.
Ahora que en la página 67 se insiste en que los intereses gravitarán sobre la cantidad depositada, pero curiosamente hace una serie de interpretaciones y supuestos que no están en los contratos.
De hecho, se señala a la letra que ?no debe perderse de vista que de la interpretación de los documentos que rigen la relación de las partes?? En la cumbre de la parcialidad, desde otro ángulo, se omiten dos letras de un escrito entregado por el despacho contable que modifica sustancialmente el sentido. Este señalaba no haber expresado opinión sobre el concentrado de los supuestos pagos por vicios ocultos, desapareciendo del texto la palabra no.
Finalmente, en la página 89, concretamente en el inciso quinto de la sentencia, se plantea otra grave contradicción, al señalarse que la cláusula cuarta, es decir la obligación de cubrir réditos, sólo aplica para los 27 millones del supuesto remanente, y no sobre los 150 millones depositados, que según contrato mantendría la cadena de autoservicios en su poder durante tres años.
Como quiera que sea, se especifica a la letra que los intereses gravitarían desde la fecha de vencimiento del contrato ?hasta que la presente sentencia cause ejecutoria, a razón de multiplicar por dos Cetes a 28 días?.
Por lo pronto, resulta curioso que Gigante haya señalado en su informe anual correspondiente al 2005 que pretende tener más tiendas en terrenos arrendados que en propios. ¿Se trata de eludir un eventual embargo?
Balance general
En uno más de las decenas de desplegados que paga Víctor González Torres, conocido como el ?Doctor Simi?, se vanagloriaba hace unos días de haberle restado un millón de votos al candidato de la Alianza por el Bien de Todos, Andrés Manuel López Obrador, lamentándose que ni las gracias le hayan dado.
El caso es que para el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, aunque el autodenominado candidato ciudadano incurrió en conductas violatorias del Código Federal de Procedimientos Electorales al promocionarse como candidato sin registro, el hecho ?no es de gravedad?. Lo cierto es que con base en datos del IBOPE, González Torres gastó en televisión más de 101 millones 252 mil pesos en spots, la mayoría de los cuales fueron en contra de López Obrador.
Más allá, en la catarata que a juicio del Trife no inclinó la balanza en la elección, el Consejo Coordinador Empresarial se gastó 136 millones 976 mil pesos en sembrar la idea de peligro económico y social si López Obrador llegaba a la Presidencia de la República.
Adicionalmente, una organización fantasma privada denominada ?Ármate de Valor? dedicó 30 millones 663 mil pesos en inyectar miedo a la sociedad, utilizando como emblema la figura del presidente de Venezuela, Hugo Chávez.
Y si le seguimos, le empresa Jumex lanzó una campaña de supuesta inducción al voto, gastándose 13 millones 147 mil pesos para ligarla con las mismas pizarras, los mismos colores, y los mismos efectos de letra a la del PAN.
En abundancia, la multinacional Sabritas invirtió 16 millones 496 mil pesos invitando a votar por las manos limpias? es decir el slogan de Felipe Calderón.
¿Sabría el Trife que la fracción décimo tercera del artículo 48 del Cofipe señala que ?en ningún caso se permitirá la contratación de propaganda en radio o televisión a favor o en contra de algún partido político o candidato por parte de terceros? El Instituto Federal Electoral, desde luego, no lo sabía?dice.
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El martes de la semana pasada, finalmente, el juez 67 de lo Civil aprobó el arreglo a que llegó el Grupo Azucarero México con sus acreedores para saldar sus débitos, con lo que se levantó oficialmente la suspensión de pagos en que había incurrido la firma hace seis años.
A la reunión acudió la representación de los tenedores de un bono de deuda emitido en los mercados internacionales; del Banco Nacional de Comercio Exterior, y del Fideicomiso en Relación con la Agricultura (FIRA), radicado en el Banco de México. El pago de las deudas, cuyo monto se calcula en 800 millones de pesos, se iniciará a partir de octubre.
Por lo pronto la firma propietaria de tres ingenios se acaba de capitalizar con una cantidad similar aportada por cuatro nuevos socios: el Grupo Aeroportuario del Sureste, el grupo financiero Ixe, el fondo de inversión estadounidense Carlyle y el grupo Casa.
En su Consejo de Administración, representando a cada uno de ellos, se sentarán Fernando Chico Pardo, Enrique Castillo Sánchez Mejorada, Luis Téllez y Eduardo Sánchez Navarro.
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